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El Parlamento de Andalucía insta a un pacto por la sanidad pública para evitar otra crisis en el modelo

El consejero Aquilino Alonso en el debate sobre sanidad pública del 15 de febrero de 2017.

Olga Granado

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles en el debate monográfico, forzado por la oposición, que se impulse un pacto por la sanidad pública. Se trata de una idea que ha lanzado el consejero del ramo, Aquilino Alonso, y que ha elevado el PSOE como propuesta de resolución, contando con los votos a favor de Podemos y C's, el rechazo del PP -pese a que llevaba otra resolución con parecido enunciado- y la abstención de IU.

Ha sido una de las 155 resoluciones aprobadas, del total de 175 presentadas por los cinco grupos, y el compromiso es que en dicho pacto estén representados todos los partidos y agentes sociales. Son propuestas de resolución “vinculantes” para el ejecutivo. El consejero, quien ha comparecido por segunda vez en 15 días tras la crisis en el Gobierno de Susana Díaz por la marea blanca que empezó en septiembre en Granada, ha enmarcado esta propuesta en la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2016.

En su defensa, ha insistido en la voluntad de “blindar ese sistema que todos decimos que queremos defender”, sin ahorrarse la ironía hacia el PP, formación a la que acusa de haber instrumentalizado las protestas en la calle “en connivencia con Podemos e IU como una ofensiva contra el modelo”. En este sentido, le ha recordado a los populares el Real Decreto 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy que permite que “sólo las comunidades autónomas ricas puedan acceder a la cartera de servicios complementaria”.

De hecho, también se ha aprobado una resolución del PSOE, sin el apoyo de la derecha, para instar a que el Gobierno de España derogue este real decreto que va contra la universalidad del sistema. Igual que ha salido adelante -en este caso sólo con el voto a favor de sus socios de C's- una resolución en la que el Parlamento de Andalucía “valora” la respuesta que la Junta de Andalucía ha dado a la ciudadanía tras sus movilizaciones y que abrieron una brecha en la línea de flotación del Gobierno de Susana Díaz, con tres dimisiones en la estructura de la Consejería de Salud incluidas. Es más, el PSOE se ha visto obligado a escenificar su cierre de filas con Aquilino Alonso, quien horas antes del pleno participaba en una reunión con el grupo para hablar de la estrategia.

Del resto de grupos, destaca que IU ha hecho especial incidencia en sus propuestas de resolución en la defensa de lo público. Entre otras cuestiones, se ha aprobado -con el voto en contra de C's y la abstención del PP- “instar a la Junta de Andalucía a revisar los conciertos sanitarios, dimensionándolos a la baja gradualmente, mediante la optimización de los recursos públicos”.

Entretanto, la más destacada de las de C's aprobadas por el pleno es el compromiso de que el presupuesto para sanidad pública crezca cada año como mínimo un 2% por encima de lo que lo haga la media del resto. También se ha aprobado de este grupo la puesta en marcha de un plan integral de atención temprana y el incremento de la cartera de servicios en los hospitales, dentro de un paquete de medidas donde C's ha puesto más énfasis -casi la mitad de las 35- en la necesidad de transparencia, con nuevas obligaciones para el ejecutivo en la materia.

Entre las propuestas de Podemos convalidadas, figura que se insta a la Junta de Andalucía a establecer “un suelo de gasto sanitario público anual del 6,5% del PIB” y a tomar medidas “para combatir el incremento en el aseguramiento privado que va en perjuicio de lo público”. También a que antes del 1 de junio funciones los reclamandos “dos hospitales completos” de Granada. Mientras, con el rechazo del PSOE, se obliga a que la Junta de Andalucía introduzca criterios de negociación en las subastas de medicamentos en una mesa de trabajo con los implicados, y nuevamente, porque ya se ha aprobado en hasta tres proposiciones no de ley con los socialistas en contra, que se recupere la gestión pública de los servicios de Emergencias del 061 y de Salud Responde.

