Vox salva el 'superdecreto' del Gobierno de Moreno y renuncia a forzar el adelanto electoral en Andalucía

El último Pleno del año en el Parlamento andaluz parecía el último Pleno de la legislatura. Cargado de electricidad estática entre sus señorías, con discursos de alto voltaje, acusaciones y descalificaciones entre los miembros del Gobierno de PP y Ciudadanos y los grupos de la oposición. Y con el presidente Juan Manuel Moreno, en tono solemne, lanzando continuas advertencias de las consecuencias de un “bloqueo parlamentario” que remite, una y otra vez, al fantasma del adelanto electoral.

Daba la sensación de que algo grande estaba a punto de caerse al suelo: podría ser el decreto ley de simplificación administrativa, que se votaba en el Pleno, y sobre el que el Gobierno de Moreno ha depositado la responsabilidad, nada menos, que de “transformar el sistema productivo andaluz”. O podría ser la propia legislatura, que finalmente sucumbiese a ese adelanto electoral cacareado por todos desde hace meses. O podría ser simplemente el Gordo de la Lotería de Navidad y los estertores de un periodo de sesiones difícil, con un puñado de diputados ausentes por dar positivo en Covid. Fuera del hemiciclo, una enorme tormenta y los niños de San Ildefonso cantando las bolas del sorteo.

La jornada arrancó a las 12.00 horas del mediodía con la sesión de control al presidente andaluz y terminó nueve horas después, cuando el Parlamento convalidó el 'superdecreto' ley de simplificación administrativa, que cambia 80 leyes de un plumazo, con los votos de PP, Cs y Vox, y el rechazo de PSOE, Unidas Podemos y los diputados no adscritos. Ni rastro de “pinza Vox-PSOE”. Ni rastro de bloqueo parlamentario. El último Pleno del año, el que debía aprobar los Presupuestos andaluces para 2022, condensaba una apretada agenda legislativa: tres decretos ley y dos leyes. Moreno logró el respaldo de la oposición a todos, o bien con el voto de los grupos de izquierda, o bien con el voto de Vox: “Hoy no somos pinza, hoy somos imperdible”, ironizó el diputado del grupo ultraderechista, Alejandro Hernández.

“La responsabilidad de Vox”

El Gordo de la Lotería se cantó a las 12.12 horas -dejó 35,3 millones de euros salpicados por Andalucía- y el Gordo político lo cantó desde la tribuna la diputada de Vox Ángela Mulas, pasadas las 16.00 horas de la tarde, cuando confirmó que su grupo iba a apoyar el decreto ley de simplificación. Acabó ahí con el suspense de la jornada, que por la mañana sonaba a fin de ciclo, a relato de disolución precipitada de la Cámara y convocatoria de elecciones antes de lo previsto [junio u octubre de 2022].

Moreno había repetido cuatro veces aquello del bloqueo parlamentario, de la parálisis de la economía andaluza imputable a una “oposición irresponsable”. “¿Los grupos de esta Cámara estamos aquí para que Andalucía, sus sectores productivos, sigan avanzando? ¿O estamos para el bloqueo? Esa es la pregunta. Cuando uno viene al Parlamento, tiene una responsabilidad con el pueblo andaluz”, avisó, solemne, el presidente. Pero el debate sobre el decreto ni siquiera había empezado. Los partidos que sostienen al Gobierno andaluz -PP y Cs- y el propio Moreno usaron sus intervenciones en la sesión de control, por la mañana, para anticiparse a la votación de la tarde, presionando a la oposición, singularmente a Vox, por si pensaba tumbar el superdecreto.

A esa hora, por muchas llamadas que se hicieron para saber qué haría Vox -se contactó con la dirección nacional en Madrid- la duda seguía en el aire. “Nos dicen que sí y al rato nos dicen que no”, explicaban en los pasillos los miembros del Ejecutivo. 24 horas antes, la diputada de Vox en el Congreso y potencial candidata a las andaluzas, Macarena Olona, había anunciado en Madrid la denuncia de su partido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el pasaporte Covid autorizado por la Junta.

