PSOE e IU se felicitan por la nueva norma y el PP dice que es fruto de la “insoportable tasa de paro”
IULV-CA muestra su “satisfacción” por el decreto contra la exclusión andaluz aprobado este martes por el Consejo de Gobierno y se felicita porque Andalucía no esté siendo “neutral” con esta “estafa a la que llaman crisis”, habiendo optado por situarse al lado de las “víctimas” y de aquella mayoría social que no la causado.
En un comunicado, la federación de izquierdas dice entender el esfuerzo que la Junta de Andalucía está haciendo para paliar los recortes del Gobierno central y recuerda que Andalucía marcó el camino tras las elecciones autonómicas celebradas en 25 de marzo de 2012, que permitieron un gobierno de izquierdas en la Comunidad.
En relación al decreto contra la exclusión social, IULV-CA muestra la satisfacción del conjunto de su organización, con el coordinador general, Diego Valderas, al frente, por esta medida que viene a garantizar tres cuestiones “fundamentales” en este momento: la red de solidaridad alimentaria, el plan de acción social y la ampliación del salario social.
“En un momento en el que el Gobierno central sigue la senda de las políticas de recortes relegando a la mayoría social a la pobreza, privándolos incluso de los derechos más básicos, Andalucía opta por evitar que las familias más afectadas por la crisis caigan en una situación dramática, garantizando, entre otras cuestiones, que los menores y mayores andaluces en riesgo de exclusión social mantengan una alimentación buena y equilibrada”, apunta IULV-CA.
De igual modo, la federación de izquierdas destaca que el Gobierno andaluz apuesta por la creación de empleo a través de los ayuntamientos con un plan de acción social, gestionado por los servicios sociales comunitarios y que hará hincapié en la aplicación de la Ley de dependencia, “algo que, además de necesario, nos parece urgente”.
Asimismo, subraya que la red de solidaridad alimentaria, el plan de acción social y la ampliación del salario social son tres elementos que Izquierda Unida ha defendido en su programa electoral, que se incluyeron en el acuerdo de gobierno con el PSOE y que hoy son una realidad en Andalucía.
“No podemos más que felicitarnos por el cumplimiento de los compromisos, frente a otros gobiernos que han olvidado el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones, y por haber puesto en marcha soluciones paliativas que garanticen que las víctimas de la crisis no paguen las consecuencias más dramáticas”, añaden.
En esta línea, IULV-CA señala que su entrada en el Gobierno andaluz supuso el compromiso de parar las políticas neoliberales. “Y hoy más que nunca, creemos que este es el camino”, afirma la federación de izquierdas, que ahora se trata de seguir avanzando para conseguir abrir paso al grupo de trabajo en materia de renta básica.
Finalmente, asegura que tras haber avanzado garantizando el derecho a la vivienda y una vez legislado contra la exclusión social, “ahora apostamos por ponernos a trabajar para garantizar que Andalucía ponga fin a la situación de desempleo, convencidos de que lo conseguiremos apostando por una política de reparto del trabajo”.
PSOE-A: “Andalucía demuestra que se puede legislar en contra de la crisis y no a favor”
El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado que, con el decreto ley de lucha contra la exclusión social aprobado este martes por la Junta de Andalucía que preside José Antonio Griñán “demuestra que se puede legislar en contra de la crisis y no a favor”, como asegura que está haciendo el PP a nivel nacional.
En una rueda de prensa en Sevilla, el 'número dos' del PSOE-A ha asegurado que el Gobierno andaluz ha “perdido la paciencia” ante el “sufrimiento” de las familias de la comunidad, ante la intención del Gobierno del PP de “privatizar todos los servicios públicos” y ante la “falta de futuro de los jóvenes a los que se quiere condenar a la exclusión o a la inmigración”.
Por ello, Jiménez ha puesto en valor el decreto de lucha contra la exclusión social que aprueba esta jornada el Consejo de Gobierno, con un plan de acción social dotado con más de cien millones de euros, medida que ha tildado de “importante hito” y “acontecimiento nacional” ante una situación que “exige medidas excepcionales y una respuesta inmediata”.
No en vano, el socialista ha mostrado su confianza en que esta normativa, “al igual que el decreto andaluz de la función social de vivienda”, va a ser “emulada” en el resto del territorio español y que va a contar con el apoyo incluso de ayuntamientos gobernados por el PP.
