PP y Cs pagarán la subida salarial en las universidades andaluzas negociada por el PSOE pese a afearles el “saltarse el control de Hacienda”

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos va a incluir en los Presupuestos de 2019 -sus primeras cuentas autonómicas- una partida de 30 millones de euros para la mejora salarial de la plantilla universitaria comprometida por el anterior Ejecutivo del PSOE. Un aumento del 6% de las retribuciones tanto del personal docente como del de administración, que quedará consolidado en sus nóminas en los siguientes ejercicios presupuestarios. El problema, según la queja del actual consejero de Hacienda, Juan Bravo, es que ese compromiso de gasto de 30 millones firmado por la anterior Consejería de Economía y Universidades “no tenía el aval de la Dirección General de Presupuestos, del departamento de Hacienda, ni pasó por el Consejo de Gobierno”. Una vez más, Bravo acusa a sus predecesores socialistas de “falta de rigor”, pero no advierte ninguna ilegalidad en este asunto.

La subida salarial de la plantilla universitaria se enmarca en un acuerdo de más alcance para la recuperación de derechos de los trabajadores universitarios suscrito el 27 de febrero de 2018 entre la Consejería de Economía y Universidades, dirigida entonces por Antonio Ramírez de Arellano, los rectores de todas las universidades andaluzas y los sindicatos del sector. El acuerdo está firmado por el ex secretario general de Universidades, Manuel Torralbo. “Nuestro papel es simplemente de impulso y coordinación de ese acuerdo, que es entre universidades y sindicatos. La Junta no es jurídicamente dueña de las universidades, pero le interesa políticamente que haya acuerdos homogéneos en el sistema universitario andaluz, para que no haya desequilibrios retributivos, por ejemplo, como hay en el sector policial”, explica.

El punto 10 del texto garantiza que los términos del acuerdo estarán comprometidos en “las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía de los correspondientes ejercicios económicos, y los presupuestos de las universidades públicas” que, subraya, “incluirán en los costes de personal, las dotaciones económicas necesarias para su cumplimiento, que estarán sujetas a los fines que las justifican y serán condición imprescindible para la ejecución de lo acordado en cada caso”. Es decir, la Junta es la que aporta el dinero a las universidades y éstas se comprometen a usarlo para mejorar los salarios de sus empleados. “Yo firmé el acuerdo y tramité la orden que lo desarrolla y no tengo ningún requerimiento de la Consejería de Hacienda poniendo objeción. Aquí la cuestión que debe aclarar el nuevo Gobierno es si mantiene ese compromiso con las universidades y los sindicatos en su Presupuesto de 2019 o no”, advierte.

El 12 de noviembre de 2018, a un mes de las elecciones andaluzas que provocaron el cambio de Gobierno, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la orden que desarrolla un punto concreto del acuerdo sobre el aumento retributivo para los trabajadores de las universidades. La orden ya venía firmada por la nueva consejera de Economía, Lina Gálvez, que había sustituido a Arellano en el cargo meses antes. Desde Hacienda aseguran que esa orden tampoco pasó por la Dirección General de Presupuestos, “como es preceptivo”, ni por el Consejo de Gobierno para que tomase en consideración el gasto de 30 millones comprometido en las cuentas de 2018. Según el departamento de Bravo, fueron los propios funcionarios de la Consejería de Hacienda “quienes advirtieron de que se habían saltado el procedimiento reglado al ver publicada la orden en el BOJA”.

El nuevo Gobierno afea a los ex consejeros socialistas de Economía y Hacienda -Ramírez de Arellano y Lina Gálvez- que, siendo catedráticos de universidad, “usaran un procedimiento no riguroso para avalar y firmar un convenio que afecta directamente a su ámbito profesional y el de sus compañeros”. “Debieron ser el doble de rigurosos”, añaden estas fuentes. 

Arellano responde que “la información vertida por el actual Gobierno es sesgada”. El exconsejero sostiene que el acuerdo que incluía la mejora retributiva era entre las universidades y sus empleados, “no con la Junta”. “La Administración se sienta en la mesa de negociación, pero no es un acuerdo laboral de la Junta con nadie, porque no son nuestros trabajadores, sino un compromiso político de gasto financiero. Y esto nunca ha necesitado un informe de Hacienda ni tiene por qué pasar por la Dirección General de Presupuestos”. El papel de la Secretaría General de Universidades, que es quien firma el convenio, implica que la Junta mejora la financiación operativa de las universidades en el Presupuesto andaluz, y son éstas las que se comprometen a dedicar ese dinero a subir el salario de sus empleados.