Sáenz de Santamaría pide a Junta una colaboración “lo más intensa posible” para depurar responsabilidades
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a la Junta de Andalucía que tenga una colaboración “lo más intensa posible” en el caso de los ERE fraudulentos para que se puedan depurar responsabilidades. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha recordado que en un procedimiento judicial ante los tribunales todas las administraciones y, en este caso, la Junta de Andalucía, tienen “obligación de colaboración” porque así lo establecen las leyes.
De ese modo ha reclamado que la Administración andaluza tenga una actitud de colaboración “lo más intensa posible”, ya que, según ha subrayado “a todos nos interesa que se depuren responsabilidades, en casos como éste y en cualquier otro”.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha asegurado que no ve necesidad de “replantear” el pacto entre PSOE-A e IULV-CA en el Gobierno andaluz tras la operación Heracles porque, según ha argumentado, “en la misma situación, en los mismos hechos, con los mismos protagonistas y con la misma línea de investigación que tiempo atrás”.
Ha defendido que “tanto IULV-CA como el PSOE-A somos los más interesados, sobre todo nosotros, en que esto se aclare cuanto antes y que se depuren las responsabilidades que tengan que llevarse a cabo y que se recupere hasta el último euro de las arcas de la Junta de Andalucía que haya sido sustraído de manera ilegal”. Ha insistido en que la Junta le pide “celeridad y agilidad” a la justicia, para que cuanto antes paguen aquellos que hayan tenido un comportamiento indebido y se pueda recuperar hasta el último euro que se ha sustraído de manera ilegal de las arcas de la Junta de Andalucía“.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado que “en Andalucía, como en cualquier parte”, debe actuar la justicia, “caiga quien caiga”. “Responsabilidades penales las que toque y responsabilidades políticas corresponde a nuestra organización en Andalucía pedir las que tenga que pedir”, ha señalado el líder de IU.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado que no ha supuesto una “sorpresa” lo que la jueza Alaya ha puesto “encima de la mesa”, asegurando que, si “pasa de lo que ha sido la comisión de investigación, habrá que tomar decisiones”. “Lo que conocemos hoy ya lo conocíamos e insistíamos en que se tenía que intervenir más allá de donde se había llegado”, ha subrayado.
Ha acentuado que la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento andaluz “ya puso sobre la mesa todo lo que está poniendo la justicia”, recordando que dicha comisión de los ERE ya señalaba “responsabilidades administrativas, políticas y usos que no debieron nunca de utilizarse”, reiterando que “si pasa de lo que ha sido la comisión de investigación habrá que tomar decisiones”.
La presidenta del PSOE andaluz, Amparo Rubiales, ha criticado la “imprudencia” del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por plantear “confusiones políticas interesadas” en relación con el alcance de la operación. Durante su participación en una tertulia de Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por las declaraciones del director general de la Guardia Civil este jueves en Baeza (Jaén) en las que aseguraba que “están pendientes pasos muy importantes” en la operación iniciada sobre los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La dirigente socialista, que ha apuntado que desconoce “a qué se refiere” Fernández de Mesa con estas manifestaciones, ha considerado que suponen una “imprudencia” porque “esa no es su función”. “Los directores generales de la Guardia Civil cuando hacen investigaciones judiciales al servicio de la Justicia lo que tienen que hacer es ponerla al servicio de la Justicia y que sea la Justicia la que actúe y no venir a poner confusiones políticas interesadas”, ha subrayado.
El Partido Popular de Andalucía ha expresado sus sospechas sobre que algún miembro de los imputados o detenidos dentro de la denominada 'Operación Heracles' que lleva a cabo la Guardia Civil desde el pasado miércoles pudiera haber “estado” o “pasado” por los “despachos” del PSOE-A en San Vicente, por los del PSOE de Sevilla en Luis Montoto o incluso por los de la Diputación de Sevilla para “recibir órdenes” al respecto.
Así lo ha dicho en rueda de prensa el secretario general de los 'populares' andaluces, José Luis Sanz, quien ha exigido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que “salga de su escondite” y aclare si alguno de los miembros de “esta organización criminal tal y como la ha denominado la Guardia Civil” pudiera haber tenido alguna relación con su partido. “Hay dudas razonables”, ha dicho sobre la posible relación entre los detenidos e imputados en esta operación y el PSOE-A, aunque sin querer desvelar nombres ni aclarar a quién se refería en concreto.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha defendido que su partido ya ha dado la cara por el asunto de los ERE y pide que los responsables paguen su culpa. “Todo eso ha tenido una explicación, se ha dado la cara por ese asunto y lo que queremos es que la instrucción acabe lo más rápido posible. No queremos que se depuren las responsabilidades. Somos los primeros interesados en que suceda”, ha expresado Valenciano en una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press.
En este sentido, ha recordado que la investigación de este caso “parte de una denuncia de la Junta de Andalucía” y que, por lo tanto, lo que quiere el Gobierno andaluz es que se sepa la “verdad” de lo que ha sucedido y que los responsables “paguen su culpa”.
El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha afirmado que el caso de los ERE de Andalucía está “en manos de la justicia”, por lo que “en estos momentos” lo que cabe es esperar a que ésta actúe, “delimite responsabilidades y si ha habido culpables, los identifique para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley”.
De esta forma, Zarrías ha respondido al presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que este jueves le exigió que estableciera el papel que jugó en los presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, tras destacar su “íntima amistad” con el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, considerado 'conseguidor' de los ERE y al que la juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión este mismo viernes por su presunta relación con este caso.
“Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, que ver la viga en el suyo”, ha manifestado el secretario de Política Municipal del PSOE, que ha destacado que fue la Junta de Andalucía la que denunció el caso de los ERE “cuando tuvo conocimiento de que se estaban cometiendo irregularidades” y que, desde ese momento, la colaboración con la justicia ha sido “total y absoluta”.
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en reclamar “responsabilidades políticas” y ha pedido que “cuanto antes se facilite toda la información a la autoridad judicial, se sepa cuánto dinero se ha defraudado, quién se lo ha llevado y lo devuelva inmediatamente”.
Zoido ha reivindicado que esta investigación deriva “de la denuncia que presentó el PP por el ERE de Mercasevilla de 2003, donde ya aparecía como 'conseguidor' Juan Lanzas”. A partir de ahí, ha añadido, “se demostró que había irregularidades en la empresa en el ERE de 2007”, en el que Lanzas “actuaba como 'intruso'”. Por ello, ha instado a que “se asuman responsabilidades políticas cuanto antes”.
El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha mostrado la “gran satisfacción” del Gobierno autonómico por las recientes actuaciones del Juzgado, y que, a su juicio, “se ha puesto de manifiesto que aquí no existía un fondo de reptiles; a lo más, unos cuantos reptiles”.
En rueda de prensa, De Llera ha señalado que “por fin la actuación del juzgado se dirige contra aquellos personajes y conductas que ya apuntó la Policía Judicial en sus primeros atestados”, calificando de “certeras” las investigaciones, por buscar a “los verdaderos responsables del fraude” e indagar los flujos del dinero “que salió ilegalmente de las arcas de la Junta, para ver dónde está y procurar que se logre recuperar de todas las maneras”.
Por ello, se ha congratulado de la “contundencia” y “celeridad” de la intervención, que “disipan los temores de la Policía y la defensa de la Junta de que pudieran prescribir algunos delitos menores, declararse nulas pruebas obtenidas y producirse así la irresponsabilidad de que queden impunes los infractores”.
La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Alba Doblas, ha asegurado que la investigación judicial “sigue una línea muy previsible en lo penal” tras la operación Heracles y ha indicado que desde el punto de vista político “que cada palo aguante su vela y asuma sus responsabilidades”.
Doblas, que actuó como portavoz de IULV-CA en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso ERE, se ha pronunciado de este modo durante una tertulia en Canal Sur Radio en relación a las últimas decisiones de la juez encargada del caso. Tras apuntar que “no se entendía que Lanzas no fuese enviado a prisión antes” porque ya defendió en la comisión que estaba en el centro de todas las operaciones, la parlamentaria de IULV-CA ha indicado que tras la operación Heracles y las últimas decisiones de Alaya “no hay sobresaltos ni hay elementos que nos permitan ir más allá en el ámbito de la responsabilidad penal”.
El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y secretario general del PCE, José Luis Centella, ha asegurado que su formación no tiene “nada que ocultar” en relación al caso de los ERE, subrayando que la propuesta de dictamen que IULV-CA elaboró en la comisión de investigación creada en el Parlamento es un “calco” de lo que ahora está planteando la jueza encargada del caso, Mercedes Alaya.
En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el secretario de Organización de IULV-CA, José Luis Pérez Tapias, Centella ha indicado por tanto que son “otros”, en relación a PSOE y PP, los que tienen que explicar “por qué tacharon párrafos determinantes de la propuesta de dictamen que IULV-CA elaboró para la comisión de investigación”. Tras apuntar que la federación de izquierdas fue “determinante” para la creación de la citada comisión de investigación, Centella ha afirmado que su formación está “plenamente satisfecha” del trabajo que realizó en este órgano. Si bien, ha destacado que si hay otros partidos que “tacharon” parte del contenido, “ellos sabrán por qué”.
El sindicato UGT en Andalucía ha recordado que el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas “no tiene nada que ver” con este sindicato desde 2002 y, además, los hechos que se le imputan “nada tienen que ver con su etapa como sindicalista”, al tiempo que ha destacado que lo “importante” es la determinación de “todas” las responsabilidades en el proceso judicial dentro del caso ERE.
En declaraciones a Europa Press, el vicesecretario de Organización UGT-A, Francisco Fernández, ha pedido que se deje relacionar a Lanzas con esta organización sindical, algo que “sigue pasando a pesar de que se ha aclarado”. Asimismo, en una nota, UGT-A ha apuntado que Lanzas “no tiene nada que ver” con el sindicato desde el año 2002, por lo que esta vinculación “carece de todo rigor y perjudica gravemente la imagen” de esta organización.
La diputada autonómica de IU y coordinadora provincial de Almería, Rosalía Martín, ha asegurado que si llegara el momento en el que cualquier miembro del Gobierno andaluz fuese “culpabilizado” de algún delito, desde IU se haría “la reflexión pertinente” porque la formación “no va a estar gobernando con personas que están imputadas o con delitos en la Junta”.
Martín ha trasladado su “máximo apoyo” a la Justicia para que “caiga quien tenga que caer”; unas palabras que han sido respaldadas también el por diputado nacional de IU, Alberto Garzón, quien cree que “la única diferencia entre 'un Bárcenas' y 'un Guerrero' es una cuestión de grado”, ya que “cualitativamente responden al mismo problema de crisis económica y de crisis democrática” que desemboca en tener que “erradicar ese problema que es el de corrupción”.