La incertidumbre se había notado por la mañana en el cara a cara entre el presidente y el portavoz parlamentario de la extrema derecha, Manuel Gavira, al que Moreno le reprochó que sus críticas invadiesen el terreno personal. “Me ha dicho hoy que no tengo vergüenza, y en redes sociales me dicen cosas peores. Tengan cuidado con los atajos que están cogiendo”, le advirtió, sobre un hipotético voto similar al de la izquierda. Minutos antes, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se había acercado al escaño de Gavira y mantenido con él una charla previa a la sesión de control. La Junta ha elaborado este decreto ley de la mano de los principales sectores productivos -empresarios, constructores, industriales, comerciantes- y estos han intermediado para lograr que salga adelante. “Usted ha usado a las organizaciones empresariales en su beneficio. Hemos captado el mensaje”, le espetó Gavira a Moreno, con un mensaje críptico que se entendería horas después.

El decreto ley de simplificación administrativa fue rebautizado por Bendodo como “el decreto del sentido común”. La norma cambia de un plumazo 80 normas del ordenamiento jurídico andaluz en 33 políticas públicas, prácticamente en todas las áreas de Gobierno: urbanismo, medio ambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes. El objetivo es eliminar 330 trámites administrativos que, según la Junta y los empresarios que se beneficiarán del decreto, “obstaculizan” la inversión exterior, la creación de empresas y el desarrollo de proyectos. Pero el Ejecutivo andaluz ha sido mucho más ambicioso en su planteamiento: “Vamos a cambiar la cultura regulatoria de la Administración pública, profundizar en una economía liberal y transformar el modelo productivo andaluz”.

El planteamiento de PP, Cs y Vox es que la Administración debe ser más ágil y el marco jurídico más simple, y que el trámite para lograrlo debía ser necesariamente el procedimiento de decreto ley, esto es, la vía ultrarrápida, sin exposición pública ni fiscalización previa de la Cámara, para “aprovechar cuanto antes los fondos europeos Next Generation, que obligan a las consejerías a desarrollar proyectos en poco tiempo para gastar los millones que lleguen”, explican desde San Telmo.

Todos los portavoces de la oposición, incluido Vox, reprocharon al Ejecutivo andaluz que haya usado la figura del decreto ley para tramitar de forma urgente una norma que modifica de golpe 80 medidas del ordenamiento jurídico, algo que ya cuestionó el Defensor del Pueblo español en un informe cuando se aprobó, por la misma vía, el primer decreto ley de simplificación, en marzo de 2020. “¿Por qué tan rápido y por qué todos los cambios de una vez, por qué nos lo presenta como una cuestión inaplazable?”, preguntó Mulas desde la tribuna, respondiéndose que el propósito de Moreno era “dejar planchada la Junta y ponerse una medalla antes de las elecciones andaluzas”.

Que la votación del decreto ley era el punto clave de la sesión lo demuestra el incidente que tuvo lugar durante la intervención de la portavoz de Vox, nada más arrancar el debate. La vicepresidenta primera de la Cámara, la popular Esperanza Oña, dejó pulsado por error el botón de llamada a la votación, un timbre que resuena en el exterior del hemiciclo y que avisa a sus señorías de que el Pleno está a punto de votar. Muchos diputados que estaban en los pasillos entraron apresurados, con desconcierto, y Oña tuvo que explicar que había sido una falsa alarma.

La reducción de trabas burocráticas y la retirada de informes obligatorios de la Junta -en materia medioambiental y urbanística- forma parte del programa electoral de Vox. También es un punto de su acuerdo con el PP para la investidura de Moreno y del pacto suscrito después para garantizarle la estabilidad de la legislatura. Era difícil pensar que votarían en contra, sin embargo, los de Santiago Abascal llevan meses exigiendo la disolución del Parlamento y la convocatoria inmediata de elecciones. Nunca han estado más cerca de conseguirlo que este miércoles. De haber tumbado el decreto ley, dada las altas expectativas políticas donde lo había situado el presidente andaluz, las consecuencias podían haberse precipitado. Al final Vox ha vuelto a usar la llave de la legislatura para permitir a Moreno cumplir con su calendario y apurar el mandato hasta junio u octubre.

