Expertos de diversos sectores se unen para defender a los que denuncien casos de corrupción en Aragón
Quieren poner su granito de arena para “terminar con la cultura de la impunidad y la permisividad basada en el miedo a denunciar”. Se unen para ayudar a quienes se atreven a dar el paso de denunciar “porque demuestran el coraje y la determinación de destapar lo que a menudo muchos saben pero callan”. Por ello han puesto en marcha la Asociación en Defensa de la Denuncia y del Denunciante en Aragón (D-3 Aragón).
Son cuatro personas, dos del ámbito docente, una del técnico y otra del jurídico, que han decidido dar este paso después de leer multitud de noticias “sobre supuestos casos de corrupción en los que los denunciantes sufren represalias, acoso laboral, son despedidos…”, como apunta la presidenta de la Asociación, Esperanza Puertas.
En Aragón, indica, “tenemos el caso La Muela o el caso Plaza, en los que se sabe que los denunciantes han sufrido represalias”.
Lo que pretenden es defender a quienes denuncian la corrupción tanto pública como privada. Aquellos que lo hacen, explican, a menudo sufren un ambiente que censura, “en mayor medida, su actitud que los hechos denunciados, además de ser calificados como ‘chivatos’”.
D-3 Aragón nace para que todas estas personas sepan a quién acudir y cómo actuar. Asesoramiento es lo que ofrecen, y dejan claro que no son denunciantes: “Nunca nos personaremos”. Su pretensión es abarcar dos vertientes: la de los que ya han denunciado y están sufriendo acoso y la de quienes quieren denunciar y no saben dónde acudir.
Son necesarias leyes que protejan al denunciante
Uno de los motivos que les empujó a crear esta asociación es el hecho de que en España, “a diferencia de otros países”, no existen leyes para proteger a los denunciantes. Puertas señala que deberían articularse normativas dirigidas a conservar el anonimato del denunciante de manera indefinida. También habría que tenerse en cuenta, apunta, la posibilidad de un traslado laboral, que no pueda ser despedido y, si ocurre, que tenga una protección económica.
En muchos casos, la persona que denuncia sufre acoso laboral y debe contratar a un abogado, lo que, obviamente, conlleva unos gastos. En D-3 afirman que, en algunos casos, podrían plantearse la opción de ayudar al implicado a conseguir financiación, pero siempre “como una parte más de la ayuda que prestamos”.
Se declaran completamente independientes desde el punto de vista político, aunque sí tienen en mente, en el futuro, hablar con algún partido para que traslade a las Cortes de Aragón la necesidad de realizar una legislación al respecto.
Toda cooperación y asesoramiento será de manera completamente altruista. Ni siquiera, recuerda Puertas, “tenemos cuota de socios”.
