IU pide reactivar la comisión de investigación sobre los centros de datos en Aragón para evitar la especulación

Izquierda Unida reclamará en el próximo pleno de las Cortes de Aragón la reactivación de la comisión de investigación sobre los centros de datos, aprobada en la pasada legislatura pero que quedó paralizada en 2025 por el adelanto electoral. Su portavoz parlamentaria, Marta Abengoechea, considera necesario recuperar este órgano para “planificar, reflexionar y ordenar” el despliegue de una industria llamada a tener un peso creciente en el futuro de la comunidad.

Abengoechea ha defendido la necesidad de abrir un debate en profundidad ante las demandas de información y transparencia que, según ha señalado, están planteando tanto el tejido asociativo como la ciudadanía. “Si sobre este reto va a pivotar el futuro de Aragón, necesitamos transparencia, superar los titulares inflados de fantasía y realizar un estudio de impacto”, ha señalado.

La portavoz de IU ha puesto como ejemplo los primeros proyectos de Amazon anunciados hace seis años por el Gobierno de Javier Lambán para El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca. Según Abengoechea, frente a los 1.500 puestos de trabajo anunciados inicialmente, los tres centros habrían generado alrededor de 200 empleos, lo que a su juicio demuestra que las previsiones sobre creación de puestos de trabajo han estado muy por encima de los resultados reales.

IU reconoce que Aragón se ha convertido en un polo de atracción para esta industria por factores como la disponibilidad de energía, las ventajas fiscales, la extensión de suelo y la calidad de las comunicaciones digitales. Abengoechea ha cifrado en 34 los proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo o tramitación en la comunidad.

Sin embargo, ha advertido de que la experiencia acumulada con el despliegue de las energías renovables obliga, en su opinión, a extremar las cautelas para evitar una nueva “burbuja” y fenómenos especulativos.

Una de las principales críticas de IU se dirige al uso de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA). Abengoechea ha recordado que se trata de mecanismos extraordinarios que deben estar especialmente justificados y sometidos al interés general, pero considera que se están utilizando para facilitar inversiones privadas que ya cuentan por sí mismas con un fuerte atractivo económico.

“Mientras aquí decimos a todo que sí, con PIGA a la carta y desvirtuando esta figura, en otras partes del mundo se plantean moratorias o medidas para limitar los efectos de la implantación masiva de centros de datos”, ha afirmado. La portavoz de IU ha citado los debates y restricciones planteados en lugares como Singapur, Irlanda, Estados Unidos o Países Bajos.

Entre los impactos que IU quiere analizar en la comisión figuran la elevada demanda eléctrica, el consumo de agua, los posibles efectos sobre el precio de la energía, la generación de islas de calor y la relación entre los recursos utilizados y el empleo generado.

“Reclamamos que se nos diga cuáles son los beneficios reales en comparación con los impactos y perjuicios”, ha insistido Abengoechea, quien considera que la comisión permitiría disponer de información suficiente antes de seguir avanzando en la implantación de nuevos proyectos.

La portavoz ha advertido además de la falta de información que, a su juicio, existe en los territorios afectados y ha reclamado “transparencia y responsabilidad” para diseñar políticas públicas que respondan al interés general.

“No queremos ser la Virginia de Europa”, ha resumido Abengoechea, en referencia a la fuerte concentración de centros de datos existente en ese estado estadounidense. Para IU, el crecimiento de esta industria en Aragón no debe producirse sin un debate público sobre sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales.

Críticas por la supuesta filtración sobre el incendio de Riglos

En otro orden de cosas, Abengoechea se ha referido a la polémica por la supuesta filtración de información reservada relacionada con una información institucional sobre el incendio de Riglos.

La portavoz de IU ha asegurado que, de confirmarse esa filtración, se trataría de un hecho “muy grave” y una “irresponsabilidad”, motivada, a su juicio, por una “urgencia por buscar un chivo expiatorio para desviar” la atención de la gestión del Gobierno de Aragón y ha cuestionado las “desafortunadas” declaraciones realizadas sobre este asunto por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y por la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, que llegó a vincular públicamente el incendio con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. En un mensaje publicado en X aseguró que el investigado por provocar presuntamente el fuego se había acogido a esa regularización y atribuyó a esta medida su presencia en España. Sin embargo, el investigado, de origen colombiano, había llegado al país el 14 de julio, cuando ya había finalizado el proceso al que se refería la directora general.

A juicio de Abengoechea, lo ocurrido y la gestión posterior de la polémica evidencian “irresponsabilidad y falta de credibilidad”.