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Tres madres para una Constitución feminista

El Centro de Estudios Andaluces reúne a una profesora de Psicología y a dos constitucionalistas para debatir sobre una reforma constitucional con mirada feminista

Defienden una Constitución que defina a España como un "Estado paritario" y que la vivienda, la educación o los cuidados sean derechos fundamentales

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Tres madres para una Constitución feminista

Con la mirada puesta en una reforma constitucional de la que mucho se habla pero que no termina de llegar, el Centro de Estudios Andaluces (CEA) ha reunido, en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, a la constitucionalista Blanca Rodríguez, a la filósofa del Derecho Josefa Jiménez y a María del Mar González, profesora de Psicología y comisionada para el Polígono Sur, para debatir sobre una reforma constitucional con perspectiva de género, más allá del encaje territorial: “No sólo de la plurinacionalidad viven la sociedades”, dijo la directora del CEA, Mercedes de Pablos, al presentar el debate.

¿Será posible que en una futura reforma constitucional que España se constituya en un Estado social, paritario y democrático de derecho? ¿Será suficiente con que el texto constitucional sea feminista para que las leyes también lo sean? ¿Es una sociedad feminista únicamente por denominarse feminista o hace falta algo más? ¿Se puede ser feminista sin mirar a las mujeres más empobrecidas, a las racializadas, a las que viven en barrios abandonados o se dedican a los trabajos de cuidados, que son los más precarios?

La profesora de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez, último Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer por su compromiso con la igualdad, plantea como imprescindible que un futuro texto constitucional defina a España como un “Estado paritario” en su artículo primero porque “no basta con la igualdad de trato formal si no existe una redefinición de la ciudadanía en términos paritarios”, apostilló. De la misma manera, la constitucionalista Rodríguez considera que los derechos a la vivienda, a la salud, a la atención a la autonomía personal, a los consumos vitales básicos de luz, agua y gas y a la educación deberían pasar del bloque de principios rectores a ser derechos fundamentales, como ahora lo son la libertad religiosa, de prensa o de manifestación, para que la ciudadanía pueda pedir amparo judicial en caso de no ver garantizados estos derechos básicos.

Josefa Martínez, por su parte, cree que la entrada en la Unión Europea de España “ha sido un golpe para las políticas sociales de la Constitución” de 1978 y advierte de que, por mucho que se incluya la perspectiva de género en la futura ley de leyes, no servirá de nada si no se establece una estrategia de formación dirigida a los profesionales del ámbito jurídico: “Se devalúa la Constitución si los operadores judiciales no están formados en materia de género”, subraya la profesora titular de la Universidad de Granada, quien pone como ejemplo la Constitución de 1931 que, a pesar de reconocer la igualdad en el acceso a empleo público, no siempre fue garante efectiva de derechos por la falta de mirada feminista de los profesionales judiciales de la época.

"Las condiciones sociales aumentan las desigualdades"

Con una mirada más social y a pie de calle, fruto de  su trabajo como comisionada en el Polígono Sur de la capital andaluza, uno de los barrios más empobrecidos de España con tasas de desigualdad y empobrecimiento que muerden, la profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla María del Mar González hace hincapié en la necesidad de diseñar una reforma constitucional que no mire el género como una identidad monolítica. “Las mujeres del Polígono Sur tienen ocho años menos de esperanza de vida que las de Santa Clara o Los Remedios –barrios hispalenses con rentas más altas- porque la realidad es que las condiciones sociales aumentan las desigualdades”, expresó González, quien afirmó que hay que seguir avanzando en igualdad de género “sin olvidarnos de otras desigualdades”.

La profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla señala también que los derechos de las constituciones tienen que reflejarse en leyes concretas y en presupuestos, porque si no esa nueva Carta Magna se convertirá en “papel mojado”. Igualmente, González tiró de las orejas a los legisladores y legisladoras que “han legislado muy mal todo lo que tiene ver con los cuidados” porque “se ha seguido depositando sobre los hombros de las mujeres los cuidados”, enfatiza. En este sentido, aconseja mirar a Suecia, un país que empezó a legislar sobre igualdad en la década de los 30 del siglo pasado y que lo hizo vinculando la igualdad a los cuidados. También sugiere la ‘alcaldesa’ del Polígono Sur que el Estado deje de tener obligación de colaborar con las confesiones religiosas: “No puede haber un ideario educativo de un centro español que sea contrario a la Constitución”, recalca.

En lo que sí están de acuerdo es en que la asamblea constituyente tiene que ser paritaria para que la Constitución resultante tenga legitimad democrática y recuerdan que en los últimos cien años ha tenido lugar una “revolución feminista silenciosa” que ahora se tiene que plasmar en el texto constitucional. El prestigioso constitucionalista Javier Pérez Royo, sentado entre el público, baja los ánimos: “No va a haber reforma de la Constitución, aunque me parece importantísima la visión de género”, dice a bocajarro, en una sala llena de cuadros con los decanos del siglo XIX y XX de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que cumple este año 500 años sin que aún haya sido elegida una mujer para ser decana en una facultad en la que hace ya años estudian más alumnas que alumnos.

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