PSOE y Vox rescatan la ley del Suelo del Gobierno andaluz que tumbaron en mayo y dan oxígeno a la legislatura

El Gobierno andaluz no tiene asegurado el apoyo de la oposición a sus Presupuestos para 2022, pero este martes ha comprobado que tampoco se enfrenta al “bloqueo legislativo” en el Parlamento que auguraba hace unos días el presidente Juan Manuel Moreno. La comisión de Fomento ha aprobado este martes el dictamen de la futura Ley del Suelo -“una de las más importantes de la legislatura” para la Junta- gracias a los votos de PP, Cs y Vox, y a la abstención del PSOE. Es el último trámite antes de la aprobación definitiva del texto en el Pleno y, para que salga adelante, ha sido necesario que los socialistas y el partido de extrema derecha, que dejaron caer esta ley hace seis meses, cambiasen el sentido de su voto después de muchas negociaciones con el Ejecutivo andaluz.

El presidente de la Junta se había fijado el mes de febrero como fecha tope para saber si la oposición le “obligaba” a adelantar las elecciones andaluzas, previstas para noviembre del año que viene. “Si hay una descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno, no nos quedará más remedio que disolver”, dijo, en una entrevista en El Mundo. Se refería a un escenario en el que la agenda legislativa de su Ejecutivo fuera bloqueada sistemáticamente en el Parlamento, donde el desmarque de Vox le ha dejado sin socio al que agarrarse. La oposición no le garantiza los Presupuestos, pero este martes ha dado oxígeno a la actividad parlamentaria, permitiendo que un gobierno en minoría saque adelante sus leyes y decretos en función de cómo los negocie.

Las últimas sesiones en el Parlamento antes de Navidad van a retratar la compleja dualidad de las relaciones entre el Gobierno andaluz y el PSOE de Juan Espadas, principal partido de la oposición. Y probablemente despejen el calendario electoral de 2022. Los socialistas caminan por dos senderos a la vez, uno conduce a apoyar uno de los proyectos legislativos clave del Gobierno de Moreno -la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), conocida como ley del Suelo-; el otro les llevará a presentar una enmienda a la totalidad el 18 de noviembre que podría tumbar el proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos, el último del mandato.

La primera norma ya fue tumbada por el Parlamento en el último periodo de sesiones a través de una enmienda a la totalidad de Unidas Podemos que prosperó, por sorpresa, gracias al apoyo del PSOE y la abstención de Vox. Fue la primera derrota política de Moreno que inauguraba la cuenta atrás de la legislatura. Vox retiró su respaldo al Ejecutivo para exigir un adelanto electoral, y el PSOE de Susana Díaz viró su estrategia en el último momento para sacrificar una ley a cambio de evidenciar la fragilidad parlamentaria del Gobierno andaluz. El problema es que esa norma no era sólo importante para la Junta. El borrador inicial partía de un proyecto que habían elaborado los propios socialistas en el mandato anterior, y cientos de alcaldes de su partido esperaban ansiosos que saliera adelante.

Tras el relevo de Susana Díaz al frente del PSOE-A, el nuevo secretario general y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, reconocería más tarde que aquello fue un error. Ahora su grupo se inclina por facilitar la aprobación de la LISTA, admitiendo que gran parte del articulado es un “corta y pega” del proyecto de ley que ellos mismos dejaron preparados al final de la pasada legislatura.

La Junta devolvió esa norma a la Cámara para renegociarla con los grupos profundamente -con más de diez reuniones- y la participación de empresarios, sindicatos, ecologistas... El dictamen de la ley que ha sido aprobado este martes incluye 26 enmiendas del PSOE aceptadas o transaccionadas, de las 50 que han presentado.

