La investigación de la muerte del migrante de la cárcel de Archidona sigue sin avances un año después

Estos días se cumple un año desde que el Gobierno, entonces en manos del Partido Popular, inauguró la cárcel de Archidona encerrando a 572 inmigrantes que acababan de llegar a las costas españolas. 571 argelinos y un marroquí fueron encerrados en el Centro Penitenciario Málaga II, hasta entonces sin uso y al que aún le faltaban servicios básicos, del 20 de noviembre de 2017 al 10 de enero de 2018. Pasado un año, la muerte de Mohamed Bouderbala en una de las celdas de la cárcel de Archidona sigue bajo investigación judicial, sin que se haya practicado aún ni una sola diligencia de investigación.

Una discusión entre un policía y un interno motivada por dos trozos de pan fue el origen de los acontecimientos que acabaron con la muerte de Mohamed Bouderbala, ingresado en una celda de aislamiento a mediodía del 28 de diciembre, y hallado muerto a la mañana siguiente. Había sido aislado tras intentar mediar en la pelea y pasó 18 horas incomunicado, sin vigilancia ni comida.

El juez archivó la investigación seis días después, sin tomar declaración a ningún agente ni a los compañeros de Bouderbala, muchos de los cuales fueron deportados en esos días. El juez archivó basándose únicamente en el atestado policial, sin practicar ninguna de las diligencias propuestas por la familia, y apenas un par de horas de que su abogada se personase en la causa. “No se hizo absolutamente ninguna diligencia de prueba. Nada. Absolutamente nada. El juez tan sólo practicó el levantamiento del cadáver”, explica Amanda Romero, abogada de la familia de Bouderbala.

Tanto ella como las acusaciones populares (ejercidas por Izquierda Unida, Podemos y Andalucía Acoge) recurrieron el archivo inicial ante la Audiencia Provincial, que ordenó la reapertura parcial de la investigación. Salvo “prueba en contrario”, la Audiencia cree que no hace falta investigar los presuntos delitos contra la integridad moral, ni si estaba justificado el encierro de los internos.

“Nosotros precisamente pedíamos las grabaciones del comedor y del patio y declaraciones de testigos presenciales que estaban internos para que se determinara si estaba o no acreditado la justificación de la intervención, la proporcionalidad de la misma y las medidas de aislamiento que se adoptaron después”, lamenta Romero. “Lo que ha pretendido la Audiencia Provincial es cerrar esa puerta totalmente”, añade la abogada, que no descarta pedir nuevas diligencias según el resultado de las que ya están acordadas.

La Audiencia Provincial sí ordenó al juzgado de instrucción que interrogue a los dos agentes que ingresaron a Bouderbala en la celda y al médico que le atendió después del altercado y antes de que fuera introducido en la celda. En principio esos interrogatorios debían haberse realizado el pasado 25 de octubre, pero fueron pospuestos hasta el 1 de febrero de 2019. La Fiscalía solicita el archivo de la causa.

Un interno: “Estábamos expuestos a palizas”

Un interno: “Estábamos expuestos a palizas”Coincidiendo con el aniversario y con el Día Mundial de las Migraciones, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, integrada por una veintena de asociaciones y ONGs, ha presentado este martes un informe sobre lo que ocurrió en la cárcel que el gobierno quiso usar como Centro de Internamiento de Extranjeros. El próximo 29 de diciembre se celebrará una concentración a las puertas de la cárcel para recordar lo que ocurrió.

El documento incorpora el testimonio de un interno argelino de 27 años, de quien no se da el nombre, y que refiere su paso por Archidona como “una vida dura (…) llena de tristeza, ansiedad y miedo”. Este interno lamenta que la policía se valió del “miedo y tácticas de intimidación” desde que entraron en la cárcel. “La situación más dura era por la manera inhumana con la que nos trataban, haciendo todo por la fuerza, incluso el comer y el dormir”, señala este interno, que asegura que estaban “expuestos a palizas” y carecían de médico. Este hombre, que fue puesto en libertad tras ser trasladado a Madrid, cree que Bouderbala fue golpeado “severamente” por cinco policías. “Tenía miedo de que me pasara lo mismo que le ocurrió a la víctima y este miedo se trasladó a todas las personas que estaban en prisión”.

El informe, titulado Cárcel de Archidona: otro agujero negro para los derechos humanos, da cuenta del “cúmulo de despropósitos e irregularidades” que se cometieron y hace hincapié en la improvisación con la que actuó el Ministerio de Interior para poner en funcionamiento una cárcel cuya apertura estaba programada para varias semanas después.

La urgencia en dotarla de personal explica que la custodia de los migrantes la asumieran miembros de la Unidad de Intervención Policial, sin formación ni capacitación para tramitar casos de asilo, según ha denunciado Francisco Matas, uno de los abogados que prestó asistencia a los migrantes. Según asegura, él nunca pudo realizar la entrevista previa con los solicitantes de asilo y siempre estuvo acompañado por un policía cuando habló con ellos, lo que contraviene la confidencialidad entre cliente y abogado.

“Los letrados no teníamos ninguna intimidad para entrevistarnos, y teníamos que hacerlo a través de una mampara. Muchas veces no se facilitó la asistencia de un traductor, y teníamos que usar Google”, ha añadido el letrado durante la presentación del informe. Además, Matas mantiene que las denegaciones de la admisión a trámite le fueron notificadas fuera del plazo legal. El Ministerio de Interior reconoció en su día que 63 de ellos solicitaron asilo o protección internacional.

Desde que fueron encerrados en la cárcel, los migrantes denunciaron la falta de ropa limpia, el frío que pasaban, las dificultades para hablar con sus familias y la carencia de servicios básicos, como agua potable o calefacción. Estas situaciones motivaron la visita de varios parlamentarios y que el Defensor del Pueblo emitiera un informe alertando de las “numerosas carencias” que presentaban las instalaciones.

Majot Majlul, una de las intérpretes que asistió a los migrantes, ha explicado este martes que dos semanas después los internos vestían la misma ropa con la que habían llegado a la cárcel. En algunos casos, una camiseta y chanclas, en un lugar que en diciembre suele alcanzar mínimas de tres o cuatro grados.

Al menos once menores estuvieron hasta 35 días encerrados en la cárcel de Archidona, lo que motivó la intervención del Comité de los Derechos del Niño, dependiente de la ONU. El “agujero negro de los derechos humanos”, tal y como lo denomina la plataforma, fue abierto como cárcel apenas unos meses después de encerrar a más de medio centenar de migrantes irregulares. Un año después, la muerte de Bouderbala sigue sin investigarse.