Los sindicatos denuncian el “uso político” por el Gobierno de Aragón en el sector de protección de menores
La plataforma para la negociación del Convenio Autonómico de Reforma Juvenil y Protección de Menores —integrada por los sindicatos CGT, UGT y CCOO— ha denunciado el “uso político” de la atención a los menores por parte del Gobierno de Aragón, al tiempo que critica que se esté “obviando” a los trabajadores del sector de protección y reforma.
En un comunicado, los sindicatos lamentan que los empleados de los centros de menores siguen sin ver mejoras en sus condiciones laborales, con ratios de personal “absolutamente insuficientes” y una elevada carga de trabajo. Además, alertan de que “no hay noticias de ningún avance” en derechos laborales y que, “más bien al contrario”, la inestabilidad ha aumentado.
En los últimos meses, añaden, se han cerrado varios centros de menores, lo que ha supuesto la pérdida de empleo para parte de la plantilla. “Algunos trabajadores han podido ser recolocados, pero otros han sido despedidos directamente, lo que genera inseguridad económica, vulnerabilidad social y un incremento significativo de la precariedad laboral”, remarcan.
Héctor García (CGT) rechaza “la politización de la atención a los menores que vienen de situaciones terribles como guerras, abandono o violencia”. Denuncia que llevan “mucho tiempo alertando de la falta de Educadores Sociales” por el abandono del sector y que el Gobierno de Aragón “no cree en un convenio autonómico que mejore las condiciones laborales, lo que lastra tanto a los trabajadores como a los menores”.
Por su parte, Angélica Mazo (UGT) advierte de que “los discursos de odio y hostilidad hacia los menores no acompañados únicamente sirven para generar conflicto social” y cree que “se utilizan intencionadamente para evitar hablar de las cuestiones que importan de verdad”. Entre estas, menciona “la integración de los menores en nuestra sociedad” y las medidas necesarias para garantizarla, como “incrementar la financiación del sector para mejorar las condiciones laborales e implementar nuevos programas socioeducativos”.
Jesús Esteban (CCOO) señala que “la falta de Educadores Sociales es responsabilidad del propio Gobierno de Aragón, que no ha hecho nada por retener a los profesionales”. Esto, añade, ha llevado a que muchos busquen “mejores opciones laborales y de desarrollo profesional” en otras comunidades autónomas. “Ahora escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno quejarse de que los centros están saturados, cuando llevamos años denunciando la falta de personal. Esperamos que las instituciones se pongan las pilas en la atención a los menores y en el respeto y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores”, subraya.
La plataforma recuerda que Aragón recibirá próximamente un número importante de menores, por lo que reclama que las instituciones “se pongan a trabajar” para mejorar las condiciones laborales y evitar la huida de profesionales a otros territorios. “Necesitamos recursos y personal suficiente para realizar una intervención socioeducativa adecuada que lleve a una integración social y laboral real”, concluyen.