Orgullo versus ilegalidad: las reacciones al decreto ley
La aprobación del decreto ley de función social de la vivienda en defensa de las personas en riesgo de desahucio ha generado un aluvión de reacciones entre todos los frentes políticos.
Los representantes del Gobierno andaluz han defendido hoy, ante cualquier micrófono y foro, la legitimidad, constitucionalidad y oportunidad de la medida, cuyo contenido se conocerá mañana cuando se publique íntegro en el BOJA. De hecho, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), ha asegurado que el decreto es “plenamente constitucional” y ha invitado al PP-A a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria “si considera que hay inseguridad jurídica”. En la misma línea se ha pronunciado Diego Valderas (IU), Vicepresidente de la Junta, quien ha remarcado además que el Gobierno de Andalucía ha pasado “de la resistencia a la ofensiva” .
Como es lógico, lo que se ha respirado hoy entre las filas de los partidos gobernantes en la región (IU y PSOE) ha sido satisfacción por la decisión. De hecho, José Luis Centella, coordinador de la Presidencia de Izquierda Unida y secretario general del PCE, ha asegurado que en IU “nos sentimos orgullosos de la Junta, que da un paso importante y sitúa el debate donde tiene que estar, ya que la vivienda es un derecho social”.
Por su parte, Elena Valenciano, número dos del PSOE nacional, ha publicado en su muro de Facebook: “Es el tiempo de decir hasta lo que es evidente, que si aquí no hay izquierda, que baje Dios y lo vea”, alabando que el Gobierno andaluz haya tomado “la iniciativa” en materia de desahucios frente a la “inacción” y el “inmovilismo” del PP.
La oposición del Partido Popular ha recibido la decisión con escepticismo y poniendo en duda la legalidad de las medidas que se recogen en el decreto. Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz, ha alertado sobre la “inseguridad jurídica” del decreto ley y ha asegurado que no se va a traducir “en ninguna medida real para las personas que las necesitan”. Además, ha reprochado al PSOE que se deje arrastrar por IU; y a ambos, que vayan buscando un titular.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de la nación, aludiendo a dicho decreto, ha reprochado al PSOE en el Congreso la falta de decisiones durante su mandato: “¿Ahora le preocupan los desahucios? A mí también. ¿Por qué no se preocupó por los de 2010 y 2009?”
En esa misma línea se ha pronunciado el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que ha recordado que fue el PSOE quien “defendió el desahucio exprés” cuando gobernaba y ha calificado de “populismo” la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda hacer expropiaciones temporales. José Antonio Nieto, alcalde popular de Córdoba y también parlamentario andaluz, ha criticado el “riesgo que se asume, con determinados planteamientos y discursos, de hacer de Andalucía una especie de (bosque) de Sherwood en España” que mine la confianza “de los que nos tienen que ayudar a salir de la crisis”.
La opción del recurso
Ante la puesta en duda por parte del PP de la legalidad de este nuevo decreto ley, el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha afirmado, en referencia a un posible recurso legal, que adoptar “cualquier actuación de bloqueo” para frenar este decreto “sería algo complicado y muy difícil de explicar”. Es más, asegura que si el Gobierno Central recurre ante el Tribunal Constitucional se estará poniendo “del lado de los culpables” y oponiéndose a “cientos de miles de ciudadanos”.
También se ha pronunciado el expresidente de la Junta Manuel Chaves al respecto. Espera que el Gobierno central “no cometa el error de impugnar ante el Tribunal Constitucional o ante cualquier tribunal este tipo de medidas que pretende dar respuesta a un problema social, ante una situación de desahucios que está creando mucha alarma social”.
Esta mañana el Partido Popular Andaluz aseguraba que habría recurso en su cuenta de Twitter. Sin embargo, horas más tarde el portavoz de su grupo parlamentario, Carlos Rojas, ha calificado de “precipitado” hablar de dicho recurso. De hecho, fuentes del Gobierno Central consultadas por eldiario.es/andalucia afirman que están a la espera de conocer el texto legal completo para decidir acerca de posibles respuestas jurídicas.
Preguntas al Congreso
A la espera de saber si habrá un nuevo rifirrafe ante el Tribunal Constitucional entre el Gobierno Andaluz y el Gobierno Central a cuenta de este nuevo decreto ley, Miguel Ángel Heredia (PSOE), preguntará el próximo miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, a la ministra de Fomento, Ana Pastor, por qué el Ejecutivo no pone en marcha “medidas efectivas”, como las decretadas recientemente por la Junta de Andalucía, para frenar los desahucios y aumentar el parque de viviendas en alquiler.