Asimismo, el socialista ha indicado que desconoce si el decreto se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento, pero se ha mostrado seguro de que, de ser así, “habrá una gran sensibilidad” a las aportaciones que pudieran hacer los distintos partidos.
Respecto al plan de acción social que incluye el decreto para luchar contra la exclusión social, Jiménez ha destacado que se vaya a “crear empleo a través de los ayuntamientos” con un plan gestionado por los servicios sociales comunitarios y una inversión de 60 millones de euros, que harán hincapié en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Jiménez ha resaltado que se trata de “garantizar una renta a trabajadores en riesgo de exclusión” al tiempo que se “refuerzan” los servicios en materia de dependencia, poniendo en valor que este plan se lleve a cabo contando con los ayuntamientos como “administración más cercana”, para que “cada céntimo de euro llegue a su destino exacto”.
Además, asegura que mediante esta normativa se va a “agilizar” el acceso al salario social, una partida cuya demanda “por desgracia sigue creciendo cada día” y que puede ofrecer una respuesta “transitoria” a aquellas familias que han agotado todas las prestaciones y cualquier renta.
Del mismo modo, se ha referido al programa de solidaridad alimentaria dotado con 16 millones de euros y destinado a aquellos niños en cuyos hogares “se ha adentrado la pobreza como consecuencia de la pérdida de trabajo de sus padres”.
En este punto, ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy “no responda” ante este problema que asegura que no sólo se da en Andalucía, sino en toda España, aunque asegura que la falta de actuación “no es de extrañar”. “A una ministra que hace papelillos para sus fiestas de cumpleaños con billetes de 500 euros no le puede doler la pobreza infantil”, ha manifestado el socialista.
“Aquí hemos decidido dar una respuesta demostrando que el PSOE y el PP no se parecen en nada”, ha aseverado Jiménez, quien ha enmarcado las críticas del PP andaluz a las medidas adoptadas por la Junta contra la exclusión social en que el partido se siente “desbordado por las políticas del Gobierno” y que “a la derecha no le preocupa la situación de los andaluces”.
En este sentido, se ha referido a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señalando que a los españoles “no se les puede pedir más paciencia” y reprochándole que quiera permitir “que España se muera en la sala de espera”. “No es momento de paciencia, sino de urgencia”, ha aseverado.
Por ello, ha pedido al presidente del Ejecutivo que ponga una mesa de diálogo y se siente para analizar los “cuatro grandes pactos” que el presidente de la Junta y del PSOE propuso a nivel nacional en cuanto al empleo, la modernización de la economía, el modelo de prestaciones y protección social y la estrategia nacional de lucha contra la exclusión social.
Entre estas propuestas, el socialista ha resaltado una que pasa por que parte del gasto en I+D+i “no compute en el déficit”, como “palanca” para salir de la crisis. “Nos gustaría que estos pactos no cayeran en saco roto”, ha aseverado Jiménez, resaltando que poner en marcha una negociación de estos aspectos sería una señal de confianza y fortaleza del país.
PP-A teme que los 60 millones del decreto contra la exclusión social sean los que la Junta “recortó” a ayuntamientos
La vicesecretaria de Empleo y Economía del PP-A, Carolina España, ha vuelto a expresar este martes el temor de su partido de que el decreto ley contra la exclusión social aprobado por el Consejo de Gobierno sea un plan “fantasma” o “virtual” que no solucione realmente los problemas de las personas más desfavorecidas y ha advertido de que los 60 millones que la Junta prevé destinar a este decreto ley coinciden con la cantidad que “se recortó a los Ayuntamientos” como fondos de libre disposición.
En rueda de prensa, España ha insistido en que esta medida del Gobierno andaluz “es otra campaña de marketing porque precisamente esos 60 millones de euros es la misma cantidad que se recortó a los recursos que tenían los Ayuntamientos de libre disposición y que luego le dieron carácter de cobertura del Plan de Acción Social, que es prácticamente lo que hoy van a aprobar”, ha argumentado.
Es por ello por lo que la 'popular' ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de “invitar” para que sean luego los municipios “los que paguen”. “Esos 60 millones de euros forman parte de los recursos que disponían los Ayuntamientos, y además reconocen que tienen dificultades también para pagar a los comedores (escolares) y la verdad es tienen poca credibilidad porque si no son capaces de pagar lo que ya tienen en los propios presupuestos...”, ha lamentado.
