Mercenarios del negocio público

El punto de partida es claro: cuando los servicios públicos se ponen al servicio del lucro privado, dejamos de hablar de gestión y empezamos a hablar de mercenarismo. Históricamente, el mercenario era quien vendía su capacidad de hacer daño al mejor postor; hoy son quienes, sin lealtad alguna a lo común, utilizan lo que es de todas nosotras para engordar cuentas de resultados. El mecanismo es el mismo: ausencia total de ética y un único horizonte, el beneficio.

Desde hace décadas venimos advirtiendo —muchas veces en soledad— de que convertir derechos en mercancías tiene consecuencias estructurales. Cuando la sanidad, la educación o la dependencia dejan de ser universales y pasan a funcionar como mercados, la ciudadanía deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser clientela. Lo que vemos en la sanidad madrileña, y en otros territorios, confirma ese diagnóstico: la llamada “colaboración público-privada” no busca garantizar la salud de la gente, sino maximizar beneficios. Que un CEO ordene aumentar listas de espera o reutilizar material sanitario de un solo uso no es una anécdota, es la lógica misma del negocio aplicado a un hospital público.

Este caso, lejos de ser aislado, ilustra un problema estructural: la privatización ni mejora la calidad, ni abarata costes, ni garantiza universalidad. Lo que hace es subordinar derechos básicos a los intereses del capital privado. Y mientras tanto, las derechas continúan una estrategia calculada de desgaste: desprestigian lo público, recortan plantillas, saturan aulas y consultorios, abandonan el medio rural y, cuando el deterioro se hace evidente, presentan al sector privado como única alternativa. Esa es la puerta de entrada de los mercenarios del negocio sanitario, educativo o social.

La misma lógica actúa en la educación, donde la segregación por origen, renta o condición social se normaliza bajo el relato de la “libertad de elección”. Pero la libertad de mercado no es libertad de derechos: la escuela privada no llega a todo el territorio, no garantiza igualdad y no responde al interés general. Ocurre igual con las residencias, con la dependencia, con cada ámbito donde una necesidad humana se convierte en nicho de negocio.

Ahora se abre un ciclo electoral y la ciudadanía vuelve a tener en sus manos una decisión crucial: quién va a gestionar sus derechos y libertades. El voto siempre es libre y soberano, pero también es responsable. Cada persona puede optar por quienes han permitido que mercadeen con su salud o la educación de sus hijas e hijos. Puede hacerlo, pero debe saber que ese voto será cómplice de la demolición de los únicos servicios que garantizan igualdad sin importar dónde vivas, de dónde vengas o cuánto dinero tengas.

Nosotras defendemos lo contrario: reforzar lo común, recuperar lo que es de todas y darle la vuelta a este modelo de retrocesos. Porque la mayoría social necesita derechos blindados, no mercados abiertos; necesita servicios públicos fuertes, no mercenarios del negocio sanitario o educativo. Y esa tarea solo puede hacerse desde la unidad, la organización y la conciencia de que la defensa de lo público es la defensa de nuestra propia dignidad colectiva.