“Es la gota que ha colmado el vaso”: los sindicatos se unen a los profesores contra los “abusos” de la Inspección en Huesca

La llegada de un nuevo director provincial de Educación no ha rebajado el conflicto abierto desde hace casi dos años entre el profesorado oscense y la Inspección Educativa. Los sindicatos han mantenido este martes su primera reunión con Carlos Oliván, nombrado director en julio, donde le han trasladado sus solicitudes.

La más destacada es una intervención inmediata sobre un servicio al que acusan de “aplicar criterios más restrictivos” que los utilizados en Zaragoza y Teruel. Además, los profesores se muestran preocupados por el clima de inseguridad que se ha generado en los centros educativos al multiplicarse los expedientes contra docentes.

Tras el encuentro, organizaciones sindicales se han concentrado en la plaza de Cervantes de Huesca para denunciar la “inacción” de la Administración. Sostienen que no ha respondido a las quejas acumuladas durante la etapa anterior ni ha adoptado medidas suficientes.

“Arrastramos una problemática que viene de la anterior dirección provincial y la actual todavía no está solucionando”, ha explicado Sara Urbano, profesora y delegada de CGT. Urbano opina que en la provincia altoaragonesa se ha impuesto una interpretación de la normativa con un carácter “mucho más sancionador que acompañante”.

Y es que la protesta trasciende de las discrepancias técnicas sobre programaciones didácticas. El conflicto se ha convertido en una discusión sobre el modelo de inspección, la libertad sindical y los límites de la potestad disciplinaria. Esto viene después de varias propuestas de sanción contra docentes que habían cuestionado públicamente su funcionamiento.

El dato que dimensiona el problema, y que procede de la propia Consejería de Educación, es que la Inspección de Huesca ha abierto más de 48 expedientes, 20 de ellos en 2026; frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel. Para las organizaciones, la cifra resulta “llamativa” porque Huesca cuenta con una plantilla docente “muy inferior” a la zaragozana.

“Es un dato objetivo que pone de relieve la situación singular que tenemos en la provincia”, ha señalado el delegado de CGT Raúl Ramón. El sindicato solo maneja las cifras y aseguran que desconocen la causa que ha motivado el aumento de expedientes.

Una burocracia distinta según la provincia

Los representantes sindicales sostienen que la Inspección de Huesca exige programaciones, tablas y documentos que no se solicitan con el mismo detalle que en Zaragoza o Teruel. “Se nos exige un desarrollo normativo mayor que en otras provincias, con una carga burocrática muy alta y documentos que ninguna norma recoge que tengamos que hacer”, ha denunciado Ramón.

Las organizaciones reclaman criterios comunes y previsibles para toda la comunidad autónoma. Según señalan, la Inspección debería acompañar y asesorar a los centros antes de recurrir a apercibimientos o procedimientos disciplinarios, especialmente cuando las discrepancias afectan al formato de una programación.

Por su parte, la representante de UGT Enseñanza en Huesca, Carolina Gallego, ha trasladado al nuevo director provincial la necesidad de analizar por qué “en la provincia de Huesca hay un número más elevado” de sanciones y expedientes. “Lo que solicitamos es que haya una equiparación en las tres provincias de los criterios de actuación de la Inspección Educativa, por el buen funcionamiento de los centros y para evitar que esto siga ocurriendo”, ha explicado.

Y es que las denuncias no son nuevas. En marzo y diciembre de 2024, la Junta de Personal Docente aprobó resoluciones para reclamar la unificación de criterios. A finales de ese mismo año, profesores y sindicatos salieron a la calle denunciando “un abuso de autoridad” y el temor del profesorado a manifestar sus discrepancias.

El conflicto llegó a las Cortes de Aragón en marzo de 2025. Una iniciativa parlamentaria instó a investigar la actuación del inspector jefe, Ignacio Polo Martínez. En diciembre, una mayoría parlamentaria respaldo la petición de cese formulada por la representación sindical, aunque el Gobierno de Aragón lo mantuvo en el puesto y defendió su trabajo.

Durante el curso pasado, las protestas se extendieron por diferentes centros educativos de la provincia de Huesca después de la propuesta de sanción contra Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal de Huesca. Cientos de docentes se concentraron en una movilización que resumieron en la siguiente frase: “En esta provincia, el que habla acaba sancionado”.

Diez meses sin empleo y sueldo

“La gota que ha colmado el vaso” o “el punto de inflexión”, en palabras de los manifestantes, ha sido la propuesta de suspender durante diez meses de empleo y sueldo a un delegado de CGT y miembro de la Junta de Personal Docente. Los motivos que ofrecen es que el expediente fue motivado por unas declaraciones realizadas, durante el ejercicio de su actividad sindical, sobre un instituto en el que trabaja y donde estudia un familiar del inspector jefe.

CGT considera que es una sanción “totalmente desproporcionada” y una de las “más graves” contra un funcionario público. Interpretan el expediente como una amenaza que trasciende al afectado porque condiciona el trabajo de quienes representan al profesorado. En la convocatoria de este martes en Huesca, han denunciado que parte de la plantilla siente “miedo” a presentar documentos, intervenir en reuniones o expresar críticas. En ella, han reclamado el cese del inspector jefe, una auditoria sobre el funcionamiento de la Inspección y una tutela temporal para recuperar criterios equivalentes.

Por su parte, el departamento de Educación ha defendido hasta ahora la actuación de Polo. Cuando las denuncias se hicieron públicas, el Ejecutivo aragonés destacó su “profesionalidad ejemplar” y llegó a asegurar que los equipos directivos valoraban positivamente su trabajo. Una versión que fue cuestionada por los docentes. El actual director provincial de Educación de Huesca también expresó su “apoyo total” al Inspector jefe al inicio del curso. Sin embargo, este martes ha trasladado a los sindicatos que analizará el asunto.

UGT ha valorado “con prudencia” este primer acercamiento. “Parece que nos ha tendido la mano y ha dicho que podemos reunirnos cuando lo consideremos, sin necesidad de esperar a un calendario si surge un problema. En principio se ha mostrado dispuesto a escucharnos a nosotros y a toda la comunidad educativa”, ha señalado Patricia Abardía, representante del sindicato.

Además de la Inspección

La concentración de este martes también ha servido para sacar a la calle otros problemas que afectan a los centros educativos en este inicio de curso. Los sindicatos denuncian vacantes sin cubrir y falta de trabajadores no docentes. Gallego ha apuntado a la escasez de auxiliares administrativos y de educación especial. Las organizaciones han reclamado un plan de climatización de los centros, más garantías para mantener abierta la escuela rural y una política educativa que funcione como cohesión territorial, además de rechazar la concertación educativa.

Los sindicatos convocados han terminado con un llamamiento a unir al profesorado, las familias y al resto de la comunidad educativa. “Los sindicatos representamos, pero hay mucha más comunidad educativa. Ahora, más que nunca, es necesaria esa unión. La disposición del gobierno es a silenciar cualquier tipo de movimiento asociativo, por lo que vamos a hacer ruido”, han señalado. Han pedido escuchar y un diálogo basado en una “negociación real” antes de que los conflictos terminen en los tribunales.