La vicesecretaria de Economía y Empleo del Partido Popular Andaluz, Carolina España, dijo que el decreto de exclusión social que ha aprobado hoy el bipartito andaluz es “fruto” de la “insoportable tasa de paro” que sufre Andalucía, algo que a su juicio, es consecuencia de “años sin ejecutar las políticas de empleo” y de incumplir el objetivo de déficit, lo que supone, recordó, el pago de 10 millones de euros diarios en intereses que podrían dedicarse a generar puestos de trabajo. 'El bipartito aprueba planes contra la pobreza porque no es capaz de luchar contra el paro, titulan un comunicado remitido a los medios.
España ha reprochado igualmente a la Junta que tenga que aprobar este decreto ley como “consecuencia del 37 por ciento de paro” que sufre la comunidad autónoma y como resultado de “llevar años sin ejecutar las políticas activas de empleo”. “Más de 200 millones sin ejecutar en los últimos años y más del 50 por ciento del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sin ejecutar”, ha añadido para recalcar que la situación “dramática” que vive Andalucía es “consecuencia de que los recursos para el empleo se han perdido por el camino, consecuencia del histórico incumplimiento del déficit y de que la Junta se ha convertido en la mayor morosa de la comunidad porque no paga a las empresas que prestan servicios”.
“Los socialistas pedían ayer urgencia a Rajoy porque dicen que estamos en una situación de emergencia, y yo digo que en Andalucía urgencia no, estamos en la UVI después de 30 años en situación de emergencia y después de 30 años de gobierno socialista”, ha criticado.
La vicesecretaria de Empleo y Economía del PP-A, que ha vuelto a reiterar el temor del PP-A de que el decreto ley contra la exclusión social se quede en un “plan fantasma o virtual”, también ha recordado que la Junta lleva anunciando programas similares contra la pobreza y la exclusión social desde el año 2000 y que, según ha resumido, han quedado “guardados en un cajón y no se volvieron a sacar”.
Frente a esta actitud e “inacción” del Gobierno andaluz, España ha contrapuesto las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha destinado 3.500 millones de euros a un Plan de Emprendimiento y Empleo Juvenil con “medidas reales” como la tarifa plana de 50 euros para autónomos o el contrato en prácticas con deducciones del 50 por ciento en la Seguridad Social.
Enlace muestra su “esperanza” ante la aprobación del decreto y pide “no olvidar” a colectivos que ya sufrían exclusión
La Federación Andaluza Enlace, de entidades de Drogodependencias y Adicciones, VIH y Exclusión Social valora de manera “muy positiva” la iniciativa del Gobierno andaluz para hacer frente al “gravísimo” problema de exclusión social que vive un número creciente de personas y familias en nuestra comunidad autónoma y “espera que no se olvide” a los colectivos que ya antes de la crisis sufrían situaciones de exclusión social, como drogodependientes de larga duración, personas sin hogar, mujeres con especiales dificultades añadidas, personas privadas de libertad, etcétera.
Según indica Enlace en nota de prensa, ciertamente, la situación de “absoluta excepcionalidad que estamos viviendo, obliga a poner en marcha iniciativas que protejan a las personas y familias más vulnerables”. En palabras del presidente de Enlace, Antonio Escobar, “los recursos económicos de la Junta de Andalucía, que pertenecen a todas y todos los andaluces, deben volcarse en hacer frente a este drama humano”.
Por otro lado, Enlace pide al Gobierno de José Antonio Griñán que “no se olvide” de las personas que ya venían sufriendo exclusión social antes de que la crisis económica actual irrumpiera en Andalucía. Podría ser el caso de las personas drogodependientes más deterioradas, que en estos momentos no cuentan con programas como el 'Andalucía Orienta', “imprescindible en un colectivo con muy poca formación y escasos hábitos laborales pues incidía en la preparación prelaboral, siempre necesaria para situar a la persona en posición de búsqueda de empleo a largo plazo”. “O con los programas de reducción de daños para las personas consumidoras de drogas en activo, que se están viendo reducidos e incluso cancelados en todo el Estado”, añade.
