Las falsas acusaciones llevaron a la maestra turolense Josefina Ibáñez a lidiar con la justicia franquista

Cuando estalló la guerra, Aurelia Ibáñez se encontraba en casa de sus padres, en Albalate del Arzobispo, disfrutando de sus vacaciones. Dos años antes, en 1934, había sido destinada a Ainzón, donde residía desde entonces y ejercía como maestra. Sin embargo, el rápido desarrollo de los acontecimientos tras el golpe de estado le obligó a permanecer en su pueblo natal, dejando en la localidad zaragozana todas sus pertenencias.

Dos años después, en 1938, el vínculo con Ainzón volvería de golpe a su vida y con él, el inicio de su tortuosa relación con las autoridades franquistas que se materializó en la creación de un expediente de Responsabilidades Políticas que todavía se puede encontrar en el Archivo Provincial de Zaragoza. A este documento tuvo acceso el profesor de historia y descendiente de Albalate, José Manuel Pina, que quiso conocer más sobre las peripecias que vivió su paisana y es autor del artículo 'Aurelia Josefina Ibáñez del Río. El calvario de una maestra en la guerra y la posguerra', en la revista XIX y veinte.

Según pudo indagar el historiador, el calvario de Aurelia comenzó cuando el propietario del piso en el que se alojaba en Ainzón dio parte al alcalde de la localidad de que los enseres de la maestra continuaban en la vivienda, lo que impedía alquilar el piso de nuevo. El alcalde remitió la instancia al Gobernador Civil y Presidente de la Comisión de Incautaciones que, siguiendo el protocolo, pidió informes a la alcaldía de Albalate sobre la conducta de Aurelia en relación al Movimiento Nacional. 

La respuesta no se hizo esperar y en su escrito, el alcalde la definió como “una gran defensora de la causa marxista”. Es entonces cuando el Secretario de la Comisión de Incautaciones decide abrir un expediente de responsabilidad civil.

“Tal y como expone la propia Aurelia en un escrito que remitió después, en 1939, al Tribunal de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, ella no había tenido ninguna actuación que pudiera relacionarse con la causa republicana, de hecho, hace referencia también a que sus padres le inculcaron una educación basada en el modelo de honradez y moralidad y en las ideas católicas”, apunta Pina. 

El informe que llegó desde Albalate sobre la conducta de Aurelia mentía. La maestra fue víctima de un ajuste de cuentas -algo habitual en aquellos años- en este caso protagonizado por sus propios paisanos, que aprovecharon la oportunidad para tratar de castigar a Aurelia por hechos en los que se había visto involucrado un familiar cercano. 

Persecución y venganza

Según apunta Pina, el único delito que cometió Aurelia fue ser hermana de Mariano Ibañez del Río, activista e izquierdista relacionado con el Comité Revolucionario de Albalate. Dicho comité se formó el 1 de agosto de 1936 por miembros de la CNT y UGT con el objetivo de llenar el vacío de poder que se había generado tras el golpe de estado.

Para entonces, milicianos llegados desde Barcelona y pertenecientes a la Columna Ortiz, ya habían ocupado la zona tratando de recuperarla para la causa republicana. Es a ellos y a los miembros del Comité Revolucionario de Albalate, a quienes se les atribuye uno de los episodios más sangrientos que se recuerdan, pues entre el 16 de agosto y el 27 de septiembre 45 albalatinos fueron asesinados en el pueblo y sus alrededores. “Aunque nadie perteneciente a este comité apretase el gatillo, sí que fueron ellos quienes dieron los nombres y fueron a buscar a sus vecinos a sus casas”, explica Pina.

El hermano de Aurelia no fue miembro de este Comité, sino de una Comisión de investigación que se creó tres meses después de los fusilamientos para esclarecer los hechos, ya que muchos revolucionarios e izquierdistas fueron muy críticos con algunos de sus compañeros y condenaron los asesinatos. Mariano Ibáñez terminó siendo fusilado en la prisión de Torrero en septiembre de 1938, pero los vecinos de Albalate no olvidaron su vínculo con esta organización y volcaron su odio en la familia de Aurelia y en ella misma.

Con un expediente de responsabilidad civil de por medio, el caso de Aurelia pasó al Juez de 1ª Instancia e Instrucción del Partido Judicial de Borja. Este pidió informes sobre conducta a la Guardia Civil, al alcalde y a varios testigos más del propio municipio de Borja y después hizo lo propio con las autoridades de Sástago y de La Codoñera, donde Ibáñez había pasado algunos meses como maestra después de que se declarase la guerra. Todos ellos respondieron siguiendo la misma línea. En el caso de Borja incluso se afirma que “a nadie le constan actividades políticas ni como dirigente ni como propagandista…”. 

“Sin embargo, los informes que llegan desde Albalate sostenían lo contrario y, además de hacer alusión a su hermano, decían de Aurelia que era de oposición crítica y rigurosa con el Movimiento Nacional”, apunta Pina.

En agosto del 38 y haciendo caso omiso a los informes recibidos, a excepción de los que llegaron desde Albalate, el Juez Instructor de Borja dictó un auto en el que se tachaba a Aurelia Ibáñez de “tener una tendencia marcada en favor del Frente Popular” y por ello se procedía a “embargar todos sus bienes para hacer frente a las responsabilidades contraídas por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional”.

No fue hasta junio de 1941 cuando el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas dictó sentencia, condenando a Aurelia a cuatro años de inhabilitación para cargos de mando y una sanción económica de 350 pesetas. Aunque terminó cediendo a la petición  de liberar los bienes embargados del piso de Ainzón. 

Aquello también tuvo consecuencias profesionales para Ibáñez, que fue suspendida de empleo y sueldo durante un año, por parte de la Comisión Depuradora Provincial, lo que, a su vez, llevó aparejada la prohibición de solicitar plazas vacantes durante 5 años. “Todos conocemos nombres de profesores que fueron detenidos y asesinados durante la represión franquista. Aurelia tenía una baza y es que su padre había sido fundador de la Unión Patriótica en Albalate y Teniente de Alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera, eso jugó en su favor”, explica José Manuel Pina.

Después de aquello la albalatina solicitó el traslado de su plaza a Barcelona. Allí ejerció como profesora en el barrio de Santa María de Vilalba, donde agotó su carrera profesional y se instaló a vivir. En 2002, cuando había cumplido los 93 años, el ayuntamiento de Abrera le rindió un homenaje poniendo su nombre a la escuela.