La presión del agua en Doñana aumenta con las últimas alarmas
El reciente incendio forestal en Doñana, que en un 80% se produjo en el parque natural, ha devuelto a los titulares viejos problemas de este espacio como es la situación de sus acuíferos, que son víctimas de la presión del regadío. Este martes, el Consejo de Gobierno ha vuelto a exigir que se haga el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua de la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir -el triple de lo autorizado para cada año desde 2008- con el que salvar el regadío en la provincia de Huelva sin que sea a costa de Doñana.
Hace prácticamente dos años que desde el Parlamento de Andalucía se comenzó a trabajar, a propuesta del PSOE, en una proposición de ley su tramitación en las Cortes Generales, a través del artículo 87 de la Constitución española, con el fin de garantizar el trasvase por ese volumen, iniciativa presentada por su diputado por Huelva y portavoz del grupo, Mario Jiménez. Prometía consensuarlo con el resto de grupos e incluso hubo varias reuniones, también con los regantes. En estos momentos está en tramitación, sostiene el diputado, quien augura que estará lista para llevarla con una delegación hasta el Congreso de los Diputados “en el próximo periodo de sesiones”, o sea, a la vuelta del verano.
El pasado año, eran un diputado y una senadora del PP, Carmelo Romero y Dolores López, quienes por su condición también de onubenses conocen de primera mano el problema, los que anunciaban sendas proposiciones no de ley (PNL) para instar a que el Gobierno de España desarrollará el proyecto de ley para ello.
Pasado este tiempo sin novedades han coincidido en los últimos días dos noticias que han reavivado la exigencia, más allá de que sea el fuego de hace tres semanas el que ha convertido a Doñana en herramienta de confrontación para los políticos y para las administraciones.
Por un lado, el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) alertando de la grave situación de los acuíferos que nutren Doñana, básicamente por la sobre explotación agraria. Por otro lado, el procesamiento de dos exalcaldes de Almonte (uno del PP, José Antonio Domínguez, y otro del PSOE, Francisco Bella), junto con el exconsejero de Agricultura, Pesca y Medioambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, supuestamente por hacer la vista gorda con pozos ilegales.
Por ello, el Gobierno de Andalucía se ha visto obligado este marte a responder a estas cuestiones, lo que ha aprovechado para poner la pelota en el tejado del Gobierno de España. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, ha salido en defensa de la gestión de las competencias de la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana tras el informe de la CHG: “La única novedad es que dos de las cinco masas de agua que componen el entorno han mejorado con respecto al año pasado, por lo que la evolución es buena”.
En esta línea, ha recordado que también la Unesco, en su reciente informe por el que evitaba que este parque nacional entrara en la lista negra de patrimonio en peligro, ha resaltado la apuesta de la Junta de Andalucía por la protección de Doñana. De hecho, ha recordado, y se “repetirá la cifra cuantas veces haga falta”, el cierre de 300 pozos ilegales los últimos años por parte de la Junta de Andalucía. “Es su obligación y no la piensa rehuir por muchísimas presiones que haya”, ha comentado el portavoz, quien ha dicho desconocer si la Junta de Andalucía asumirá el coste de la defensa de Luis Planas, y se ha limitado a mostrar su “respeto” por las decisiones que se toman en los tribunales.
Sin embargo, ha recordado las deudas del Gobierno de la Nación, especialmente con el trasvase. En su opinión, la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, debería recordar que “Doñana existe” y visitarla para saber “qué se está haciendo” para recuperar el área afectada por el incendio forestal y para proteger los acuíferos.
De hecho, ha ironizado con la reciente presencia durante las tareas de extinción del incendio forestal de la ministra de Empleo y Seguridad Social, natural de Huelva, en la la provincia. “Si la ministra Fátima Báñez, quiere ir a Doñana, perfecto, pero la que tiene que hacerlo en Isabel García Tejerina”.
En este sentido, Juan Carlos Blanco ha instado a que el PP de Andalucía se sume a la exigencia del trasvase en lugar de pedir, como ha hecho, un plan urgente de inversión en Doñana después del incendio forestal. “No es serio que pida un plan cuando ya se ha constituido un grupo de trabajo para acometer las inversiones necesarias. Tampoco es serio que se pida con toda la parafernalia en un acto del PP que parecía hecho para salir en periódicos y telediarios”, ha criticado sobre la convocatoria del pasado lunes de los populares en Huelva.
El delegado del Gobierno en Andalucía, no obstante, ha recriminado que “la Junta de Andalucía, como es habitual, llega tarde”. En este sentido, ha asegurado que este trasvase es “un compromiso que ya tiene trasladado el Gobierno de España para dar solución al problema del agua en la zona del Condado”. Se le sumarían a los 4,99 del entorno del Fresno, de manera que “se podrían alcanzar los 20 hectómetros cúbicos demandados por los agricultores”, en palabras de Antonio Sanz.
“No se puede seguir aumentando la oferta de agua sin tapar los agujeros por los que se escapa”, ha comentado en relación a este tema el diputado de Podemos Jesús Romero quien ha instado a una “mayor celeridad en los trabajos para quitar pozos ilegales”. En este sentido, ha mostrado su preocupación por que “se dé respuesta a los agricultores que están incumpliendo la legalidad mientras se ignora a los que hacen lo correcto”. En su opinión, decisiones como el procesamiento de los dos exalcaldes y el exconsejero “ponen en evidencia que el PSOE y el PP se alían para defender los intereses de las grandes empresas en detrimento del resto”.
Los precedentes de la demanda
Cabe recordar que en 2008 el Consejo de Ministros aprobó el trasvase cada año -y con 2027 como horizonte- de 4,99 hectómetros cúbicos de recursos hídricos desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir, con el fin de consolidar cerca de 5.000 hectáreas de regadío claves en la economía de esta provincia. Una inversión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) de 20,5 millones de euros hizo posible el pasado año, tras tres décadas de demanda por parte de los agricultores, que el agua llegara a su destino.
En 2013, la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía solicitó a la Dirección General del Agua del Gobierno de España que se llevasen a cabo las actuaciones necesarias para la constitución de un órgano bilateral que se ocupara del desempeño de las funciones necesarias para hacer efectivo el citado trasvase cada año. El Consejo de Ministros aprobó en 2015 esa comisión con representantes de las dos administraciones y con la participación de los usuarios de las cuencas cedentes y receptoras para concretar el alcance y condiciones de la transferencia.
