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La Junta de Andalucía quiere sancionar a las empresas que no cumplan medidas de igualdad

La nueva Ley de Igualdad de Género recogerá un régimen sancionador con multas de entre 6.000 y 120.000 euros

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha presentado este martes el anteproyecto de ley para la modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007, como método "imprescindible" para "luchar contra la violencia de género". Entre sus novedades, el texto prevé poner el foco en el empleo e incluye por primera vez un régimen de infracciones y sanciones, con multas que oscilan entre los 6.000 y 120.000 euros, un capítulo que en la norma actual no existe.

El primer Plan de Igualdad de la Junta prevé discriminación positiva en casos de empate en oposiciones

El primer Plan de Igualdad de la Junta prevé discriminación positiva en casos de empate en oposiciones

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que el nuevo texto, que consta de cinco títulos y de 86 artículos, ha sido "fruto de un amplio consenso", contando con las aportaciones de las principales asociaciones de mujeres y agentes socioeconómicos y teniendo en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento sobre igualdad y lucha contra la violencia de género (entonces compuesto por tres partidos). Con el cambio del arco parlamentario, se espera desde la Consejería que haya algunas matizaciones y modificaciones en la tramitación en la Cámara autonómica que ahora comienza.

Este novedoso régimen sancionador para garantizar la igualdad de género que contemplará la ley, ha sido una de las medidas más demandadas por los colectivos y entidades relacionadas con la materia, según ha explicado Sánchez Rubio. En este sentido, incluye sanciones leves, graves y muy graves con multas económicas de 6.000 a 120.000 euros y penas accesorias para empresas del sector privado como la prohibición de acceder a ayudas públicas.

El nuevo sistema disciplinario se vinculará a las conductas infractoras que no recogen los regímenes que actualmente se aplican en materias laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de Andalucía).

La consejera ha querido dejar claro que este régimen sancionador está sujeto al ámbito competencial de la Junta, de manera que, ante casos que excedan del mismo, la administración autonómica será un instrumento para transmitir la situación a quien corresponda, por ejemplo, en el caso de que las sanciones tengan que ver con la Inspección de Trabajo del Gobierno central.

Un ejemplo de sanciones leves: "que no se facilite la labor o haya negativa a participar con las acciones investigadoras o inspectoras del IAM o no realizar los planes de igualdad entre mujeres y hombres en empresas obligadas por la Ley de Igualdad del Estado o por la andaluza".

Sanciones graves: entre otras, "la obstrucción o negativa a la actuación inspectora de la administración autonómica o la implantación o tolerancia de prácticas laborales discriminatorias".

Muy graves: la consejera ha puesto como ejemplo los comportamientos "de naturaleza sexual" que supongan atentar contra la dignidad, el trato discriminatorio o "represalia laboral" a la mujer en relación con su embarazo o permiso de maternidad.

Brecha salarial y convenios colectivos discriminatorios

Otra novedad de la norma es la exigencia de que haya centros de educación infantil en las empresas públicas que cuenten con más de 500 trabajadores, con el fin de facilitar la conciliación familiar y laboral, aunque aún se desconoce el número de empresas públicas que se verían afectadas por dicha medida. En el caso de las empresas privadas, se instará a las mismas a sumarse a dicha medida.

Las medidas de carácter socioeconómico se completan con las dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral. En este ámbito, destaca la reserva de al menos un 40 por ciento de las plazas de cursos de formación en el sector del empleo público de la Junta a mujeres incorporadas del permiso de maternidad o excedencia por cuidado de menores o personas dependientes.

En materia de empleo, junto con las disposiciones dirigidas a luchar contra la desigualdad salarial, el anteproyecto establece también la creación del Registro Andaluz de Planes de Igualdad de las Empresas.

En el sector público, las principales reformas se dirigen a reforzar la presencia de la mujer en aquellos cuerpos, niveles y categorías de puestos con menor representación, De hecho, en mayo de este mismo año, fuentes de la Junta aseguraban que el borrador del primer Plan de Igualdad de la Administración General andaluza preveía implantar la discriminación positiva en caso de empate en oposiciones. Asimismo, el anteporyecto tiene previsto implantar la garantía de proporcionalidad equilibrada entre hombres y mujeres en los tribunales de oposición y en las comisiones de selección.

La consejera ha manifestado que la Ley hace especial hincapié en la lucha contra la brecha salarial entre mujeres y hombres, para lo que se prevé la elaboración de un plan autonómico específico que actúe en la reducción y eliminación de la desigualdad salarial. Ha agregado que ello exige de un compromiso de vigilancia y de seguimiento importante por parte de todas las administraciones y ha señalado que la Consejería de Empleo realizará "auditorías periódicas a las empresas para analizar esas diferencias retributivas".

Se habilitará también a la autoridad laboral de la Junta, según ha explicado la consejera, a impugnar los convenios colectivos que contengan cláusulas discriminatorias y a imponer las sanciones contempladas en el texto.

En el Título IV, dedicado a las garantías para la igualdad de género, la reforma legal amplía a las entidades y organizaciones del sector privado los mecanismos de defensa de la ciudadanía ante situaciones de discriminación por sexo. Este aspecto, que actualmente sólo está regulado para el sector público a través de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, supondrá la apertura de nuevos cauces de reclamación por vulneraciones de derechos. La norma atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer las nuevas funciones de investigar e informar sobre este tipo de casos en el sector privado, complementando así la acción inspectora.

Transversal

En relación con las políticas públicas, Sánchez Rubio ha destacado que se trata de una norma que toca todos los ámbitos de la Adminsitración de forma transversal. Así la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad, y profundiza en el desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres, definiendo para ello programas de actuación en cada una de las consejerías de la Junta.

En materia educativa, se refuerza el papel de la coeducación y se establece la creación de una comisión de personas expertas encargada de la revisión de los libros de texto, tanto en el lenguaje como en las imágenes, y del resto de los materiales curriculares conforme a los principios de igualdad. La norma dará a la inspección educativa nuevos mecanismos para el desempeño de sus funciones en esta materia.

Las universidades también deberán incluir contenidos de coeducación y elaborar planes de prevención de la discriminación y de la violencia de género. La reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas para superar los obstáculos que encuentran en estos ámbitos; eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la presencia paritaria de las mujeres y hombres en eventos científicos, académicos e institucionales.

El anteproyecto incluye también un nuevo artículo dedicado a las mujeres jóvenes, con medidas para promover su incorporación al mercado laboral, facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio, especialmente en los videojuegos.

En materia sanitaria, la principal novedad es la inclusión de contenidos de igualdad de género en los programas de formación especializada de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que en el área social la norma ampliará a las mujeres prostituidas el ámbito de la atención.

Al ser un anteproyecto, aún no consta de partida presupuestaria ni estimación de gasto.

Anteproyecto de Ley Modificación Ley de Igualdad de Género

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Publicado el
1 de septiembre de 2015 - 20:05 h

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