El Gobierno andaluz desecha su promesa de crear una renta mínima contra la pobreza infantil

La consejera López y el presidente Moreno, en una imagen de archivo

Javier Ramajo


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En su último discurso de investidura, y hace algo más de un año en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno había anunciado la puesta en marcha de un nuevo Ingreso Para la Infancia y la Inclusión (IIPI) que debiera sustituir a la Renta Mínima de Inserción de Andalucía. Los últimos movimientos de la Junta en ese sentido, abriéndose a “corregir” el presupuesto autonómico de 2023 para incluir una renta infantil reclamada por Save the Children, no han hecho sino confirmar que el Gobierno andaluz apueste ya definitivamente por complementar el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno estatal con una adaptación de la renta mínima andaluza, desechando la promesa de Moreno de crear un ingreso específico contra la pobreza infantil pese al aumento de los datos en ese sentido: nuestra comunidad autónoma cuenta con un 43,7% de población menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 11,4% en situación de privación material severa, según última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2021 del INE.

Andalucía retoma la promesa de complementar el ingreso mínimo vital más de dos años después de su vigencia

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Pese al anuncio del pasado 20 de julio de Moreno (“en el próximo periodo de sesiones también traeremos al Parlamento el proyecto de ley que regulará el Ingreso para la Infancia y la Inclusión”), la consejera Loles López, con las competencias en la materia, ya dejó entrever tras el verano que ese ingreso por la infancia no iba a seguir el camino previsto y anunciado por Moreno hasta en dos ocasiones en el Parlamento. Ya la aprobación del ingreso mínimo estatal supuso en el verano de 2020 algunos debates en cuanto a su compatibilidad con la renta andaluza. López no ha aludido a ese IIPI desde que llegó al cargo y se veía que la Junta apostaba definitivamente por aprovechar la complementariedad de las ayudas estatal y autonómica. Su antecesora, Rocío Ruiz (Ciudadanos), sí que había repetido durante los meses previos a las elecciones que la decisión era crear un ingreso mínimo contra la pobreza infantil, que además cuenta con un anteproyecto de ley del que tomó conocimiento el pasado febrero el Consejo de Gobierno de la Junta.

Fuentes del departamento dirigido por Loles López indicaron a elDiario.es Andalucía que, como ya se dijo, la renta andaluza aspira “complementar” al ingreso mínimo vital. “En cuanto el ingreso mínimo vital incorpora en su última modificación la renta para la infancia, que no lo tenía hasta ahora, no tiene sentido que nosotros hagamos lo mismo, por lo que se apuesta por complementar con aquellos colectivos que a los que no a cobertura el ingreso mínimo vital, por ejemplo, a jóvenes de menores de 22 años que no estén dentro del ingreso mínimo vital, buscando abrir el abanico lo máximo posible”, explican. Las aclaraciones no casan en todo caso con lo que el portavoz del PP-A, Toni Martín, decía al respecto el pasado miércoles, puesto que confirmó, como el día anterior hizo el portavoz de la Junta, que “el Gobierno trabaja en la propuesta de Save The Children en la inclusión de la renta de la infancia, y veremos en los próximos días cómo se encaja en los presupuestos de 2023”.

“Ahora no tendría sentido”

López, como decimos, ya hizo referencia a esa prometida complementariedad el pasado 8 de septiembre en su primera comisión parlamentaria, apenas unas horas después de reunirse en Madrid con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a quien puso de manifiesto la existencia de familias que se ven obligadas a hacer frente al reintegro de cantidades indebidamente percibidas a la hora de su acceso a alguna de esas ayudas, que conviven desde hace más de dos años. Su idea, según ha anunciado, era promover el proyecto de ley de esa nueva iniciativa legislativa, de modificación de la renta mínima andaluza, a la que aún le queda tramitación en el tiempo.

Desde el departamento de López, fuentes de la Consejería insisten en que la idea ahora es que esa futura renta mínima andaluza “cubra a aquellos colectivos vulnerables” a los que no alcance el ingreso mínimo estatal y que sea “un complemento” por parte de la comunidad autónoma. “Si el IMV va abriendo su abanico, nosotros nos quedamos con menos zona que cubrir”, inciden, confirmando que del anunciado ingreso específico para la infancia andaluza “se habló en su momento porque el IMV no cubría a esa población, pero ahora ya no tendría sentido duplicar las ayudas”.

Además de Save the Children, la organización UNICEF Comité Andalucía ya apoyó, en su momento, el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), que era el instrumento destinado a sustituir a la renta mínima andaluza, como ya se ha explicado. La organización entendía que “los programas de transferencias monetarias tienen como objetivo garantizar un nivel básico de renta a los grupos vulnerables, en paralelo a iniciativas para mejorar su inclusión social y su participación en el mercado laboral, todo ello con el fin de prevenir la pobreza y la exclusión social”, apunta a este periódico este periódico Maribel Martínez, coordinadora de UNICEF Comité Andalucía.

Con independencia de su denominación, bien renta mínima andaluza o ingreso específico para la infancia, “lo importante es que estas medidas se mantengan y se doten de más fondos para afrontar la grave crisis que estamos sufriendo a nivel mundial, y que está colocando de nuevo a Andalucía a la cola de España en los índices de pobreza infantil, solo Canarias, Ceuta y Melilla superan nuestras tasas. Una vez más, hablamos de una crisis de los derechos de los niños y las niñas donde nuestra infancia ve como su bienestar presente y futuro mengua”.

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