El juez abre juicio oral en las piezas de los ERE de Mercasevilla y Río Grande

Archivo - El juez, José Ignacio Vilaplana

EP

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El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado sendos autos de apertura de juicio oral en las piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios incentivados con fondos autonómicos correspondientes a Mercasevilla y el restaurante río grande, declarando en ambos casos a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para su enjuiciamiento, según tales autos difundidos por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recogidos por Europa Press.

En el caso de Mercasevilla, el auto de apertura de juicio oral se dirige contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de la sociedad Hermes Consulting.

En el auto, el juez determina que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo "debe tener acogida" teniendo en cuenta que, "a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales".

El instructor, asimismo, requiere a los once acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que en algunos casos alcanzan los 4,8 millones de euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada. El juez, en este sentido, impone a Mercasevilla una fianza de 4,3 millones de euros.

En el caso del auto relativo a la pieza separada del restaurante Río Grande, la apertura de juicio oral se dirige contra el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su pareja Beatriz N.M.; la dueña de la entidad Río Grande, María del Carmen García Sánchez; los exmiembros de Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; miembros de la entidad Atrado Mensajería y de un bufete de abogados y finalmente Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 pese que no formaba parte de la plantilla.

El juez, en este caso, también requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que oscilan entre 1,9 millones de euros y 165.000 euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada.

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Publicado el
13 de octubre de 2021 - 13:41 h

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