Biescas: la tragedia que advirtió del peligro de construir en zonas inundables en España, 30 años después

El 7 de agosto de 1996, el Pirineo aragonés vivía una de esas tardes de verano en las que el calor parecía anunciar tormenta. A las 19.30 horas, el barranco de Arás dejó de comportarse como un cauce de montaña para convertirse en un torrente imposible de detener. En apenas unos minutos, arrasó el camping Las Nieves, a las afueras de Biescas. Murieron 87 personas, entre ellas 27 niños, y otras 187 resultaron heridas. España asistió conmocionada a una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente.

El cielo comenzó a cerrarse sobre las montañas del Sobremonte mientras cientos de familias disfrutaban de sus vacaciones. Era una imagen habitual de agosto: niños jugando entre las caravanas, excursionistas que regresaban de la montaña y campistas refugiándose bajo los toldos al empezar a llover. Nada hacía presagiar que, apenas unos minutos después, aquel lugar desaparecería bajo una avalancha de agua, barro, troncos y enormes bloques de piedra.

Tres décadas después, la cicatriz sigue abierta. El antiguo camping es hoy un parque memorial donde permanecen un monolito con los nombres de las víctimas, una escultura de piedra con 87 rosas grabadas y decenas de rocas que recuerdan a quienes allí perdieron la vida. El edificio principal continúa en pie, silencioso, cubierto de pintadas, como único testigo de aquella tarde que cambió para siempre la historia de la localidad aragonesa.

Pero el legado de aquella riada va mucho más allá del recuerdo. Biescas marcó un antes y un después en la forma de entender el riesgo de inundación en España. Fue la primera gran advertencia de que la combinación de fenómenos meteorológicos extremos y una ocupación inadecuada del territorio podía convertir un episodio natural en una tragedia humana. Una lección que, pese a los avances normativos, volvería a cobrar dramática actualidad décadas más tarde con nuevas inundaciones, culminando en la devastadora dana que golpeó Valencia en 2024.

Diez minutos que cambiaron la historia

La violencia del episodio sigue impresionando incluso a quienes lo estudian desde el punto de vista científico. La tormenta apenas afectó al fondo del valle del Gállego. Descargó con una intensidad extraordinaria sobre la cabecera del barranco de Arás, especialmente en el entorno de Betés de Sobremonte, donde llegaron a registrarse más de 250 litros por metro cuadrado y momentos en los que la intensidad de lluvia superó ampliamente los 500 litros por hora. Los meteorólogos describieron posteriormente el fenómeno como una tormenta pluricelular prácticamente inmóvil durante varias horas sobre el mismo punto.

Toda esa lluvia comenzó a concentrarse montaña abajo. Los barrancos de Betés, Aso y la Selva fueron reuniendo un caudal cada vez mayor hasta confluir en el Arás. Allí existía un sistema de corrección hidrológica construido en el siglo XX para reducir la erosión y proteger la carretera y el embalse de La Peña. El cauce estaba escalonado mediante decenas de diques de retención de sedimentos que durante décadas habían acumulado piedras, tierra y troncos.

Aquella tarde, sin embargo, la fuerza del agua superó cualquier previsión. Los puentes comenzaron a desaparecer. Después cedieron los diques, uno tras otro, liberando de golpe miles de toneladas de materiales acumulados durante décadas. El cauce dejó de funcionar como un sistema escalonado y pasó a convertirse en una pendiente continua por la que descendía una mezcla devastadora de agua, barro, árboles y grandes bloques de roca.

Cuando aquella masa alcanzó el cono de deyección donde se encontraba el camping, el canal artificial construido para conducir el barranco hacia el Gállego quedó completamente desbordado. Las estimaciones realizadas posteriormente situaron el caudal entre los 200 y los 500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de la capacidad para la que había sido diseñado el encauzamiento. La corriente desplazó rocas de varias toneladas, arrancó caravanas, automóviles y árboles enteros y transformó en pocos minutos un recinto vacacional en un escenario de destrucción absoluta.

Algunos campistas lograron salvarse subiéndose a los árboles, refugiándose sobre caravanas o alcanzando el edificio principal. Muchos otros no tuvieron tiempo de reaccionar. Entre las víctimas hubo familias enteras. El último cuerpo no apareció hasta casi un año después, durante las obras de reparación del barranco.

La tragedia alcanzó una dimensión nacional. Entre los fallecidos había personas procedentes de prácticamente toda España, además de visitantes franceses y neerlandeses. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche en unas condiciones extremadamente difíciles, con carreteras cortadas y comunicaciones prácticamente inexistentes. Las antiguas escuelas de Escuer se transformaron en una improvisada morgue antes de que los cuerpos fueran trasladados al Palacio de Hielo de Jaca, convertido durante días en el centro neurálgico de la identificación de las víctimas.

Un desastre natural... y también territorial

Desde el primer momento la explicación pública se centró en la excepcionalidad de la tormenta. La intensidad de la precipitación resulta extraordinaria incluso para los estándares del Pirineo. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones empezó a abrirse paso una segunda pregunta: ¿por qué había un camping precisamente allí? Porque Las Nieves no estaba situado junto al barranco.