Eso sí, Mulas envolvió su “voto afirmativo por responsabilidad” con una sonora crítica al Estado de las Autonomías. “Este decreto ley demuestra lo innecesario del Estado autonómico: se requieren permisos a la Junta que ya pide el Gobierno central, se demuestra la duplicidad administrativa, la ineficacia, que el orden jurídico no se cumple y que las cargas burocráticas son excesivas”, subrayó.

La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, abrió el turno de los discursos en contra, acusando a Bendodo de “mentir”. “¿Por qué dice que los agentes sociales están a favor de este decreto ley? O que se ha hablado con todo el mundo. Usted miente. Eso es objetivamente falso”, advirtió. La coalición de izquierdas, igual que el PSOE, ya votó contra los dos anteriores decretos ley de simplificación, el que se aprobó en marzo de 2020, que modificó 28 leyes, y el que se aprobó en febrero de 2021, que regula la creación de grandes proyectos estratégicos para la Junta.

Nieto puso el acento en demostrar que esta norma no es inocua ni “apolítica ni carente de ideología”, como gusta insistir el presidente andaluz. “¿No es política la liberalización de horarios comerciales? ¿No tendrá eso un efecto para el pequeño y mediano comerciante? Si hasta el Arzobispado de Sevilla le ha dicho que adónde va con eso. ¿Y no es político abrir la inversión privada al servicio andaluz de extinción de incendios [Infoca]?”, se preguntó. La diputada de IU también se quejó de la celeridad con la que el Gobierno ha tramitado esta ley, tan cargada de modificaciones normativas, sin exposición pública ni fiscalización previa en el Parlamento.

Más duro fue el diputado del PSOE, Mario Jiménez, que arrancó su discurso pidiendo que se tramitase el superdecreto como proyecto de ley, para que los grupos de la oposición y los agentes sociales pudieran intervenir en su redacción, y terminó exigiendo a gritos la dimisión del consejero de la Presidencia. “¡Aquí debe dimitir alguien. Que dimita Bendodo, cuánta mentira!”, dijo. Jiménez tildó la norma de “cacicada” por no haber existido “diálogo social” ni “diálogo institucional”, en alusión a los alcaldes, que verán afectadas hasta 20 leyes de ámbito municipal.

El socialista leyó un párrafo de la exposición de motivos del decreto ley que advierte, en contra de lo que defiende la Junta públicamente, de que la economía andaluza crecerá por debajo de la media nacional en 2022. “Se acabó la propaganda barata. Sólo por este párrafo, yo lo aprobaría porque desenmascara a su gobierno”, aseguró.

La sesión plenaria se fue apaciguando cuando Vox confirmó su respaldo al superdecreto. El Parlamento aprobó los tres decretos ley -la simplificación administrativa; de ayudas al turismo, el ámbito educativo y cultural frente al Covid; y de medidas urgentes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- y otras dos leyes del Gobierno, una de ellas por unanimidad: la que regula los perros guías para personas discapacitadas visuales. La otra era la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Junta, que prevé aumentar un 15% los ingresos fiscales para Andalucía.

Es una ley que suprime gravámenes obsoletos -aún cuantificados en pesetas- e incorpora beneficios fiscales y otras figuras impositivas, por ejemplo, sobre el uso de espacios culturales de la Junta, sobre “ensayos clínicos y reconocimientos médicos” o para la protección ambiental. La Junta había negociado con el PSOE su apoyo -admitiendo 20 de sus 30 enmiendas-, pero finalmente los socialistas se han apartado, cuando la Consejería de Hacienda ha aceptado algunas enmiendas a Vox que consideraban “inadmisibles”: en la lista de beneficios fiscales, el texto distingue entre “violencia de género y violencia doméstica”. Este último término, que aparece en el Código Penal, la izquierda lo da por superado y considera que es una cesión “al negacionismo de la extrema derecha”.

El Parlamento andaluz cierra por vacaciones y el mes de enero es inhábil. El próximo periodo de sesiones arrancará en febrero, el mes que se ha autoimpuesto Moreno para calibrar si la oposición le obstruye la agenda legislativa, obligándole a convocar los comicios. Por ahora, el relato del bloqueo parlamentario hace aguas por todas partes. Quizá por eso las cornisas de la Cámara no dejaron de chorrear a borbotones durante toda la sesión plenaria.