Una venta a cachos de lo que es de todos

En las últimas décadas, la primavera siempre ha traído consigo reivindicaciones estudiantiles. Junto al renacer del buen tiempo, el derecho a la educación superior pública y de calidad vuelve a estar en la palestra y, tristemente, en entredicho. Otro mayo más, como hace ahora mismo un año, vemos con cierta sorpresa cómo nuestra universidad pública vuelve al centro del debate político por culpa de sus estudios o, mejor dicho, de los que quieren que dejen de ser suyos, que los convierten en un bien preciado a conquistar o confiscar.

Si hace un año el debate versaba sobre la implantación del grado de Magisterio en la Universidad San Jorge a manos de un Partido Popular entregado a la causa de vender a cachos nuestra universidad pública, este curso es el grado de Derecho el que parece estar en oferta. Y si bien es cierto que dicho grado se imparte en la Universidad de Zaragoza y que su duplicación no afectaría, esta vez, a los campus mal llamados periféricos de Huesca, Teruel y La Almunia, su duplicación se adentra en el corazón mismo de lo que una universidad pública ha de ser, cuestionando y privatizando un derecho que ha de ser de todos.

Cuando, desde Podemos Aragón, defendimos introducir la exigencia de no duplicidad de los grados en la Ley de Universidades de Aragón lo hicimos apoyados en dos ideas fundamentales: la primera, defender la universidad como elemento vertebrador de  Aragón, una tierra despoblada, dispersa y con un excesivo centralismo en nuestra administración que merma el desarrollo de nuestras ciudades intermedias. La universidad, en ciudades como Huesca o Teruel, es sin duda uno de los focos centrales de dinamismo, de fijación de población y de generación de recursos para estos núcleos urbanos. Ejemplo de ello es que en ciudades como Huesca el flujo estudiantil genera más de 3 millones de euros anuales. Y, aunque la defensa de esta no duplicidad se centró en esta idea de la universidad como elemento vertebrador, éste no era el único argumento.

La segunda idea fundamental que apoyaba nuestra defensa es que la universidad pública no puede ser el campo de pruebas barato para las universidades privadas. No podemos permitir que el riesgo en la implantación de estudios lo asumamos entre todos y todas con el dinero común y que cuando un grado se estabilice en un territorio y se consolida, se apropie de dicho arraigo el capital privado. Y más cuando, como es el caso del grado de Derecho, la demanda de estudiantes no excede la oferta pública y la duplicidad mermará directamente los recursos de la universidad pública, la única que garantiza el acceso por igual a todos los estudiantes y la única que respeta los estudios superiores como mecanismo democratizador y generador de ciudadanos libres.

No podemos permitir que otro año más, al albur del verano y con los exámenes mediante, el Gobierno de Aragón acepte regalar el esfuerzo de generaciones que lucharon por conseguir que la universidad dejara de ser un privilegio. Otro mayo más, como hace un año, volvemos  a defender lo que es todos, volvemos a defender la universidad pública y sus históricos estudios de Derecho. Otro mayo más volvemos a decir que la educación no se vende a cachos, ni se privatiza en diferido. Pero este mayo esperamos que sea distinto, y que la ley, esta vez sí del lado de lo que es de todos, ampare, mediante su no duplicidad, a nuestra universidad pública de Zaragoza.