Finalmente, la Federación Andaluza pide al equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía que cuente con la experiencia y cercanía del tejido asociativo, con las redes del tercer sector y con los recursos ya existentes para llevar a cabo las medidas planeadas.
Valderas asegura que la Junta da los “primeros pasos” con el decreto contra exclusión social para lograr la Renta Básica
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado que el Gobierno andaluz da “los primeros pasos” hacia la consecución de la Renta Básica con el decreto contra la exclusión social aprobado este martes.
Así se ha pronunciado el 'número dos' del Ejecutivo andaluz en su cuenta personal de Twitter, donde también ha destacado que el citado decreto suponer poner el trabajo de la Junta de Andalucía “al servicio de los más débiles de nuestra tierra”.
“La Junta, en colaboración con los ayuntamientos, quiere dar respuesta a la emergencia social de miles de andaluces”, ha apuntado también el vicepresidente de la Junta, quien ha finalizado cada uno de sus 'tuits' con el hashtag #Andalucía no se resigna.
Zoido pide a Junta que asuma “lo que debe” en servicios sociales frente a la norma contra exclusión
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que “cumpla” y asuma los servicios sociales en la ciudad que asegura que está desarrollando el Consistorio pese a “no ser de su competencia” frente a las acciones que lleva a cabo centrándose en la puesta en marcha de normativas como el Decreto Ley de Lucha contra la Exclusión Social, que garantiza que los niños puedan comer tres veces al día. “Hay que garantizar a los niños las comidas, pero que pague lo que debe, que debe mucho y después, como es lógico, que atienda a los niños sin comer”, sentencia.
A preguntas de los periodistas, tras visitar las obras de Nuevo Amate, Zoido ha añadido además que la Junta debe poner a disposición del Consistorio los fondos traspasados por el Estado a las Administraciones regionales para el desarrollo de rehabilitaciones de viviendas. “El Ayuntamiento sabrá darle un destino inmediato a los fondos y levantaremos otros muchos bloques en la ciudad como se ha hecho con los de Nueva Amate” recalca.
Igualmente, ha incidido en que cuando la consejera de Vivienda, Elena Cortés, solicite al Consistorio la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas con alquileres de carácter social le instará a que le dé el dinero del Estado para rehabilitación.
“Si Cortés no quiere pagar el IBI que lo diga y si quiere que se tenga por parte del Ayuntamiento un trato especial pues que, igual que le he mandado muchas cartas para resolver problemas, que me lo comente y lo analizaremos”, recalca, insistiendo en que se pone a disposición para poder buscar “una situación singularizada a las personas en riesgo de exclusión”. “Estamos dispuestos a sentarnos y hablar con ellos”, concluye.
Andalucía Acoge exige que el decreto contra la exclusión social “incluya a todas las personas que viven en la región”
La federación Andalucía Acoge quiere felicitar a la Junta de Andalucía por la apuesta realizada por la igualdad social a través de la aprobación de un decreto de lucha contra la exclusión social en la comunidad autónoma que recoge iniciativas “muy interesantes”, una medida ante la que la federación se muestra “muy satisfecha” porque el Gobierno andaluz haya tomado “una postura decidida” por situar la lucha contra le exclusión social en el centro de la agenda política de nuestro país, “algo muy necesario”.
Sin embargo, Andalucía Acoge opina que la puerta que ha abierto la Junta “se ha quedado a medias” porque las medidas contempladas “no se realizan desde una óptica lo más inclusiva posible ni atienden a la riqueza y la diversidad de la sociedad andaluza. A nuestro juicio, añade a través de un comunicado, las medidas ”no pueden dar la espalda a la presencia de 358.895 personas de origen inmigrante que ya forman parte de la sociedad andaluza; y creemos que las líneas de actuación planteadas en este decreto deben ser diseñadas para alcanzar al mayor número de personas posible. De ahí que solicitemos la inclusión de diversos puntos en este nuevo decreto“.
El primero, señala Andalucía Acoge, es el relativo a la seguridad alimentaria de los menores en Andalucía, ya que una de las medidas anunciadas garantiza, a través de los comedores escolares, que todos los menores en Andalucía tengan, al menos, tres comidas diarias. Sin embargo, desde la federación “nos preocupa que, dependiendo como se implante esta medida, un buen número de menores de origen inmigrante se queden excluidos de la misma”.
