166 viviendas y un aparcamiento subterráneo de 200 plazas en una localidad de 1.500 habitantes: ¿desarrollo o especulación?

Una macro operación urbanística divide a los vecinos de Sallent de Gállego (Huesca) y enfrenta a las formaciones políticas a ambos lados del espectro ideológico. El alcalde, el popular Jesús Gericó, pretende impulsar un vuelco al escenario de esta pequeña población pirenaica, de 1.500 habitantes censados, con la construcción de 166 viviendas y un aparcamiento subterráneo para 200 vehículos en el denominado “Poblado de la Central”, junto a la central hidroeléctrica. La oposición encabezada por el anterior máximo mandatario, el socialista José Luis Sánchez, tilda de esta propuesta de “pura especulación para seguir explotando nuestro territorio”.

El Ayuntamiento firmó el pasado mes de mayo con la multinacional Enel, propietaria de los terrenos, el convenio para la puesta en marcha del proyecto, que requiere asimismo de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. Un mero trámite, puesto que el PP goza de mayoría absoluta en el Consistorio con cinco de los nueve concejales. Los otros cuatro se reparten entre PSOE (2) y PAR (2). Se contempla la utilización de dos hectáreas de terreno para urbanizar 22.597 metros cuadrados. Se demolerán unas instalaciones abandonadas para construir en su lugar bloques de tres alturas más ático.

De las 166 viviendas previstas, el 10 % serán de carácter protegido y otro 10 % del aprovechamiento se cederá al municipio según fija la normativa vigente. La densidad prevista es de 75 viviendas por hectárea y se soterrará la línea eléctrica. Para Gericó, “se trata de dar vida a una zona en la que la degradación ha impedido el desarrollo, de facilitar el acceso a la vivienda de las parejas jóvenes y de aumentar las plazas de aparcamiento en beneficio del pueblo”.

La cuestión de las cercanas central y subestación eléctrica todavía ha de resolverse. Se encuentra explotada por Acciona tras el acuerdo alcanzado en su día con Enel, la propietaria de los terrenos que se pretenden urbanizar. Acciona ha presentado alegaciones al proyecto que, “no tienen razón” de ser, en palabras de Gericó, puesto que es “la propietaria de la central y no de los terrenos”. En 2012, Endesa trató de que viera la luz un proyecto para edificar 118 viviendas que ha desembocado en el actual, según denuncia José Luis Sánchez (PSOE), alcalde entre 1995 y 2007.

Sánchez habla de “especulación y degradación”, así como de que el proyecto “afecta gravemente a la zona de Berra y la Aduana”. Acusa al Ayuntamiento de “dejación de responsabilidades” por ceder a la compañía la responsabilidad de inscribir las nuevas determinaciones en el Registro de la Propiedad cuando debería “asumir su responsabilidad solidariamente con el adquirente”. Asimismo, el proyecto “choca con la normativa para el casco antiguo”.

Gericó entiende, en cambio, que este incremento de suelo público conlleva un “beneficio para el pueblo, los vecinos y los visitantes” y que el convenio resulta rentable para Sallent de Gállego porque las cargas impuestas a Enel supondrán 2,3 millones para la localidad. Además, el proyecto se trasladó hace unos días a los sallentinos y se tienen en cuenta como factores que engordan las razones para acometerlo el movimiento durante la temporada invernal de esquí o el festival Pirineos Sur.

Acciona ha presentado alegaciones que se han admitido a trámite, no así las de los socialistas José Luis Sánchez y su teniente de alcalde durante el periodo en que atesoró el bastón de mando, Pascual Royo, por haberse enviado fuera de plazo. Para Gericó, está “claro” que con Acciona no hay lugar a negociaciones porque se trata del explotador de la central hidroeléctrica y su voto en cuestiones urbanísticas no debe abandonar aquel ámbito. Sin embargo, Enel no tiene la obligación de llevar a cabo las compensaciones y las puede traspasar, lo que para Sánchez es “un escándalo”. Frente a las acusaciones de especulación, Gericó mantiene que se trata de un plan “que ya se ha dado a conocer, que está desarrollado por la corporación municipal y que no es una imposición por una mayoría absoluta”.