Un informe sitúa a Aragón a más de mil millones de euros de paliar los recortes

Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Aragón a más de mil millones de euros anuales de recuperar el nivel de gasto en los servicios básicos del Estado de Bienestar que ha sufrido durante la crisis.

Según el estudio, la diferencia entre el gasto ejecutado en Educación, Sanidad y Servicios Sociales en 2009 era superior en 285,5 millones de euros al de este año, con saldos negativos de 22,3 (1.084 por 1.106,3) y de 172,1 (2.162,2 por 1.990,1) en los dos primeros y un avance de 40,7 (360,4 por 401,1) en el tercero.

En ese mismo periodo, en el que la comunidad autónoma perdió 29.315 residentes, el gasto por habitante cayó en 162 euros, al pasar de 2.686,21 a 2.523,83, un retroceso del 6,04 %, ligeramente inferior al 7,09 % que bajó el gasto total en esas áreas, pero en consonancia tanto con esa evolución como con la que ha tenido el peso de las políticas sociales en el conjunto del presupuesto, con una pérdida de 3,6 puntos.

Ese descenso, del 68,3 % al 64,7 %, se mantiene a pesar del avance que han registrado las partidas en esos tres ámbitos en los últimos tres años, con un aumento de en torno a 130 millones de euros, similar al aplicado al resto de políticas de la comunidad autónoma, que acumulan un desplome de 469,5 (de 1.678 a 1.209,5) si el punto de referencia es el ejercicio de 2009.

No obstante, Aragón ha logrado situarse por encima de la media estatal en algunas variables como el gasto por habitante en servicios sociales, que lleva dos ejercicios superando, y en el peso de este capítulo en el conjunto del presupuesto.

El “freno fundamental” de la elevada deuda pública

Ese desajuste de 285,5 millones de euros tiene, no obstante, una rémora de difícil solución: el aumento del endeudamiento, que en ese mismo periodo 2009-2017 alcanzó un montante de 888,6 millones, dinero que hay que ir devolviendo año a año con intereses, por bajos que estos hayan sido en el último lustro como consecuencia de las políticas expansivas del Banco Central Europeo.

Los Directores de Servicios Sociales consideran “la deuda contraída y sus costes como una de las más indeseables herencias de la crisis”, a la que califican de “freno fundamental” para “recuperar unos niveles aceptables de inversión social” ante “la debilidad estructural del sistema de financiación autonómica”.

“Recortar en políticas sociales como en el resto de inversiones públicas también ha tenido efectos negativos en la economía”, recuerdan, al tiempo que sostienen que “los recortes fueron más allá de lo necesario y han sido fruto de la imposición especulativa de los acreedores y no de la racionalidad de la gestión pública”.

En el conjunto de las comunidades autónomas, la diferencia del gasto total en Educación, Sanidad y Servicios Sociales entre 2009 y 2017 asciende a 8.255 millones. Únicamente seis de ellas, Baleares, Navarra, Euskadi, Cantabria, Asturias y la Comunidad Valenciana han superado el nivel inicial, mientras que dos como Cataluña y Castilla-La Mancha mantienen desfases superiores al 18%.

Aragón se encuentra entre las que más margen de mejora conserva en Sanidad, con un diferencial del 12,67% que únicamente empeoran Castilla-La Mancha y Cataluña,