A raíz de la aprobación de la Orden de 31 de julio de 2012 (BOJA 156 de 09/08/2012) los menores escolarizados que tengan a uno de los miembros de su unidad familiar (mayor de 16 años) en situación administrativa irregular son excluidos de las bonificaciones para los servicios complementarios de la enseñanza (aula matinal, comedor escolar, etcétera) lo que, en la practica, “supone su exclusión total de estos servicios”.
“Se da así la paradoja de que muchos menores, pertenecientes a familias con escasos recursos, no se les permite disfrutar de este derecho --reconocido, por otro lado, en la normativa estatal para todos los menores-- al carecer sus progenitores de NIE y tienen que iniciar, si cuentan con la información para ello, un tortuoso camino --a instancias de los propios centros educativos o acompañados de entidades sociales como la nuestra-- para solicitar la revisión discrecional de su solicitud”.
Es más, continúa Andalucía Acoge, esta exclusión que afecta a los menores de origen inmigrante en edad escolar “se extendió, también, a la educación infantil”. Así, en una instrucción de abril de 2012 la Consejería de Educación informa que aquellas solicitudes de plazas y bonificaciones en los centros de primer ciclo de la educación infantil que no estuvieran acompañadas por el DNI o NIE serían baremadas con 0 puntos, con las consecuencias que esto conlleva.
Es por ello que, que este colectivo opina que para que la medida de garantizar la seguridad alimentaria de todos los menores en situación de exclusión que viven en Andalucía sea efectiva, “debería ir acompañada, paralelamente, de la derogación de la normativa antes señalada que dificulta el acceso a este derecho a una buena parte de los menores de origen extranjero que están en escolarizados”. En ese sentido, afirma que hay que recordar que los menores inmigrantes tienen reconocido en la legislación a derecho a la educación que incluye explícitamente “el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles”.
Por otro lado, la anunciada medida de acelerar la resolución de las solicitudes del 'salario social' (Programa de Solidaridad, Decreto 2/1999 de 12 de enero) es, sin duda, una “buena noticia” que conllevará la modificación del decreto 2/1999. Pero también es “una magnifica oportunidad para proceder a corregir la injusta aplicación actual de esta normativa que excluye a las personas inmigrantes”.
En efecto, apunta, desde su redacción original en 1999 la realidad social andaluza ha variado de forma importante y, sin embargo, en este caso no se ha procedido a adecuar la practica administrativa a la realidad social: así las personas inmigrantes que forman parte de la sociedad andaluza se han visto privadas de acceder a esta ayuda lo que, por otra parte, contraviene la normativa estatal existente (art. 14.2 LOE 4/2000) que reconoce a todas las personas inmigrantes en situación regular el derecho a acceder a las ayudas específicas de los Servicios Sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Y se han dado casos en que aun siendo el solicitante de esta ayuda de nacionalidad española, si en su unidad de convivencia se encontraba una persona inmigrante en situación irregular se ha procedido a la denegación.
“Para que esta medida tenga el carácter más inclusivo posible pensamos que, al menos, es indispensable que se reconozca el derecho de las personas inmigrantes en situación administrativa regular a acceder a la misma y que, de igual forma, no se penalice la presencia en la unidad de convivencia de personas en situación administrativa irregular”, afirma la federación, toda que invita a considerar, de cara al futuro más inmediato, que este Programa “pueda ampliarse a cualquier persona empadronada en Andalucía, independientemente de su situación administrativa”.
Así, Andalucía Acoge, y las entidades que forman parte de la federación, subrayamos la necesidad de abordar la lucha contra la exclusión social “desde una concepción de la ciudadanía inclusiva”. Además, creemos que si bien es necesario que se tomen medidas como las contempladas en este decreto, “más necesario aún es que se apruebe la Ley de Inclusión Social en Andalucía, que fue una de las primeras víctimas de la crisis y que lleva aparcada varios años”.
El portavoz de la Junta afirma que sería bueno que sus medidas no se quedaran en el ámbito de Andalucía y que Rajoy las adoptara
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado que sería bueno que las medidas que está adoptando la Junta para dar respuesta a las miles de personas que más están sufriendo la crisis, a través de los decretos ley de función social de la vivienda y de lucha contra la exclusión social, no se quedaran en el ámbito de Andalucía, sino que el presidente del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, tuviera sensibilidad y pusiera en marcha una estrategia nacional contra la exclusión social.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el decreto ley de lucha contra la exclusión social, ha manifestado que esos decretos forman parte de una estrategia global de la Junta, que seguirá avanzando con otras medidas en esa línea de protección de las clases medias y trabajadoras.