Estaba construido sobre el propio cono de deyección del Arás, el abanico de sedimentos que el torrente había formado durante siglos cada vez que sufría grandes avenidas. Geológicamente, aquel espacio era la prueba visible de que el agua ya había ocupado ese terreno muchas veces antes. Ese hecho acabaría convirtiéndose en el centro del debate técnico, judicial y político durante años.

El informe que nadie escuchó

La riada de Biescas abrió un debate que iba mucho más allá de la excepcionalidad de la tormenta. La respuesta dividió durante años a científicos, ingenieros, juristas y administraciones públicas. Y sigue haciéndolo, aunque con un consenso mucho mayor que hace tres décadas: un fenómeno natural extremo puede ser inevitable; convertir una zona de riesgo en un espacio donde se concentran cientos de personas es una decisión humana.

El camping Las Nieves comenzó a tramitarse a mediados de los años ochenta sobre un monte público. Aquella ubicación había resultado atractiva por su amplitud y proximidad a Biescas, pero también concentraba una característica que entonces apenas formaba parte del debate público: era el lugar por donde el torrente había descargado históricamente sus grandes avenidas. Hoy esa circunstancia parece evidente. Entonces, no lo era.

Las obras de restauración hidrológico-forestal ejecutadas durante buena parte del siglo XX habían transformado completamente la imagen del barranco. Miles de árboles cubrían unas laderas que décadas antes habían sufrido una intensa erosión y un complejo sistema de diques escalonados retenía los sedimentos antes de que alcanzaran el valle. Aquellas actuaciones habían protegido durante décadas la carretera de Francia y evitado que los materiales colmataran el embalse de La Peña. La sensación general era que el problema estaba controlado.

Precisamente, esa percepción de seguridad acabaría siendo uno de los elementos más analizados tras la tragedia. Los estudios posteriores coincidieron en que la reforestación había cumplido una función positiva. Gracias a la masa forestal, las laderas resistieron extraordinariamente bien la tormenta y apenas sufrieron procesos erosivos importantes. El problema no estuvo en los montes, sino en la magnitud de la avenida y en la liberación súbita de los materiales acumulados durante décadas tras los diques de corrección, que terminaron siendo arrastrados por la fuerza del agua.

Una advertencia escrita diez años antes

El 4 de agosto de 1986, exactamente diez años menos tres días antes de la tragedia, el ingeniero de montes Emilio Pérez Bujarrabal volvió a ratificarse en un informe que desaconsejaba autorizar la ocupación del monte para instalar el camping. Ya anteriormente había planteado la conveniencia de buscar otra ubicación, pero en ese segundo escrito fue mucho más explícito: advertía de que se trataba de un cono de deyección de fuerte torrencialidad y de que existía un riesgo para las instalaciones y, sobre todo, un peligro para las personas que fueran a utilizarlas.

Su criterio quedó prácticamente aislado. Otros informes eran favorables y la tramitación administrativa siguió adelante. Finalmente, la ocupación del monte público fue autorizada y el camping abrió sus puertas con todas las licencias necesarias. Durante años nadie cuestionó aquella decisión. No fue el único aviso. El botánico y ecólogo Pedro Montserrat, una de las grandes referencias científicas del Pirineo, también había advertido a finales de los años ochenta de la peligrosidad de urbanizar aquel cono de deyección. Treinta años después, esa lectura ecológica resulta casi profética.

¿Un fenómeno imprevisible?

La investigación judicial se convirtió en una larga batalla de informes periciales. Durante más de tres años, ingenieros, hidrólogos, geógrafos y especialistas analizaron la tormenta, la dinámica del barranco y el diseño de las obras de corrección. Buena parte del procedimiento giró alrededor de una cuestión técnica con enormes consecuencias jurídicas: el denominado periodo de retorno.

Si la lluvia era un fenómeno estadísticamente excepcional, con una probabilidad extremadamente baja de repetirse, resultaba muy difícil sostener responsabilidades penales por no haberla previsto. Esa fue finalmente la tesis que asumieron los tribunales penales.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca archivó las diligencias en octubre de 1999 al considerar que no existían indicios suficientes para atribuir delitos a los responsables administrativos. La resolución entendía que la tormenta podía calificarse de extraordinaria e imprevisible desde el punto de vista jurídico y que tampoco había pruebas de que quienes autorizaron el camping actuaran con conocimiento de un riesgo cierto.

No hubo juicio penal y ningún cargo público fue condenado por la muerte de las 87 personas. Sin embargo, la historia judicial no terminó ahí. Seis años después, la jurisdicción contencioso-administrativa llegó a una conclusión muy diferente. La Audiencia Nacional consideró que tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como el Gobierno de Aragón eran patrimonialmente responsables por haber permitido la instalación del camping en un lugar donde existían advertencias técnicas sobre su peligrosidad. Ambas administraciones fueron condenadas a indemnizar a las víctimas con algo más de once millones de euros.

Lo que en la vía penal fue considerado un fenómeno imprevisible, en la jurisdicción administrativa terminó calificándose como un riesgo que podía y debía haberse tenido en cuenta al autorizar el uso del suelo. Fue una diferencia de enorme trascendencia que acabaría influyendo en la forma de entender la responsabilidad de las administraciones frente a los riesgos naturales. Y también en la legislación que vendría después. En ese terreno, la riada de Biescas supuso el inicio de un cambio profundo cuya importancia solo se ha comprendido del todo con el paso de los años.