Zaragoza, 17 de abril de 1932: el crimen de la estanquera

El 17 de abril de 1932, semanas después de la celebración del primer aniversario de la República, Zaragoza se vio sacudida por un crimen que, más allá de la crónica de sucesos, retrató las tensiones sociales que vivía la ciudad.

Crónica de una muerte insospechada

El domingo toca a su fin. Rita Rojas Martín comienza a echar el cierre al estanco que regenta junto a su sobrina Isabel Miranda Rojas en el 137 del Coso, hoy 131-133. Son casi las 10 de la noche y los últimos clientes, tres hombres jóvenes, penetran en el establecimiento. De inmediato, uno de ellos encañona con una pistola a Rita exigiendo que le entregue la caja. Otro hombre se ha situado en el centro del local y el tercero queda apostado cerca de la puerta de acceso al establecimiento.

Asustada, Isabel intenta salir para alertar del robo. El tercer hombre le dispara a quemarropa por la espalda. Isabel, de 24 años, cae fulminada. Cuando minutos más tarde el cirujano atienda su cuerpo en la Casa de Socorro, en el cercano número 143 del Coso, comprobará que una única bala ha perforado su pulmón izquierdo, destrozando el corazón. 

Dos guardias de seguridad que se encontraban en la Casa de Socorro inician las primeras persecuciones. Los sospechosos han sido vistos huyendo por la calle de San Lorenzo y el dédalo de callizos del entorno. La noticia corre por el barrio de la Magdalena y se extiende por la ciudad. A las pocas horas, la policía comienza a registrar tabernas y domicilios de sospechosos. 

Política de la conmoción

Hasta trece testigos figurarán en la nómina de la policía, pero los datos que aporten serán insuficientes: en una ciudad de alpargatas, boinas y gabardinas, resulta difícil dar con tres individuos cuya descripción se confunde fácilmente en la masa urbana. Se buscan tres fantasmas mientras la ciudad reacciona.

El 19 de abril será intenso. Los rotativos abren portada con grandes titulares sobre el homicidio. Las muestras de solidaridad y condolencia se suceden. La CNT publica una nota en la que expresa su “protesta contra el criminal asesinato”. Por la tarde se celebra el funeral de Isabel Miranda cuyo féretro es transportado a hombros desde el Coso hasta la plaza de Paraíso, de allí partirá en carruaje hacia Torrero. Las crónicas hablan de “ríos humanos en las calzadas del Coso”, las fotografías lo atestiguan.

El suceso comienza a politizarse. El mismo día 19 las “fuerzas vivas de la capital” van pedir al Ministro de Gobernación un “aumento de fuerzas de seguridad”. El gobernador civil, Manuel Álvarez-Ugena, declarará que es necesario “desalojar de la ciudad cuantas personas estén en Zaragoza sin domicilio ni oficio conocido y son forasteros”. La joven República de literatos y profesionales quiere dar muestras de firmeza, pero no parece capaz de lidiar con la raíz del problema. Para colmo, la prensa presiona. 'Heraldo de Aragón' tachará a los cuerpos de seguridad de “plantilla mezquina y absolutamente ineficaz” (22/04/1932). Los arrestos no tardan en llegar.

Sindicatos en el punto de mira

Algunas de estas detenciones van a ser fruto de pesquisas precipitadas, como la de Alfredo García, a quien le hallaron un orificio en el bolsillo derecho de su gabardina. Los peritos tuvieron que certificar que el desaliño, o la simple miseria, poco tenía que ver con la detonación de un arma de fuego. Lo único que tiene claro la Policía es que han sido tres los autores y que usaron pistolas. Suficiente para apuntar al sindicalismo cenetista de la ciudad.

En menos de 24 horas son arrestados tres hombres por “sus ideas extremistas y manera de vivir”, “coincidiendo las señas personales y las alpargatas” que calza uno de ellos. Al comisario fefe, Bernardino del Vado, no le sonroja firmar la orden. Los detenidos son los hermanos Sánchez Peropadre, Manuel y Ramón; y Tomás Martínez Miguel.

Manuel tiene 28 años y Ramón, 18. Ambos son peones y viven con su madre en las parcelas de Velilla, en Delicias. Ese domingo han alternado en el café colectivo El Porvenir, en la calle de Estébanes. Por allí aparece Joaquín Ascaso, todavía desconocido para la Policía. Los hermanos reconstruyen sus pasos del día 17 de abril: visitan familiares, van al cine y acaban golfeando en los prostíbulos de la calle de Verónica y la plazuela de la Sartén.