Vázquez ha indicado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, una vez que el decreto ley esté publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) solicitará una reunión a Mariano Rajoy para plantearle la necesidad de una estrategia nacional de lucha contra la exclusión social y que ponga en marcha una gran mesa de diálogo a nivel nacional que sirva para fortalecer la posición de España ante la Unión Europea (UE).
Ha calificado de “decepcionante” que el Gobierno de Mariano Rajoy “baje los brazos y se rinda” ante la situación económica y no adopte medidas para combatir el desempleo. Ha señalado que la respuesta a los más de seis millones de parados que hay en España no puede ser esperar “a que escampe”.
Vázquez ha señalado que la situación es ya de emergencia social para cientos de miles de familias, lo que exige un pacto nacional para luchar contra la crisis y generar empleo.
Ha lamentado que el Gobierno central, en cambio, no quiera corregir el rumbo equivocado que ha seguido ni una política económica que se ha demostrado fracasada y que nos hará perder toda la legislatura.
Miguel Ángel Vázquez ha señalado que frente a la actitud que mantiene el Gobierno central, la Junta de Andalucía opta por dar una respuesta a las miles de familias que están sufriendo la crisis y demuestra que se puede gobernar de otra forma, “pensando en las personas y no solo en los ajustes contables”.
Ha indicado que en Andalucía se están desarrollando políticas diferentes, con sello progresista y que anteponen el bienestar de los ciudadanos, todo ello, cumpliendo “a rajatabla” las obligaciones de consolidación fiscal.
“Frente al no podemos hacer más que esto de Rajoy, frente a la pasividad, frente a la impotencia y a la incapacidad para cambiar el rumbo económico, en Andalucía estamos demostrando que otra forma de salir de la crisis es posible, sin dejar a nadie tirado en la cuneta”, ha señalado.
Trinidad Jiménez dice que quienes critican el plan andaluz contra la exclusión social no saben cuál es el “drama” real
La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha afirmado este martes que “aquellos que critican el que se ponga en marcha un plan contra la pobreza y la exclusión social” son “gente que no sabe dónde estamos, cuál es la situación que estamos viviendo”, ni cuál es el “drama” real de muchas familias.
Así se ha expresado Trinidad Jiménez en una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre qué opina respecto de los que critican que el Consejo de Gobierno andaluz tenga previsto aprobar en su reunión de este martes el decreto ley de lucha contra la exclusión social.
“Hay una situación terrible, dramática, y es real que muchos niños no hacen las tres comidas que deberían hacer porque sus padres no se lo pueden permitir. Es real que muchas personas están en sus casas y no reciben la ayuda a domicilio. El no darnos cuenta en qué país vivimos, cuál es la situación y el drama que se está viviendo en muchas familias es no saber de verdad cuál es la realidad”, ha argumentado Jiménez.
La secretaria de Política Social del PSOE, ha explicado que los socialistas apoyan “enormemente” este plan que, a su juicio, es “importantísimo” y ha agregado que “ya algunas comunidades autónomas han decidido también copiar alguno de sus elementos”. “Lo está haciendo Canarias, lo está haciendo también Asturias”, ha concretado.
“Hay que hacer algo desde los poderes públicos. Un plan contra la pobreza y la exclusión tiene que tener dos fases”, ha subrayado, al tiempo que ha indicado que estas dos fases son: “Una, la ayuda de emergencia, inmediata destinada a paliar la situación terrible y dramática del día a día, y otra que tiene que ver con la activación de la economía y la creación de puestos de trabajo”.
En este sentido, ha señalado que “se ha hablado mucho de las tres comidas de los niños” que, desde su punto de vista, son “importantísimas”, pero ha lamentado que no se hable “de los 60 millones de euros que están destinados, por ejemplo, a activar el empleo en el sector de servicios sociales y la atención a las personas más desfavorecidas”.
“También es muy importante el activar y agilizar el que se ponga en marcha el salario social. Es lo que va a permitir a muchas familias que ya no tienen nada que al menos tengan algo”, ha sentenciado la dirigente socialista.
