Podemos pide explicaciones al Gobierno de Aragón ante el bloqueo en Dependencia
Podemos Aragón ha enviado varias preguntas por escrito a la Consejería de Derechos Sociales para averiguar el motivo de los retrasos en las prestaciones de Dependencia. A raíz de la denuncia de un ciudadano, el Grupo Parlamentario en las Cortes quiere saber si existen informes de Programas Individualizados de Atención (PIA) guardados en un cajón. eldiario.es ha tenido acceso a las preguntas, redactadas por las diputadas Amparo Bella y Marta Prades. Solicitan datos de cuántas personas han sido reconocidas con Grado I de Dependencia desde 2010, cuántos PIAs han sido emitidos en estos cinco años y cuánto tiempo transcurre entre uno y otro trámite.
La Ley de Dependencia establece un procedimiento para ser beneficiario de los servicios y prestaciones. El primer paso es la solicitud. Una vez abierto el expediente, un técnico evaluador se desplaza al domicilio de la persona para evaluar su estado. Tras esta valoración, la persona recibe un grado determinado de dependencia. Comienza entonces la segunda fase, en la que se realizada un estudio personalizado de las necesidades de la persona. El técnico puede determinar que necesita ayuda a domicilio, ingreso en una residencia, ayuda económica para la atención en la familia… La persona afectada (o un familiar) firma un documento por el cual acredita que el PIA se ha realizado y espera que la Dirección Provincial responda. Es aquí donde Podemos cree que existe un bloqueo.
Según la denuncia recibida, hay personas a las que se realizó el PIA en 2013 y todavía no han recibido ni respuesta ni ayuda. La prestación no puede comenzar a aplicarse hasta que el documento de PIA esté firmado. Mientras esto no suceda, aunque una persona tenga reconocida la discapacidad, no recibirá ayudas. Los diputados quieren saber si existe una diferencia desmesurada entre las personas a las que se les ha reconocido el grado de discapacidad y a las que se les ha realizado y firmado el PIA.
La ley obliga a emitir una resolución sobre las prestaciones en un plazo de seis meses desde que se inicia el proceso. En 2013, según un informe de la Cámara de Cuentas, este plazo se alargó hasta los 531 días, casi año y medio. El Justicia de Aragón conminó a la DGA a agilizar el proceso, a la vista de las quejas que recibía. La complejidad de los procesos y el fallecimiento de muchas personas que esperaban las ayudas (1.300 aragoneses en 2014) hacen que muchas familias no lleven a los tribunales este retraso.
Las preguntas de Podemos llegan pocas semanas después de que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España hiciera público su último informe sobre la dependencia. Allí Aragón aparece como de las comunidades que suspende en la aplicación de la Ley.
El informe señala que “la situación es tremendamente preocupante. No existe ni un solo parámetro en positivo”. Destaca como “especialmente grave” la tasa de desatención más alta de España (30,9 %) y señala que en los últimos cuatro años Aragón ha perdido un 31,6 % de atendidos.
La mayor parte de las prestaciones se engloban en el apoyo económico para cuidados en el entorno familiar (51 %), seguidas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (21 %), ayudas económicas a las personas que ocupan una plaza privada de residencia mientras esperan plaza pública. La figura del asistente personal, contemplada en la ley de Dependencia, sigue sin ponerse en marcha en nuestra Comunidad.