El cambio de criterio de PSOE y Vox demuestra que hay legislatura, aunque no haya presupuestos. Ambos partidos han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad contra el Presupuesto de 2022, que alcanza la cifra récord de 43.800 millones de euros. Moreno asegura que son las cuentas de la recuperación, las que vienen dopadas por la mayor inversión europea de la historia. Sin embargo, los mismos partidos que hoy dan oxígeno al Gobierno facilitando una de sus leyes más simbólicas, le niegan las cuentas con las que el presidente andaluz esperaba agotar el mandato. El pacto de los Presupuestos entre Moreno y Espadas, de mucho más calado político, se ha encallado desde el principio, con apenas un intercambio de documentos entre la Junta y el PSOE, muchos reproches cruzados, líneas rojas, ultimátum, indiferencia institucional y todo lo que cabe en un formato que es mitad negociación, mitad estrategia preelectoral.

Ambas leyes están en una fase desigual de tramitación parlamentaria, pero aún es posible que coincidan en el mismo Pleno la votación del dictamen de la ley del Suelo -previa a su ratificación definitiva en la Cámara- con el debate de totalidad de los Presupuestos, fijado ya para el próximo 24 de noviembre. El orden lo decidirá la Mesa la semana que viene. Llegado el caso, los socialistas podrían esgrimir en la misma sesión plenaria un acuerdo de calado en materia urbanística -muy importante para sus alcaldes, que gobiernan el 58% de los municipios andaluces- y una ruptura definitiva del pacto presupuestario que Espadas ofreció a Moreno en su despacho el pasado 1 de octubre.

Esa doble imagen le sirve a Espadas para demostrar que su partido es capaz de negociar y pactar con un Ejecutivo de PP y Cs y que no pretende “bloquear la legislatura ni la acción de Gobierno”, como denuncia Moreno. Ambos mandatarios se reprochan mutuamente que la negociación de los Presupuestos no prospera por culpa del otro. El socialista acusa al presidente andaluz de no haber tenido en cuenta sus propuestas -que obligarían a mover más de 800 millones de euros del proyecto de ley- ni haber tocado una coma sus números. Moreno responde que el PSOE andaluz ha dejado de ser autónomo y depende para todo de la dirección federal de Pedro Sánchez, contraria a un hipotético acuerdo.

El escollo de la LISTA

El apoyo a la LISTA es la prueba que va a esgrimir al PSOE para avalar su predisposición a pactar “grandes acuerdos políticos” con el PP. La futura ley del Suelo tiene dos objetivos fundamentales: el primero es la necesaria simplificación de trámites administrativos que están paralizando el desarrollo urbanístico de muchos municipios -en Andalucía hay 496 planes generales urbanísticos sin aprobar y cuya tramitación se ha retrasado nueve años-; el segundo es la sostenibilidad que debe acotar ese crecimiento urbanístico con respeto al medio ambiente. La Junta y el PSOE han logrado acercar posturas en la primera parte, con “mejoras técnicas y matices”, pero en la segunda parte han encontrado un “escollo” que imposibilita por ahora el acuerdo definitivo: se trata del último párrafo del artículo 22.2 de la ley, que permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.

Los socialistas consideran que estas tres líneas provocarán una “invasión de casas pequeñas diseminadas por el campo”, que luego obligarán a los ayuntamientos a proveerles con servicios básicos (agua, luz, accesos...). Están de acuerdo con permitir estas construcciones siempre que estén asociadas a una actividad agrícola o turística, pero exigen acotar las construcciones de todas esas personas que, tras la pandemia, han decidido irse a vivir al campo, construirse una casita pequeña y teletrabajar desde allí. La ley recoge que el propietario de esas viviendas unifamiliares -nunca se permitiría más de una juntas ni un núcleo urbano en mitad del campo- tendría que pagar un 20% de la misma al ayuntamiento como “prestación compensatoria”. El PSOE no lo ve y ha trazado ahí su línea roja: “Si no se modifica, el PSOE se va a oponer a esa ley”.

Sin embargo, es muy probable que el desacuerdo de los socialistas no vaya más allá de la abstención, que permitiría igualmente a la Junta sacar su ley adelante. El PSOE gobierna en 458 municipios de Andalucía, el 58% del total, y sus alcaldes están muy interesados en que la ley del Suelo se apruebe y entre en vigor cuanto antes.