El Parlamento andaluz vuelve a rechazar depurar responsabilidades políticas por el caso ERE

La historia se repite, una y otra vez, cuando los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía abordan la cuestión de depurar responsabilidades políticas en el caso de los ERE fraudulentos en el seno de la Administración autonómica. La última vez, este miércoles, cuando se ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular, con 57 votos en contra de PSOE e IU frente a los 49 del PP. Pero, con idénticos protagonistas, no es la primera vez que fracasa este intento de purgar culpabilidades en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas otorgadas al amparo del programa presupuestario 3.1.L.

La más sonada tuvo lugar el pasado verano en la primera comisión de investigación, 17 años después, que vivía la Cámara regional. La entrada de IU en la Junta forzó la celebración de una comisión que había sido anteriormente rechazada varias veces por el PSOE, a pesar de la insistencia del PP. El caso, paralelamente, ya había iniciado su camino judicial. El dictamen final de dicha comisión fue rechazado finalmente por los diputados el 28 de noviembre.

Fue una “vergüenza”, según dijo entonces el presidente de la comisión, Ignacio García, de IULV-CA. IU y PP votaron en contra del texto propuesto del que, con los votos de PSOE y PP, se habían 'caído' 68 artículos del dictamen preparado por la presidencia de la comisión. Los votos del PSOE en la decisión final fueron insuficientes para sacar adelante el dictamen. El PP culpaba a la cúpula de la Junta, el PSOE limitaba la culpa a Guerrero e IU fijaba las principales responsabilidades en Viera y Antonio Fernández.

Este miércoles, durante la celebración de un Pleno extraordinario en el que se han visto varias propuestas y debates, mismos protagonistas, mismos desacuerdos, mismas culpas, mismo resultado: el Parlamento no acierta a delimitar la responsabilidad política en el caso de los ERE. Pero es que lo mismo ocurrió el pasado 27 de junio en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, de igual manera hace una semana se rechazó celebrar en julio un Pleno monográfico sobre el tema...sin contar las veces que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha tenido que dar explicaciones en las sesiones de control a las preguntas de los líderes populares, Javier Arenas primero y Juan Ignacio Zoido también. Los grupos, también hoy, han seguido fieles el guión previsto para este miércoles.

El PP ha vuelto a acusar a la Junta (“otra vez subo a esta tribuna....”, relataba su portavoz, Carlos Rojas) de que el caso de los ERE “no es cosa de cuatro golfos”, que el “gobierno bipartito” tiene la “oportunidad” de redimirse ante los andaluces y que dicho “fraude” atañe “a todo el Gobierno”, aunque en concreto citó a los altos cargos de tres consejerías.

IU recrimina al PP su posición en la comisión de investigación

Por su parte, IU ha defendido principalmente su trabajo en la citada comisión de investigación, acusando al PP de “querer desestabilizar” el Gobierno de Andalucía. Su portavoz, Alba Doblas, que también lo fue en la comisión del pasado verano, señaló a la respnsabilidad directa de José Antonio Viera y Antonio Fernández, firmantes el 17 de julio de 2001, precisamente hace exactamente hoy 12 años, del convenio marco que generó el sistema de ayudas entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Si querían un dictamen, haberlo votado“ en su momento, recriminó Doblas a la bancada popular. ”Ya lo dijimos“, ”ya se vio en la comisión“, ha repetido la portavoz de IU en más de una ocasión.

El Grupo Socialista, de boca de su portavoz Manuel Jiménez Barrios, ha dedicado más tiempo en su intervención al caso Bárcenas que a los ERE, acusando a los populares de querer “tapar el escándalo” y de no tener “tino ni sagacidad política”, al tiempo que ha solicitado que “no confundan al resto de socialistas” con aquellos “que han metido la mano”.

El auto de Alaya relativo a la veintena de nuevas imputaciones y el posterior recurso de la Junta quizá haya sido, por coincidencia casi temporal, la novedad más destacada en la discusión de la PNDL. Rojas ha denunciado que la Junta quiere “enfrentarse a la instrucción judicial”, Doblas ha aludido a “imputaciones selectivas (en relación a que ningún aforado ha sido llamado por el juzgado instructor) y a una ”justicia mezclada con la política“, mientras Jiménez Barrios ha insistido en la tesis actual de los dirigentes socialistas en que no se concretan delitos en el citado auto, incidiendo en cualquier caso en que los nuevos imputados ”no se han llevado dinero“.

Entre otros puntos también rechazados de la iniciativa se encontraban aprobar la Ley General de Subvenciones y Ayudas Públicas de Andalucía; una nueva Ley General de Hacienda Pública; garantizar que todo el gasto de la Comunidad quede bajo control de los funcionarios de la Administración y el control del Parlamento; la creación de un Cuerpo Superior de Interventores de la Junta; o la suspensión de cualquier pago derivado de la contratación de servicios jurídicos profesionales externos encargados de la defensa de altos cargos imputados.