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El PP de Moreno arremete contra el Constitucional: “Es el inicio del indulto a todos los condenados de los ERE”

El presidente andaluz, Juanma Moreno, con la consejera de Hacienda, Carolina España, y el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín.

Daniel Cela

Sevilla —

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La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rebajar parcialmente la condena por prevaricación contra la exministra Magdalena Álvarez en el caso de los ERE de Andalucía, conocida este miércoles, ha zamarreado la política andaluza.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ya había cuestionado la imparcialidad del tribunal de garantías -de mayoría progresista- la semana pasada, cuando se hizo pública la ponencia que proponía anular la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que condenó a Álvarez a nueve años de inhabilitación

El PP andaluz ha elevado el tono este miércoles, desde el Parlamento, con una durísima crítica al Constitucional y su decisión sobre la condena a Álvarez: “Me temo que estamos ante el primer paso para borrar los delitos de todos los condenados de los ERE en la causa que afectó a toda una generación de socialistas en la gestión de la Junta de Andalucía. Esto es el inicio del indulto a todos los condenados de los ERE”, ha asegurado el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín.

La macrocausa de los ERE -un fraude de 680 millones de euros- situó en el banquillo a toda la cúpula de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos presidentes condenados (el primero por prevaricación, el segundo también por malversación de fondos). En total, 22 ex altos cargos -presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales- recibieron penas de inhabilitación o de prisión. Fue el caso que, durante diez años, desgastó poco a poco al PSOE andaluz, hasta expulsarlo del Gobierno autonómico en 2018, después de 37 años ininterrumpidos en el poder.

Nada más conocerse la decisión del Constitucional, Martín ha comparecido en el Parlamento para tildar de “escandaloso que el adelanto de la sentencia se produjera en un mitin de Pedro Sánchez” en Benalmádena (Málaga), con la presencia en primera fila de Magdalena Álvarez -cuatro días antes, en el cierre de la campaña de las europeas-. “Esto atenta contra la credibilidad de la justicia, es un atentado contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. Y sin independencia judicial no hay democracia”, ha dicho.

No ha sido el único dirigente popular que ha se ha lanzado en tromba contra el fallo de los jueces. Desde la secretaria general, Cuca Gamarra, hasta su homólogo andaluz, Antonio Repullo, o el diputado y ex consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo. “Desde el intento por borrar los delitos de los socios independentistas que mantienen a Sánchez en la Moncloa se amplía a borrar los delitos de compañeros de partido de PSOE”, ha insistido Martín, que ha tildado la situación de “verdaderamente grave”.

El PSOE andaluz, en boca de su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha afeado a los populares y al Gobierno de Moreno que “un día defiendan la independencia judicial, cuando dictan sentencias que les benefician políticamente, y otros días la cuestionen”. Los socialistas han anunciado que este mismo miércoles presentarán una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la Junta de Andalucía por intentar “orientar” a los magistrados del Constitucional sobre la sentencia de los ERE, criticando el fallo antes de que se hiciera público.

Otros partidos andaluces también han valorado la decisión de los magistrados. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tildado de “molesto” que el presidente Sánchez “adelantase” el sentido del fallo que rebajará la condena a la exministra Álvarez cuatro días antes, en el mitin de Benalmádena.

Hasta ese momento, ni el presidente ni ningún alto dirigente del PSOE federal se había pronunciado jamás en esos términos de apoyo a ninguno de los condenados por el caso ERE. No obstante, García ha subrayado que “el PP no está para dar lecciones de justicia en este país”, ha dicho, recordando la condena por corrupción de la trama Gürtel o la llamada “policía patriótica” del último Gobierno de Mariano Rajoy.

Vox, en cambio, ha cargado más duramente contra los siete jueces del Constitucional que han avalado parcialmente el recurso de amparo de Álvarez. “Fueron elegidos por el PSOE, con acuerdo del PP”, ha dicho el diputado Rodrigo Alonso, tras recordar que la magistrada que firma la ponencia, Inmaculada Montalbán, “fue galardonada por el Gobierno de Griñán” [medalla de Andalucía, 2012].

Uno de los magistrados progresistas del TC que ha apoyado el recurso de amparo parcial de la exministra por el caso ERE es el también exministro de Justicia del Gobierno de Sánchez, Juan Carlos Campo, que desempeñó el cargo de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001, y que fue Secretario General de Relaciones con el Parlamento andaluz entre 2014 y 2015.

El PP es parte personada en la causa de los ERE, pero decidió no solicitar la recusación de ninguno de los jueces designados para la ponencia que iban a revisar la condena a Magdalena Álvarez. Campo, y el resto de magistrados, también tuvieron la opción de inhibirse en este asunto, pero no lo hicieron.

Un fallo no necesariamente absolutorio

La nueva sentencia de los ERE, a raíz de la decisión adoptada este miércoles por el Constitucional, no tendrá que ser obligatoriamente absolutoria, pero excluirá la mayor parte de los hechos, según fuentes del tribunal: dejando fuera el papel de Álvarez en la elaboración de proyectos y anteproyectos y la mayoría de modificaciones de los presupuestos andaluces. Solo dos de estas modificaciones presupuestarias, reconoce el Constitucional, sí pudieron ser irregulares.

El pleno, con mayoría de los siete progresistas frente a los cuatro conservadores del tribunal, ha sacado adelante una ponencia que cuestiona que los altos cargos de la Junta de Andalucía fueran condenados por estos presupuestos por prevaricación, un delito atribuido a los 16 condenados, entre ellos al expresidente Manuel Chaves, y ordena a la Audiencia de Sevilla el dictado de una nueva resolución. Los magistrados discrepantes consideran que esta sentencia hace un daño “difícilmente reparable”.

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