“No somos sardinas en lata”: la comunidad educativa exige acelerar su propuesta para reducir la cifra de alumnos por aula

Que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para bajar el número máximo de alumnos por clase en Andalucía no duerma el sueño de los justos. Esta ha sido una de las reivindicaciones que este sábado han lanzado en la calle los impulsores de esta medida para la que el pasado mes de agosto reunieron casi 53.000 firmas, tras una enorme movilización que les permitió superar de largo el mínimo exigido (40.000 apoyos) para que una propuesta que llega de fuera del Parlamento andaluz sea tramitada en el mismo. Y aunque los tiempos están tasados, ahora lo que se exige es celeridad para que los grupos políticos debatan la cuestión, y siempre con un mensaje rotundo desde la comunidad educativa: “No somos sardinas en lata”.

Este volvió a ser uno de los mensajes más coreados en las marchas, desarrolladas en las ocho provincias andaluzas y que (según los organizadores) reunieron a unas 2.700 personas, desde las 800 de Sevilla y las 500 de Málaga a las 200 de Almería y Jaén. Desde Ustea, el sindicato que ha pilotado esta ILP para reducir la ratio, se incidía especialmente en la elevada presencia de familias y asociaciones de madres y padres. “Tiene que haber implicación de las familias, que son las que sufren la masificación”, se subraya en este sentido.

La iniciativa legislativa lo que pretende es modificar la Ley de Educación de Andalucía de 2007 para rebajar las ratios máximas por unidad educativa, de ahí ese mensaje continuo de “bajada de ratio por ley”. La norma establece unos máximos de 25 alumnos en aulas de segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, 30 en Educación Secundaria Obligatoria y 35 en Bachillerato, y el objetivo de la comunidad educativa es reducir en cinco alumnos estos topes, “eso permitiría un cierto desahogo”.

La Consejería de Desarrollo Educativo insiste (este mismo sábado lo ha vuelto a hacer la consejera, Patricia del Pozo) en que la ratio media ya va a la baja por el descenso de la natalidad, una realidad numérica que no lo es tal en muchos centros educativos: la reducción del número de alumnos se está produciendo en entornos rurales y municipios pequeños, mientras que en las ciudades de mayor tamaño “se están generalizando” ratios de 28 estudiantes en Infantil y Primaria, 33 en Secundaria y 38 en Bachillerato. La Junta de Andalucía, denuncian los impulsores de la ILP, cierra aulas en cuanto el número de estudiantes baja del máximo que le permite la ley, algo que no puede hacer en localidades pequeñas porque puede darse la circunstancia de que sea la única clase en la que se imparte ese curso.

“Baja la natalidad y el número de niños, pero también el número de aulas”, es la denuncia principal, y como muestra se pone el botón de lo ocurrido en la última legislatura, cuando se dio cerrojazo a 1.181 clases en toda Andalucía. Ninguna de ellas, por cierto, era de centros concertados, de ahí que esta reivindicación conecte también con la defensa de una educación pública de calidad que mantienen colectivos sociales, sindicales y políticos. De hecho, esta demanda de reducción del número de alumnos por aula se ve clave no sólo para mejorar la calidad educativa, sino también para erradicar las altas tasas de fracaso y abandono escolar y para mejorar las condiciones laborales del personal docente.

En cuanto a los tiempos de tramitación de la iniciativa legislativa es verdad que están más que tasados, pero lo que se exige es celeridad. En la actualidad la Oficina del Censo está validando las firmas que permitieron registrar la propuesta, un trámite al que no le falta mucho para que se complete y remitirlo de nuevo al Parlamento. A partir de ese momento, tiene que debatirse en el pleno de la Cámara antes de que transcurran seis meses, lo que sitúa el momento ya en primavera. Si es a mediados o a finales de la estación dependerá de la prisa que se le inyecte a la tramitación, que es lo que precisamente se reclama.

De ahí el grito en la calle de este sábado, la primera acción de un calendario que todavía no está definido pero que será regular para que el proceso no se duerma. Luego llegará el debate parlamentario, en el que cada grupo fijará su posición pero que en última instancia está en manos del PP, que disfruta de una holgada mayoría: lo que decida hacer el partido que preside Juan Manuel Moreno será lo que se haga. Y por eso el mensaje que la comunidad educativa andaluza ha reiterado este sábado desde las ocho provincias: “No somos sardinas en lata”.