Mal comienzo del debate presupuestario

La aprobación de los Presupuestos Generales es una de las decisiones más importantes que debe tomar un parlamento cada año. En ellos se establece de qué ingresos se dispondrá, cómo se piensan recaudar y de qué manera se van a gastar; determinan el eje central de la política de un gobierno a nivel económico; sirven de soporte para el desarrollo de las políticas sanitarias, educativas o asistenciales y precisan el compromiso del gobierno con la lucha contra la desigualdad. Dada su naturaleza, es normal -incluso en otros países menos crispados que el nuestro- que no haya acuerdo entre bloques ideológicos distintos, cada uno tiene sus prioridades y esto se refleja en la manera de recaudar y gastar. Solo en situaciones excepcionales parece posible un pacto de este tipo.

La situación que vivimos en España -crisis sanitaria y económica, incremento del descontento social, necesidad de rentabilizar las ayudas europeas…- puede que no tenga ese grado de excepcionalidad pero, al menos, hubiese requerido un debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado más edificante, en el que cada opción política se hubiera centrado en explicar sus alternativas en lugar de en machacar a sus adversarios -incluso llegando al insulto, como en el caso de José María Aznar- pero de momento no ha sido posible. Tampoco ha ayudado la proximidad de las elecciones catalanas.

En política -como en el ajedrez- cada movimiento tiene una serie de repercusiones que hay que valorar. El proyecto de Presupuestos Generales puede ser aceptable, pero si se vota a favor se consolida el gobierno que se quiere cambiar, o se pierden votos en Cataluña, o se genera una crisis interna… El caso es que los apoyos al proyecto del Gobierno están condicionados, en muchas ocasiones, por cuestiones totalmente ajenas al mismo.

A cualquier gobierno le interesa un apoyo amplio de sus propuestas, especialmente en el caso de los Presupuestos, esto le permite ampliar su base y hacer más efectivas y duraderas las medidas aprobadas. También a la mayoría de la ciudadanía nos convendría una relajación de la política frentista, avanzaríamos en medidas concretas y disminuiría el nivel de crispación, pero buena parte de los grupos parlamentarios no está por la labor. Otra vez se ha impuesto el cálculo partidista, la desinformación o la mentira.

El Partido Popular sigue teniendo como prioridad debilitar al Gobierno y en eso centra su estrategia -el centrismo lo debe reservar Pablo Casado para la intimidad- aireando los fantasmas del comunismo o de ETA. Acusar al Gobierno de presentar unos presupuestos comunistas porque Podemos es comunista -lo que no es cierto en el caso de muchos de sus militantes y dirigentes- es una manera lamentable de hacer antipolítica. Pretende descalificar todo lo que tenga un sesgo comunista independientemente del contenido de la propuesta, obviando la contribución del Partido Comunista a la transición y la consolidación de la democracia. Siguiendo la línea argumental de los populares, llegaríamos a la conclusión de que la patronal española también es comunista, dados los acuerdos a los que está llegando con Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, en este caso sí, militante comunista.

El otro espantajo al que han recurridos los dirigentes del PP ha sido considerar a EH Bildu como el heredero de ETA y, como tal, responsable de sus asesinatos. En este caso tampoco les importa la trayectoria de sus dirigentes actuales ni la política que defienden en las instituciones, centrada en “ampliar derechos y libertades de toda la ciudadanía”, o conseguir un modelo fiscal “capaz de hacer real que quien más tenga más pague”. Nada que ver con las cuestiones identitarias a las que nos tenía acostumbrados la llamada izquierda abertzale.

No creo que el acercamiento de los presos de ETA sea una contrapartida al apoyo a los Presupuestos, todos los gobiernos lo han hecho, sino, más bien, como dice Gorka Landáburu, una cuestión de humanidad con las familias, ya que para los presos, la cárcel de Zuera no es menos cárcel que la del Puerto de Santamaría. La condena de los presos es privación de libertad, no cumplirla a 1000 kilómetros de su familia. 

Es cierto que Bildu tiene una enorme asignatura pendiente, la de condenar los asesinatos de ETA -esta es una contradicción con la que tendremos que convivir durante algún tiempo si queremos avanzar en la normalización política con el sector de la sociedad vasca que representa Bildu-, pero el PP debería ser más prudente en sus críticas, especialmente cuando está gobernando con el apoyo de quienes todavía -y han pasado muchos años- no solo no ha condenado el golpe de estado de Franco sino que considera que cualquiera de los gobiernos de la dictadura era mejor que el actual.

Al margen de la actitud del PP, la dispersión de grupos en el Congreso no facilita la acción de gobierno y menos si en el Ejecutivo aparecen diferencias de cierto calado. Es normal que Unidas Podemos quiera hacerse notar y marcar perfil propio, más ante la proximidad de las elecciones en Cataluña, pero, sus movimientos en los últimos tiempos, están demostrando un excesivo tacticismo a la vez que un “particular” sentido de la lealtad con sus socios de gobierno. Es difícil de entender que, después de acordado el presupuesto, UP presente una enmienda con Esquerra Republicana y Bildu para doblarle el brazo al PSOE.

La apuesta de Pablo Iglesias por apuntalar el bloque de la investidura tiene su lógica, puede favorecer políticas progresistas y achica espacios a Ciudadanos, pero también tiene sus contrapartidas. No dar cancha a Ciudadanos dificulta su crecimiento y, por lo tanto, minimiza el riesgo de un posible gobierno PSOE-Cs, pero no creo que, a corto plazo, la suma de PSOE y Cs puedan formar gobierno, sin embargo la desaparición del partido de Inés Arrimadas beneficiaría al PP. Creo que para la izquierda -al menos para la izquierda no frentista- no sería negativo, si mantiene su política actual, un cierto crecimiento de Cs. Dada la escasa fiabilidad de ER como socio, hace bien Pedro Sánchez en mantener abiertas todas las opciones.

El debate presupuestario no ha hecho más que empezar y con él nos jugamos bastante más que el futuro presupuesto público de España. La desconfianza en las instituciones, que ha crecido considerablemente con la pandemia, debilita la democracia de un país y los debates parlamentarios no están contribuyendo a mejorar la situación. Ojalá los diputados y diputadas prioricen las necesidades de la mayoría, aprueben los presupuestos necesarios para esta época de crisis múltiple y tan necesitada de cambios y, a la vez, sean capaces de construir ámbitos de encuentro que superen los intereses partidistas y el corto plazo. Sería una buena compensación al horrible año que nos ha tocado vivir.