La reforma del Parlamento andaluz prevé multar con 60.000 euros a quien no declare en una comisión de investigación

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha presentado a los diferentes grupos el borrador de una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara que espera aprobar por lectura única antes de que concluya la legislatura. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, dota por primera vez al Parlamento de un régimen sancionador, no contra los diputados, sino contra cualquier ciudadano de a pie. La propuesta de Bosquet, “avalada por los servicios jurídicos de la Cámara”, incluye multas de hasta 60.000 euros contra aquellos que se nieguen a declarar ante una comisión de investigación parlamentaria. Será la Mesa, órgano rector del Parlamento, la que regule “la imposición y exigencia de la sanción, a cuyos efectos podrá utilizarse el procedimiento de apremio”.

Este nuevo artículo del reglamento viene a corregir situaciones de incomparecencias que se han dado en la comisión que investiga las irregularidades en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, aún en curso, como las de los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos están inmersos en un proceso judicial por el macrofraude de los ERE y se negaron a declarar o no acudieron a la llamada del Parlamento. La Cámara derivó ambos casos a la Fiscalía, denunciando la vulneración del artículo 502 del Código Penal que regula “el delito de desobediencia”, pero el Ministerio Público archivó la denuncia. Ambos habían sido citados a declarar justo el día antes de la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019, junto con el ex propietario del prostíbulo Don Angelo en el que un ex directivo de la Faffe cargó gastos a una tarjeta de crédito con fondos públicos.

La propuesta de reforma del reglamento va más allá de lo dispuesto en el Código Penal, porque atribuye a la Cámara legislativa la potestad de sancionar a cualquier ciudadano que se niegue “a declarar y contestar a las preguntas que se le formulen” en una comisión de investigación. “Desconozco si existe algún otro Parlamento autonómico en España que regule este tipo de multas”, apunta Bosquet, tras defender que sea la Mesa quien decide sobre esas sanciones “con un criterio técnico, no político”.

El artículo en sí reza así: “La persona requerida tendrá derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo. Estará obligada a declarar y a contesta a las preguntas que se le formularen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado, salvo que concurra a causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo. El incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado con una multa de hasta 60.000 euros, tras el correspondiente procedimiento contradictorio, que será resuelto por la Mesa del Parlamento, a instancia del presidente o algún miembro de la comisión”.

El artículo 503.1 y 3 del Código Penal ya regula los casos de incomparecencia ante una comisión de investigación en las Cortes Generales o una asamblea legislativa autonómica: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

La propuesta de reforma del reglamento era un objetivo de Marta Bosquet en esta legislatura. El borrador es fruto de su trabajo y los servicios de la Cámara, que por ahora no ha contado con las propuestas de los grupos, aunque estos sí podrán aportar medidas a posteriori. “Es una propuesta de reforma técnica, no política, hemos tratado que sea lo más aséptica posible”, ha explicado. Su objetivo es que el resultado de la negociación permita aprobar la reforma de la Cámara en “dos o tres meses”. Para ello es necesario que sea aprobada por lectura única, es decir, por unanimidad de todos los miembros del Parlamento, un escenario difícil teniendo en cuenta que 2022 es un año electoral.

Desde PSOE y Unidas Podemos ya adelantan su rechazo frontal a que la Cámara legislativa sancione con 60.000 euros contra un ciudadano que se niegue a declarar ante una comisión de investigación. El portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, también ha expresado sus dudas al respecto: “No sé si tenemos margen, si el Parlamento tiene autoridad que le permita imponer una multa a un ciudadano y menos de esa cantidad, pero no puede ser un invento del reglamento de la Cámara, tiene que estar sustentado en una ley”.