Por su parte, el PP ha conseguido el respaldo suficientes para propuestas como “incorporar una profunda reforma orientada a la mejora de los resultados asistenciales” y para la mencionada de impulsar “un gran pacto sanitario” que, huyendo de los debates ideológicos, meta mano a los problemas reales de la sanidad pública en Andalucía. Otra resolución destacada es que se ejecuten los 200 millones de euros pendientes para una docena de infraestructuras sanitarias de varias provincias.

Entre los mandatos que el pleno ha hecho para que la Junta de Andalucía inste a su vez al Gobierno de España, destacan, junto al referido de derogar el real decreto, que consensúe con las CCAA una Ley de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; que impulse una tarjeta sanitaria para todo el país; y que tome medidas para extender el modelo de selección pública de medicamentos al resto del país.

Un debate de cuatro horas

“En la Junta de Andalucía Alonso no sólo decimos que rectificamos y que escuchamos a la población, sino que lo hacemos”, ha enfatizado el consejero cuando ha abierto el debate. Es más, Aquilino Alonso no ha dudado en referir que ha tardado menos en reconocer sus errores que otros, como el Gobierno del PP, “en el caso del Yak 42”.

En esta línea, ha insistido tanto en que la Junta de Andalucía ha reculado tras la marea blanca como en las bondades del sistema con un relato de medidas de lo que va de legislatura, por un lado, como en que los socialistas no aceptan que las críticas del PP, Podemos e IU sean para mejora el sistema, sino para “desprestigiarlo” y “atacarlo”.

De su lado, las intervenciones de la oposición se han centrado en las propuestas y en las críticas a una gestión en la que creen que la Junta de Andalucía ha caído en la autocomplacencia y en buscar justificaciones políticas en la marea blanca para finalmente verse obligada a reaccionar con dimisiones en la cúpula de la Consejería de Salud y la derogación de los decretos de fusiones hospitalarias que prendieron la mecha en la calle.

La portavoz en la materia por parte de C's, la diputada Isabel Albás, no ha querido dudar de los avances de la sanidad pública pero cree que el consejero tiene que identificar los problemas escuchando a “a profesionales, pacientes y ciudadanos” y también “a todos los grupos parlamentarios”.

Tampoco Juan Antonio Gil, de Podemos, ha puesto en tela de juicio que Andalucía cuente con uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa pero cree que “se está deteriorando a mucha velocidad”. Ha agradecido la movilización la ciudadanía y ha advertido a los socialistas: “Han abierto la caja de Pandora y ahora no pueden librase de esa culpa y erigirse en adalid de lo público”. En su opinión, “la única sostenibilidad del sistema pasa por una gestión cien por cien pública”.

En términos parecidos se ha expresado Inmaculada Nieto (IU), quien ha insistido en que no pueden tratar a los ciudadanos como “muñequitos de trapo” y hablar de “instrumentalización” de las recientes movilizaciones de la calle. “El Gobierno de Andalucía escribe mejor que gobierna porque siempre hace un relato publicitario de todos los planes, programas o actuaciones que están en marcha o que son de inminente aplicación”, ha sentenciado.

Desde el PP, Carmen Crespo ha llamado la atención sobre la soledad del PSOE, “incluso de sus socios de C's”, en la defensa de un modelo “caduco y que exige un cambio de rumbo”. En esta línea, le ha recordado a Aquilino Alonso que “la sanidad pública es de todos los andaluces y se debe a ellos, porque la pagan con muchos impuestos”.Con ello, exigía que el PSOE huyera del “paternalismo”.

En definitiva, una primera sesión del pleno que se ha prolongado por casi cinco horas, con un receso de 60 minutos para estudiar las propuestas de resolución -35 por grupo- que luego se han votado. Del PSOE han salido adelante todas (35), mientras que de C's ha sido aprobada la mayoría ( 34), 30 de IU, y 28 de Podemos y el PP en cada caso. Es decir, en total, la oposición le ha impuesto 120 medidas al Gobierno de Susana Díaz.

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