¿Libertad de expresión?

Esta semana ha sido movida, se ha flexibilizado el confinamiento de menores de 14 años -con algunos errores de bulto del Gobierno-, Pedro Sánchez ha terminado la ronda con partidos e instituciones para comenzar las negociaciones sobre unos nuevos “Pactos de la Moncloa”, el Consejo Europeo ha debatido sobre la intervención europea en la salida de la crisis… pero lo que más impacto me ha causado -el resto no me ha sorprendido- ha sido la reacción que ha tenido la intervención del general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia civil, el domingo 19. Dijo que la Guardia Civil trabajaba, en relación con las noticias falsas, en “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Luego añadió que el trabajo consistía en desmentir los bulos a través de sus redes sociales, pero esto ya no se tuvo en cuenta. Inmediatamente las derechas pusieron el grito en el cielo acusando al Gobierno de utilizar a la Guardia Civil para limitar la libertad de opinión y acallar a la oposición.

Estas críticas se reafirmaron un día después, cuando se conoció el contenido de un correo, enviado a las comandancias unos días antes, en el que se ordenaba la “identificación, estudio y seguimiento en relación por la situación creada por el Covid-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y 'fake news' susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”. Ya está, no fue un lapsus como dijo el Ministro del Interior, ya no cabe ninguna duda de que las declaraciones del general Santiago no fueron una improvisación, sino que correspondían a un plan premeditado del equipo de Pedro Sánchez.

Creo que el poder, independientemente de quien lo ejerza, tiene tendencia a utilizar las instituciones en beneficio propio y hay que estar vigilantes para que esto no suceda pero, ¿está el Gobierno limitando la libertad de expresión? ¿Ha dado órdenes a la Guardia Civil en ese sentido? Hasta ahora no hay ninguna evidencia que confirme las acusaciones. Las derechas han aprovechado la desafortunada intervención del general Santiago y utilizado la “desafección a las instituciones del Gobierno” para desgastar al Ejecutivo. Pero es evidente que hay un error: donde dice Gobierno debería decir Estado, porque no existe ninguna institución del Gobierno. Y si es así, ¿no debe la Guardia Civil desmentir bulos y 'fake news' susceptibles de generar estrés social -después de más de 30 días de confinamiento- y desafección a instituciones del Estado?

Que las derechas den otra muestra de cinismo proclamándose adalides de la libertad de expresión, cuando no han parado de perseguir a raperos, titiriteros, políticos o ciudadanos en general que ironizan, critican o no muestran el “suficiente respeto” a lo que los ultras consideran sus sacrosantos símbolos, está dentro de lo esperado. Lo malo del caso es que numerosos medios de comunicación y analistas de todo el espectro político han reaccionado defendiendo la libertad de expresión como un bien absoluto, incluyendo en esa libertad la de divulgar mentiras, independientemente del daño que estas puedan hacer.

En mi opinión sería un tremendo error considerar que los bulos y las 'fake news' están amparadas por la libertad de expresión, porque no existen los derechos absolutos y la aplicación de estos siempre tiene que tener en cuenta las consecuencias que provocan en la sociedad, las restricciones motivadas por la pandemia es un ejemplo claro. Ya sé que este es un terreno resbaladizo -a veces es difícil distinguir entre verdad y mentira o entre información y opinión-, pero es en el que nos tenemos que mover aunque a veces incurramos en contradicciones, porque las restricciones de la libertad de expresión pueden debilitar la democracia pero, ¿no la puede debilitar tanto o más la difusión de mentiras?