Las piezas no encajan

El otro detenido, Tomás Martínez Miguel, es un albañil de 31 años, casado y con domicilio en la plaza de la Rebolería. El domingo 17 ha asistido a una reunión del Sindicato de Azucareros, afecto a la CNT, en la calle de Don Juan de Aragón. Por la tarde, tras pasear por las riberas del Ebro, fue a ver una película al cine Victoria antes de regresar a casa.

El 22 de abril el juez decreta prisión provisional para Tomás Martínez Miguel y Manuel Sánchez Peropadre; su hermano Ramón queda libre. En su lugar es detenido Antonio Marco Cazcarra, metalúrgico de 23 años, “asiduo concurrente a bares”. El día de autos, en la taberna Goya de la calle de Valenzuela, se le había disparado accidentalmente una pistola hiriéndole un dedo. Suficiente para enchironarle como sospechoso.

Pero las investigaciones posteriores confirman las coartadas de los detenidos. Para colmo, las rondas de reconocimiento son un fracaso—Rita Rojas reconoce que tiene cataratas que le impiden ver con claridad. Lo que se ve con claridad, en cambio, son las costuras del puzle policial. El 10 de mayo supone un punto de inflexión. Ese día los tres presos dirigen una carta desde la prisión de Torrero al “ciudadano juez”. Tienen algo que contar.

La CNT hace de policía

La “organización confederal” a la que pertenecen, dice la carta, “se ha convertido en policías para que la justicia resplandezca”. Acompañan dos notas mecanografiadas donde aparecen por primera vez los nombres de dos de los responsables del crimen: “Vicente Aparicio” y “un individuo apellidado Cabeza”. Según la prensa, la policía sólo seguía la pista de un falsificador de moneda amigo de un individuo apodado 'El Largo', uno de los posibles autores del crimen.

Los peones que pone en juego la CNT para esclarecer los hechos declararán que oyeron preparar el golpe en Casa Magallón, un garito de comidas en el número 25 de la calle de las Armas, e incluso reconocerán haber hablado con 'el Cabezas' tras el crimen. El papel del sindicato en el esclarecimiento de los hechos no trascendió al público.

Finalmente, entre el 21 y el 23 de mayo son detenidos tres jornaleros aragoneses: Vicente Paricio Serrano, de 31 años, autor material del disparo que acabó con la vida de Isabel; Alfredo Cabeza Franco, de 25 años y César Baquero Boente, alias 'El Largo“, de 24 años. ”Convenientemente apremiados por la policía“ y ”mediante hábiles interrogatorios“, dice la prensa, acaban confesando la autoría del atraco al estanco el domingo 17 de abril. 

Aunque los abogados defensores, entre ellos el reputado Emilio Laguna Azorín, alegarán “precaria situación” y “ausencia de intención de ocasionar daño”, el jurado les encontrará culpables y la sentencia, dictada en abril de 1933, impondrá a cada uno un total de 26 años, 9 meses y once días, por tentativa de robo, homicidio y tenencia de armas. El destino de estos tres hombres queda en manos del sistema penitenciario.

Tres hombres y tres destinos

Al igual que el realismo sucio, la prosa administrativa no se anda con rodeos. Vicente Paricio, autor del disparo que mató a Isabel Miranda, se suicida en su celda en agosto de 1934, apenas cuatro meses después de su ingreso en el penal del Dueso. A la misma prisión había llegado César Baquero en mayo.

A César se lo tragaría la tierra, en un sentido real o figurado. Tras la caída del Frente Norte a finales de agosto de 1937, el Dueso se llenó de represaliados republicanos. Si logró escapar o acabó en una fosa común nunca lo sabremos. Lo cierto es que el director del penal comunicó a la Audiencia Provincial de Zaragoza en octubre de 1937 que desconocía el paradero de César Boente “ya que los rojos destruyeron o se llevaron los archivos”. Existe un informe posterior de la Guardia Civil donde señala que el preso “ha huido a la zona Roja”. En abril de 1938 fue declarado en rebeldía.

La historia de Alfredo Cabeza es más agitada. Tras un largo periplo por diversas cárceles, recaló finalmente en la prisión de San Cristobal, en Pamplona. Allí formó parte de la trágica Gran Fuga de mayo de 1938, en la que lograron evadirse casi 800 prisioneros. Fue capturado dos días después. No debió de ser un preso modelo pues en 1947 las instituciones penitenciarias le deniegan el indulto por “muy mala conducta”. Los informes refieren su participación en actos subversivos y su reclusión en celdas de aislamiento. Finalmente, en 1950 se le concede la libertad condicional al haber cumplido tres cuartas partes de la condena. Alfredo Cabeza sólo disfrutará cinco años en libertad. Morirá en el Puerto de Sagunto, en 1955.