El Gobierno de Aragón concederá ayudas de manera directa a los afectados por el incendio de Ateca

El Departamento de Agricultura tiene previsto aprobar y publicar este mes el decreto ley de ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por el incendio de Ateca, y que incluye una nueva fórmula de gestión de las ayudas que permitirá reducir los plazos con una fórmula de concesión directa y con carácter excepcional, que permitirá pagar a los afectados a la mayor celeridad posible.

Así se lo ha trasmitido este miércoles el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, a los alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal de Ateca, en una reunión que ha tenido lugar en el consistorio atecano y a la que también han asistido el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), María Dolores Pascual.

El Servicio Provincial de Zaragoza ha hecho un primer avance de los usos del suelo dentro del perímetro afectado por el incendio, que asciende a 13.825 hectáreas, de las que 10.500 son de monte (7.000 de pasto arbustivo, 2.500 arboladas y 1.000 de pastizales y eriales).

De las 3.000 hectáreas de labor afectadas, 2.560 se corresponden con cultivos de secano (1.490 de herbáceos, 930 de almendro y olivo y 140 de viñedo) y 445 de regadío (230 hectáreas de frutales, 206 herbáceos y 11 de viñedos) y 25 de otros usos.

Otras 1.170 hectáreas corresponden a pastos declarados en la PAC y que, por tanto, sustentan ayudas a la ganadería extensiva, por lo que requiere de la adopción de medidas administrativas -que ya se están estudiando- para mantener la actividad ganadera durante los próximos años, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Asimismo, ya se han identificado once ganaderos de ovino que suman 5.885 cabezas de ganado, que se verán directamente afectadas por el acceso a dicho pastos y que, como ha incidido Olona, “requiere de la búsqueda de soluciones alternativas de pastoreo para afrontar la limitación impuesta por el propio incendio, así como la aplicación de ayudas excepcionales vía el Decreto-ley en el que se trabaja”.

Respecto del ámbito agrícola, las mayores afecciones se sitúan en los cultivos leñosos, cuyas superficies tanto en secano (1.070 hectáreas) como en regadío (241) tienen “muy distinto” grado de afección.

En concreto, según Olona, unas 100 hectáreas en regadío y “no menos” de 200 en secano “presentarían afecciones graves o muy graves y que en su mayor parte requerirán su arranque y replantación”.

Estos daños a los cultivos leñosos afectan a 126 agricultores, de los que 47 son titulares de explotaciones prioritarias.

Por otro lado, en las afecciones a las infraestructuras colectivas de riego gestionadas por las comunidades de la zona se han visto “gravemente afectadas” en una extensión de 1.695 metros lineales, que requieren de su inmediata reposición.

Por su parte, el presidente de la DPZ ha anunciado que la institución aportará al plan de restitución “los fondos que sean necesarios” para reparar los daños en las infraestructuras municipales afectadas.

Estos fondos se destinarán a la reparación de aquellas infraestructuras de propiedad municipal que se hayan visto afectadas por el fuego como la reparación y sustitución de tuberías locales dañadas así como el arreglo de edificios locales que también hayan sufrido daños como consecuencia del incendio.

Sánchez Quero ha explicado que para acelerar los trámites y darles respuesta “a la mayor brevedad posible” desde la DPZ se enviará a un técnico a los municipios afectados para registrar los daños.

El plan de restitución combinará actuaciones a través de medios propios, como el parque de maquinaria de la Diputación de Zaragoza, con ayudas directas a los ayuntamientos, y se llevará a cabo en coordinación y de manera complementaria a las actuaciones que lleven a cabo otras administraciones.

La DPZ también ha puesto a disposición de los ayuntamientos los servicios jurídicos de la institución que, en el caso de que alguno lo solicite, se agruparán todas las demandas “si es que las hay, para exigir responsabilidades civiles independientemente de que cada ayuntamiento se persona en la causa por su cuenta”, ha explicado Sánchez-Quero.

La Diputación de Zaragoza ya aprobó la declaración institucional con la que junto a los ayuntamientos se ha pedido al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para que lleguen cuanto antes las ayudas establecidas para este tipo de desastres naturales.