Azcón acata la exigencia de Sánchez y cumplirá “sin problemas” el registro de objetores para garantizar el aborto

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que su Ejecutivo cumplirá “sin problemas” con la creación y regulación del Registro de Personas Objetoras previsto en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La declaración se produce tras el requerimiento formal enviado por Pedro Sánchez a varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, para que adopten las medidas necesarias para implementar este registro.

Azcón ha recordado que la normativa original de 2010 obliga a todas las comunidades a disponer de este registro, y ha subrayado que, pese al tiempo transcurrido y los distintos gobiernos que han pasado, la Comunidad cumplirá con lo estipulado por ley. “Tenemos que respetar las leyes y su cumplimiento. Lo haremos sin ningún problema”, ha señalado, añadiendo que el debate no debe centrarse en las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este Registro de Personas Objetoras de Conciencia se estableció la reforma de la ley del aborto hace dos años. En diciembre del año pasado, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un protocolo para el desarrollo de los registros.

El presidente aragonés ha aprovechado también para criticar lo que considera un uso político de la medida por parte del Ejecutivo central. Según Azcón, “hoy Sánchez quiere poner el aborto en el centro del debate porque no quiere que hablemos de los sobres. Hay indicios más que evidentes de que el PSOE se está financiando de forma ilegal. El problema del Gobierno no son las mujeres, sino sus propios escándalos”.

Pese a estas críticas, Azcón ha garantizado que la Comunidad pondrá en marcha el registro de objetores en el plazo marcado por el Gobierno central, que ha dado un plazo de tres meses para su cumplimiento. En caso de no hacerlo, el Ejecutivo de Sánchez podrá activar mecanismos legales, como recurrir al Tribunal Constitucional o iniciar procedimientos contencioso-administrativos, para forzar la implementación de la ley.

El requerimiento del Gobierno forma parte de su estrategia para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad. Sánchez ha recordado que la falta de este registro limita de facto el acceso a un derecho fundamental y ha instado a las comunidades a garantizar que exista un número suficiente de profesionales para atender estas solicitudes.