La cultura en Aragón: ese derecho que siempre puede esperar

Aragón vuelve a ocupar un lugar conocido en los rankings de cultura: estamos entre las comunidades que menos invierten. No es una sorpresa, es una dinámica sostenida en el tiempo. Lo llamativo no es el dato, sino la naturalidad con la que lo asumimos, entre una resignación aprendida y una sorpresa más bien impostada. Quizá porque la cultura se ha instalado cómodamente en un escalón muy concreto de nuestras prioridades colectivas: importante, sin duda; urgente, casi nunca.

El problema no es solo presupuestario, es profundamente político. La cultura no decide elecciones, no provoca crisis de gobierno ni abre informativos. Su deterioro es silencioso, educado, casi invisible. No hay cierres abruptos ni estallidos sociales: los proyectos se van debilitando, quienes crean se precarizan con discreción y los territorios pierden tejido cultural sin que se active ninguna alarma. Y esa lentitud la convierte en el ámbito perfecto para ser pospuesto sin asumir responsabilidades.

Pero no toda la responsabilidad es institucional. La cultura tampoco ocupa un lugar central en la reivindicación social. Se consume, se disfruta, se aplaude, pero rara vez se exige como lo que es: un derecho. Defendemos con razón otros derechos cuando los sentimos amenazados, mientras aceptamos con una inquietante normalidad la fragilidad estructural de la vida cultural. No por desinterés, sino porque seguimos sin interiorizar que la cultura no es un complemento, sino una base que sostiene la calidad democrática, la cohesión social y el pensamiento crítico.

En este contexto, la propuesta de una Ley de Derechos Culturales para Aragón no es un gesto retórico ni una demanda sectorial. Es, probablemente, una de las herramientas más eficaces para corregir un problema histórico. Una ley de derechos no embellece discursos: obliga a planificar, a garantizar el acceso, a equilibrar territorios, a reconocer a quienes sostienen la cultura y, también, a dotarla de recursos. No por voluntad coyuntural, sino por responsabilidad pública.

Ahí reside su verdadera fuerza. Cuando la cultura deja de depender del interés del gobernante de turno y pasa a ser un derecho exigible, el debate cambia de naturaleza. Ya no se discute si “hay dinero”, sino cómo se cumple una obligación colectiva. Y eso incomoda más que cualquier cifra.

Una ley no resolverá todos los problemas, pero puede fijar un suelo mínimo del que no deberíamos volver a caer. Puede evitar que cada legislatura empiece de cero y que cada recorte se normalice como inevitable. Y puede recordarnos algo esencial: que la cultura no es un adorno institucional ni un entretenimiento prescindible, sino un bien común de primera necesidad.

Porque cuando la cultura falla, no lo hace de golpe. Se nota más tarde. Se nota cuando una sociedad deja de hacerse preguntas incómodas, cuando el pensamiento crítico se debilita, cuando el espacio común se empobrece y la identidad colectiva se reduce a consignas vacías. Se nota cuando ya es tarde para echar de menos lo que se dejó marchar sin ruido.

Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos no solo qué cultura queremos, sino qué sociedad estamos dispuestas a ser sin ella. De asumir que los derechos que no se defienden, que no se reclaman y que no se exigen, acaban convirtiéndose en decorado. Y de entender que una cultura que siempre puede esperar es una cultura condenada a desaparecer lentamente, sin escándalo y sin responsables claros. La cultura no pide privilegios. Pide compromiso. Y ese compromiso es colectivo.