El anterior Gobierno de Aragón adjudicó 3.800 plazas geriátricas a entidades privadas en plena campaña electoral
Dos terceras partes del sector de las residencias geriátricas está en manos privadas en Aragón, una Comunidad en la que hay censadas 277.307 personas mayores de 65 años. Casi uno de cada tres vive solo, una situación especialmente habitual en el mundo rural.
Para atender a ese amplio grupo demográfico -el 21% de la población-, las instituciones públicas disponen, según los datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autónomo, de 3.650 plazas: una por cada 76 aragoneses en edad de jubilación. El ratio refleja la escasa capacidad del sector público para atender a la población de edad avanzada que necesita atención permanente.
Por el contrario, solo las instituciones privadas y entidades asistenciales que presentaron ofertas en el convenio marco que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del anterior Gobierno de Aragón, suman 10.681 plazas. “No estaban todas concertadas”, aclaran fuentes de Ciudadanía. Tampoco son todas las que suma el sector privado.
Casi 4.000 plazas adjudicadas en plena campaña electoral
El llamado acuerdo marco fue un contrato-programa por el que el 15 de mayo, en plena campaña de las elecciones que les desalojaría del Ejecutivo, el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) del Gobierno PP-PAR adjudicó una contrata de 144 millones de euros (138,7 más IVA) para que entidades privadas gestionen durante cuatro años 3.866 plazas geriátricas en régimen de concierto. Las entidades tuvieron nueve días naturales, con un puente de cuatro días en medio, para presentar las ofertas, que inicialmente eran para 2.857 internos.
La actual consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, ha evitado abrir una polémica y ha eludido cargar contra esa decisión de la anterior Administración. No obstante, sí ha admitido que limita la capacidad de maniobra de su equipo. “Un Gobierno debería tener cuidado con las decisiones que toma cuando está en funciones”, se limitó a decir.
Esa cifra de 10.681 plazas que ofreció el sector privado, que prácticamente triplica la capacidad del público, incluía las 18 plazas de la residencia de Santa Fe, cuya contratación en régimen de concierto no llegó a ser formalizada por el IASS. Ocho internos de ese geriátrico murieron la madrugada del 12 de julio en un incendio que, según apuntan las investigaciones de la Guardia Civil, fue provocado por una de las residentes, que habría prendido fuego a un colchón. Fue encarcelada a finales de ese mes por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza.
Incendios, evacuación, mantenimiento y salubridad
Las pesquisas revelaron que llevaba funcionando desde 1998 sin licencia y después de que varias inspecciones detectaran irregularidades que no llegaron a ser corregidas. Esa situación hizo que los nuevos responsables de la Comunidad autónoma y del Ayuntamiento de la capital pusieran en marcha sendos planes de inspección de los geriátricos de sus ámbitos.
Las revisiones se centrarán en cuatro puntos -sistemas de prevención de incendios y de evacuación, mantenimiento de las instalaciones y condiciones higiénico-sanitarias-, aunque “ello no impide que se verifique en su integridad el cumplimiento de la normativa de aplicación”, señalaron desde la Consejería de Ciudadanía.
En los registros del Gobierno de Aragón constan inscritas 175 residencias, de las que solo 57 son públicas, ya sean de la Comunidad autónoma, de comarcas o de ayuntamientos. El IASS gestiona 15: diez en Zaragoza, tres en Teruel y dos en Huesca. Paralelamente, en el acuerdo marco fueron incluidos 126 geriátricos de titularidad privada: 101 en Zaragoza, 25 en Huesca y 20 en Teruel. “No quieren decir que todas estén ya concertadas”, matizaron las mismas fuentes.
