Una sentencia abre la puerta a que 5.000 familias de Jaén puedan tener suministro legal de agua

Los vecinos de Puente de la Sierra, en Jaén, están más cerca de poder tener suministro legal de aguas. Es decir, contar con las acometidas que tiene cualquier vivienda al uso conectada a la red general. Todo es gracias a una sentencia que abre la puerta a esta posibilidad. El fallo, que tuvo lugar el pasado 31 de marzo, le da la razón a uno de los propietarios de las más de 5.000 viviendas que hay en esta zona próxima a la capital jiennense. Según consta en el escrito, remitido a este medio por el bufete LTA Abogados y Economistas, la Justicia reconoce que el vecino tiene derecho a conectarse al suministro municipal de agua porque prevalece la jurisprudencia previa y las leyes que le asisten.

Las viviendas que están situadas en Puente de la Sierra son peculiares porque no están reconocidas en el urbanismo de Jaén y porque empezaron a construirse hace más de 50 años como cortijos que aprovechaban la zona como retiro o para el uso del suelo agrícola. Las construcciones más antiguas sí se conectaron a la luz y al agua construyendo sus propias acometidas, pero la mayoría de las que fueron desarrollándose posteriormente no pudieron hacerlo porque carecían de la autorización oportuna del Ayuntamiento de Jaén. No obstante, la norma dice que si un inmueble lleva ya seis años construido, queda consolidado y no puede ser derribado. Un argumento jurídico que mantiene las 5.000 edificaciones de Puente de la Sierra en una situación de alegalidad, que ahora empieza a resolverse con esta sentencia.

Son alegales porque, aunque no pueden ser derribadas -pese a que algunas tienen una orden de derribo que el Consistorio no quiere llevar a cabo-, la mayoría de las viviendas tampoco pueden hacer uso de los suministros de agua y luz a pesar de que sus inquilinos pagan los correspondientes impuestos municipales. Pero como la zona no aparece en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como urbanizable, sino como suelo agrario, el Ayuntamiento no puede proceder a la regularización de las construcciones. Para intentar conseguirlo se han dado varios pasos, sobre todo en los últimos 20 años, como la redacción de un nuevo PGOU que en 2014 sí reconocía la existencia de Puente de la Sierra, pero que diferentes conflictos empresariales-urbanísticos dejaron guardado en un cajón.

La jurisprudencia lo avala

La sentencia que ha fallado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en favor de un vecino de la zona, reconoce que hay varias normas, entre ellas el artículo 60.3.1º Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de Aguas o el artículo 74 y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, las Corporaciones Locales que obligan a los ayuntamientos a dar suministro de agua a las viviendas que se encuentren en su núcleo de población. Como este propietario solicitó su conexión a la red en 2008, asumiendo el coste de la obra para las acometidas, pero el Ayuntamiento de Jaén se lo denegó, sus letrados recurrieron y la Justicia les ha dado la razón: el vecino tiene derecho a usar el suministro de la ciudad.

La sentencia también se basa en un fallo judicial de 2009 en Extremadura y del Tribunal Supremo en el año 2000, en los que se le da la razón a los propietarios que solicitan lo mismo que este vecino de Puente de la Sierra. Motivo por el que el juzgado le ha dado la razón también en este caso, abriendo la puerta a que el resto de lugareños puedan acogerse a ella y dejar de hacer uso de pozos y agua embotellada para poder utilizar este suministro de forma regular. Aunque en un primer momento el Ayuntamiento de Jaén recurrió la sentencia, finalmente dieron un paso atrás retirando el recurso porque dicen están “muy contentos” con la decisión del tribunal.

Los pasos para la regularización

No en vano, desde el Ayuntamiento jiennense se han tomado acciones en los últimos tiempos encaminadas a legalizar las viviendas de Puente de la Sierra. La última y la que más opciones tiene de prosperar es precisamente la construcción de un colector de aguas que tiene una inversión aproximada de 9 millones de euros, que dotará a todo el entorno de una nueva red de saneamiento y que, sobre todo, servirá para legalizar las construcciones sin necesidad de un nuevo PGOU. Esto será posible gracias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que puso en marcha la Consejería de Fomento en 2021.

La LISTA permite crear planes especiales en zonas que no están regularizadas, siempre que se creen proyectos alrededor de las mismas. Un escenario en el que encaja perfectamente el colector de aguas, pero que está a la espera de la financiación autonómica que debe aportar la Junta, aunque el proyecto lo haya redactado el Ayuntamiento de Jaén. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz sostienen que no pueden hacer nada hasta que el Consistorio no regularice el entorno por sus propios medios. Se ha generado así un conflicto de competencias que lleva mucho tiempo dejando al margen a los vecinos.

Un paso “muy importante”

Precisamente los afectados, constituidos desde 2006 en la llamada Mesa de Protocolo, que negocia con las diferentes administraciones para llegar a alguna solución, valoran muy positivamente la sentencia que abre la puerta a que puedan tener abastecimiento de agua de forma regular. José Sánchez, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal (UGV), que está integrada en la Mesa de Protocolo, considera que es un paso “muy importante” porque se reconoce de forma subsidiaria la legalidad de las viviendas. En todo caso, recuerda que aún queda camino por recorrer porque cada vecino deberá acogerse a la sentencia para sumarse a la red de aguas.

Al mismo tiempo, Sánchez, en nombre del resto de lugareños, señala su preocupación por la “poca o nula limpieza” de los ríos que pasan por la zona y que ya en los 90 provocaron inundaciones por crecidas del caudal. Como el entorno no está reconocido como urbano, las administraciones no limpian los arroyos como es debido, a pesar de que la presencia de 5.000 viviendas los ensucia mucho más que si fuese el suelo agrícola que en teoría es, según el PGOU: “Todos los vecinos de las zonas estamos muy preocupados, puesto que la maleza y el deterioro que está sufriendo todos los cauces, caso de alguna DANA, como están anunciando los meteorólogos, puede ocasionar graves daños e incluso pérdidas de vidas humanas, puesto que casi el 70% de las viviendas son residencia habitual”.