El Tribunal de Cuentas constata que no hay fraude en dependencia en Andalucía
El Ministerio de Sanidad difundió en enero un informe provisional del Tribunal de Cuentas en el que se hablaba ya de posible fraude en la aplicación de la Ley de Dependencia entre 2007 y 2011. Las cifras eran contundentes: 29.169 fallecidos seguían cobrando su prestación, lo que equivalía a 140 millones registrados indebidamente en las arcas autonómicas. Aunque los datos aún no se han difundido oficialmente, el informe definitivo del ente fiscalizador vendría a desmontar la estrategia del Gobierno central de valerse de estas cifras para poner en duda la gestión de las comunidades. En el caso andaluz, al menos, es así. Porque, según el Ejecutivo autonómico, de los 1.359 supuestos fraudes que se detectaron en aquel primer documento, tras las alegaciones de la Consejería de Salud y Bienestar Social, ya no queda ninguno.
Según datos de este departamento, de estos 1.359 casos (un 0,72% de todos los beneficiarios que hay en Andalucía), el 86,8% fueron resoluciones de fallecimientos que estaban correctamente grabados en el sistema (por tanto, el fallo fue del Ministerio que no contabilizó esas 1.180 muertes), un 2,21% fueron personas que se comprobó que seguían vivas y sólo en 36 casos estaba pendiente el registro de su muerte. No obstante, hubo dudas en 104 expedientes pero, según indicaron fuentes de la Consejería, se comprobó que al final eran errores derivados de la mecanización de datos, es decir, fallos simples a la hora de registrar fechas, los DNI o los nombres o apellidos de los beneficiarios.
Estos problemas ya están subsanados y remitidas las correcciones al Ministerio, lo que arroja un saldo favorable a la Junta, según resuelve el propio Tribunal de Cuentas, de 4,6 millones y que deberá pagar el Imserso. Ese dinero corresponde al desfase entre los beneficiarios a los que da cobertura la Junta y que no están reconocidos presupuestariamente por el Gobierno y por los que no ha dado un euro. Sin embargo, la Junta tiene claro que la cantidad es algo superior: hasta 5 millones. Una reclamación que fue enviada este mismo lunes al Ministerio que dirige Ana Mato.
Este giro en los datos fue analizado ayer tras el Consejo de Gobierno por el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, que ensalzó que al final el Tribunal de Cuentas “da la razón” a la Junta y deja al descubierto al Ejecutivo central, que difundió “de forma intencionada” aquel borrador para usarlo como “coartada perfecta” para perpetrar recortes en las partidas para dependencia y cuestionar a las comunidades.Dentro de ese “uso torticero” que denunció Vázquez, podrían estar las cantidades que se dieron entonces a conocer desde la Delegación del Gobierno: 4.194 irregularidades (en lugar de las 1.359 admitidas por el Tribunal de Cuentas) y 24 millones. Unos números que ahora han quedado reducidos a cero y a un saldo positivo de 5 millones.
Andalucía es una de las cinco comunidades que ha hecho los deberes desde que se detectaran estas irregularidades. Precisamente, el Ministerio de Sanidad admitía ayer que hay 12 comunidades que aún no han movido ficha, algunas incluso se han declarado en rebeldía, y que no han facilitado el paradero de 44 millones aportados por el Estado en 5.398 expedientes irregulares de dependientes.
En materia de dependencia, la Administración andaluza también avanzó un paso más en esa dirección al aprobar el decreto que modifica el reglamento de la Inspección de Servicios Sociales para garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones. De acuerdo con esta norma, se refuerza la inspección y se establece un nuevo régimen sancionador que para las personas cuidadoras va de los 300 euros en faltas leves hasta los 6.000 euros en las muy graves. Una horquilla que en el caso de proveedores de servicios va de los 30.000 al millón de euros, respectivamente. En la comunidad se detectaron el pasado año 51 infracciones, de las que hubo 35 graves y una muy grave.
