Comienza una nueva etapa

Esta semana, el Gobierno ha sacado adelante la prórroga del estado de alarma por los pelos. Hasta la mañana del miércoles no estaba claro si iba a contar con los votos suficientes, que al final ha conseguido después de las negociaciones con el PNV y Ciudadanos. Es un aviso para futuras prórrogas que posiblemente sean necesarias: si el Ejecutivo no es capaz de afinar su estrategia y sumar voluntades corremos el riesgo de echar por la borda todos los esfuerzos realizados hasta ahora, y se pone en cuestión la eficacia del proyecto de reconstrucción.

La crisis del coronavirus cogió al gobierno de coalición sin apenas rodaje, sin terminar de encajar las piezas. Además, es evidente que gestionar una situación como la que vivimos es muy complicado, que hay muchos frentes y todos urgentes a los que atender, pero nada de esto justifica, a estas alturas, los errores reiterados del Gobierno. La deficiente coordinación y la discutible política de comunicación -excesivamente reiterativa y generalista, sin explicar buena parte de las medidas que se toman…- no han contribuido a generar la confianza necesaria en tiempos de crisis.

Por otra parte, la estrategia contra el coronavirus tiene que buscar un equilibrio entre los factores sanitarios –los más importantes-, económicos y político-sociales y en estos últimos, en un escenario nuevo con más dudas que certezas, el presidente del Gobierno no ha hecho suficientes esfuerzos por llegar a acuerdos con otros partidos e instituciones. Pedro Sánchez tiene que saber que para exigir corresponsabilidad hay que ofrecer codecisión.

Pero en mi opinión, no son los errores del Gobierno el principal problema que tenemos en este momento, sino la deslealtad institucional, el interés partidista y la incapacidad de buscar soluciones globales a un problema común. Ejemplos no nos faltan esta semana. La abstención del PP el miércoles no tiene nada que ver con estos errores, ni con la situación de la pandemia ni con la prórroga solicitada por el presidente del Gobierno. En diciembre del año pasado, después de una entrevista con Sánchez para hablar de la investidura, Pablo Casado dijo: “El PP no facilitará un Gobierno con los comunistas de Podemos” y en eso está desde entonces, en hacer lo posible por debilitar al Gobierno.

El líder del PP, en lugar de centrarse en la importancia de la prórroga para controlar la desescalada -como han hecho Ciudadanos y el PNV, que la apoyan porque la consideran necesaria, aunque mantengan sus críticas al Gobierno y planteen algunas modificaciones- se alía con las tesis de la extrema derecha y acusa a Sánchez de actuar por ideología, de ser el responsable de los muertos, del desastre económico, de limitar las libertades… Aunque en lo relativo a las libertades, a tenor de la política del gobierno de la Comunidad de Madrid, debe referirse a la libertad de los empresarios para seguir produciendo aun a costa de la salud de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Casado ya ha advertido de que si se pide otra prórroga votará en contra porque no cree necesario el mantenimiento del estado de alarma, pero tiene una alternativa para limitar nuestro derecho a la libre circulación: elaborar en dos semanas una ley que lo impida. ¿Una ley para mes y medio como máximo, que es lo que está previsto que dure la desescalada? ¿Con vocación de permanencia en el tiempo? ¿Así defiende el PP las libertades? Está bien que los populares nos ofrezcan alternativas y también su modelo de gobierno, que para Casado no es el de Galicia, Andalucía o Castilla León, sino el de la comunidad de Madrid, a cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hemos descubierto estos días como paradigma de dirigente político.

Tampoco el voto de los independentistas tiene nada que ver ni con la evolución de la epidemia ni con la propuesta de Sánchez. Su universo se limita a su Comunidad Autónoma, sin capacidad para entender que el coronavirus es un problema global al que debemos enfrentarnos de forma coordinada y, aunque por distintos motivos, parecen tan interesados como el PP en debilitar al gobierno.

En el ámbito institucional no está la cosa mejor. Entramos en una nueva etapa en el proceso de recuperación de la pandemia. Es una etapa más difícil, que va a requerir mayor grado de responsabilidad colectiva e individual. Esa responsabilidad, en un momento en que las medidas ya no van a ser homogéneas para todo el territorio, presupone la capacidad de entender que a lo mejor no nos toca estar entre los primeros. Es curioso, durante estas últimas semanas se ha venido acusando al Gobierno de no tener en cuenta las situaciones concretas de cada Comunidad Autónoma y, cuando sí las hay, llegan los enfados y las críticas. Hay dirigentes políticos que solo están en contra del “café para todos” si, además del café, les tocan unas pastas.

Si en esta etapa de transición entre el confinamiento y la vuelta a la actividad económica y social priman los intereses de parte sobre los colectivos, ¿qué pasara cuando nos enfrentemos a la tarea de reconstruir lo que ha destruido el virus? Mucho me temo que en una etapa en la que, al menos a corto plazo, no se va a poder ofrecer ninguna alegría, pocos sean los dispuestos a arrimar el hombro. Ahí va a tener un papel importante la movilización social. Espero que las organizaciones sociales sepan cubrir las deficiencias de algunas organizaciones políticas.