La Junta ve que las familias deben exigir que se paralicen desalojos y devuelvan derechos de forma retroactiva

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha exigido al Gobierno central que “se paralicen todos los desahucios de forma inmediata” y que se restituyan los derechos “vulnerados” por estos desalojos “con carácter retroactivo”, algo que cree que las familias pueden y deben también exigirlo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha resaltado la importancia de esta sentencia y ha recordado que en España “se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007”.

Por ello, considera que la sentencia del tribunal europeo dice que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria “no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas, no ha habido tutela judicial efectiva de lo que es un derecho humano que tienen las personas”.

Por ello, tras apuntar la existencia de una “responsabilidad política de todos los gobiernos que se levaron las manos y miraron para otro lado cuando se produjeron en este país tantos desahucios”, Cortés considera que el Gobierno “está obligado a aprobar la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, a trasponer la directiva comunitaria para proteger a consumidores de productos financieros, hipotecas o preferentes que han desprotegido a los consumidores”.

Asimismo, Cortés considera que “tanto la Junta como las propias familias estamos obligados a exigir al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios”, algo que, junto al alquiler social “debe ser el punto de partida para el Gobierno central, que está obligado a restituir el derecho humano de la familia a una vivienda, porque aquí se ha ejercido una violencia sobre las familias que han perdido sus viviendas desde 2007 hasta hoy”.

Cortés, que ha recordado que ha habido varios partidos políticos, entre ellos IU, que han venido planteando iniciativas en el Congreso “pero los partidos mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo el derecho humano a la vivienda y de proteger a los trabajadores y las familias, pese a esa violencia que se ha venido ejerciendo desde 2004 pero de forma masiva desde 2007, cuando se intensificó la estafa económica que ha provocado los desahucios”.

Para la consejera, “se ha producido una vulneración de un derecho que ha provocado algo tan gordo como que se despoje a las familias de sus viviendas y además el tribunal dice que la ley es ilegal, por lo que esta restitución de derechos tiene que tener carácter retroactivo”.

OBLIGACIÓN “POLÍTICA Y JURÍDICA”

“Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia ejercida sobre las familias”, ha aseverado la consejera, quien considera que esas familias “podrán hacer valer esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo y están obligadas a exigir al Gobierno que paralice de forma inmediata todos los desahucios, como hemos hecho en Andalucía con el parque público de viviendas”.

Considera que el Gobierno “está obligado jurídica y políticamente a arbitrar la dacion en pago con carácter retroactivo”, en insiste en que “cualquier ciudadano desahuciado en los últimos años puede reclamar la restitución de sus derechos con esta sentencia del tribunal europeo, en cuando a todos los desahucios que se hayan producido a partir del 1 de enero de 1995, porque la directiva comunitaria era de obligado cumplimiento y debía estar traspuesta a la normativa estatal el 31 de diciembre de 1994”.

Hay sentencias clarísimas del tribunal sobre las directivas comunitarias que obligan a los estados miembros a trasponer las directivas“. Cortes anima a las familias a que ”acudan a las oficinas en defensa de la vivienda, donde vamos a seguir defendiendo derechos y ahora con un arma que potencia mucho más esas oficinas, que es esa sentencia del Tribunal e Estrasburgo“.

Asimismo, Cortés ha recordado que la Junta, en el marco de sus competencias, está elaborando una ley de protección a los consumidores de productos financieros, donde “se exprimirán las competencias del Gobierno andaluz”.

“Para IU es innegociable la defensa de las familias que están en proceso de desahucio y es innegociable la defensa de ciudadanos frente a leyes que implican abusos y eliminar derechos humanos”, ha aseverado.