Demandan al Gobierno asturiano por desprotección y vulneración de derechos de dos menores migrantes

El caso de los migrantes acogidos por el Principado en el Centro de Menores de Loriana, en San Claudio (Oviedo), ha acabado en los tribunales. Sus representantes legales han interpuesto sendas demandas judiciales contra la actuación del Servicio de Infancia y Familia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

Las demandas se formalizaron ayer. En una de ellas se denunciaba el cese de protección del senegalés Mame B.T., tras haber tenido que abandonar el centro, el pasado 3 de febrero, a instancias de la administración regional que sostiene que es mayor de edad. Su abogado mantiene que el joven fue “expulsado” y, desde entonces, se encuentra “en situación de calle”.

La segunda va dirigida a la necesidad de adoptar una medida cautelar urgente para frenar “la expulsión inmediata” del sistema de protección de otro menor de edad que, según su letrado, está debidamente documentado por su pasaporte. Con esta demanda se intenta evitar que el menor acabe como su compañero de centro.

Las pruebas médicas

Ambos jóvenes cuentan con un pasaporte oficial que acredita su minoría de edad, y a ambos por parte de la Fiscalía Provincial de Asturias se les atribuye una mayoría de edad que, según la representación legal de los jóvenes, está basada “únicamente en pruebas médicas de escasa fiabilidad”.

En estos dos casos se denuncia una “vulneración sistemática” del marco jurídico existente. Los letrados que les representan mantienen que la Fiscalía realiza pruebas de determinación de la edad decretando su mayoría de edad basándose en radiografías, a pesar de que su pasaporte es oficial y auténtico, no ha sido impugnado por tribunal alguno, y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular Marta del Arco, acata “sin velar por el interés superior del menor, todo ello infringiendo el marco normativa nacional, europeo e internacional”, exponen.

El pasaporte

Las demandas subrayan que el Estado español, como “Estado social y democrático de derecho”, debe respetar la presunción de veracidad de los documentos públicos extranjeros e incide en que el Tribunal Supremo (TS) ha avalado, en una sentencia dictada en 2021, que “la mera duda administrativa no es suficiente para invalidar un documento oficial”.

Asimismo, se invoca la doctrina consolidada por el alto tribunal que establece que un menor con pasaporte legalmente expedido no puede ser sometido a pruebas médicas “si su documento no ha sido impugnado judicialmente”.

Una doctrina que, según exponen las defensas, invalidaría el decreto de la Fiscalía: “Por tanto, el decreto carece de base legal -ratifican- al intentar desplazar una prueba documental plena por una estimación médica orientativa”.

Los márgenes de error

Las defensas denuncian que España sigue ignorando la Resolución del Parlamento Europeo de 2013 y la Observación General número 4 del Comité de los Derechos del Niño, que exigen “una evaluación multidisciplinar (psicológica y social) y no meramente radiológica”.

“Las pruebas de carpo y dentales realizadas tienen márgenes de error de hasta seis años”, añaden los representantes legales.

Asimismo, se remiten a la resolución dictada por el Defensor del Pueblo, en 2024, donde advirtió a la Fiscalía que no se pueden realizar estos procedimientos a menores documentados a menos que exista una impugnación judicial previa del pasaporte.

El interés del menor

Las defensas subrayan, además, que estos casos que se denuncian no son aislados. Entre otras actuaciones resaltan que, en febrero de 2024, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya exigió a España medidas provisionales para proteger a menores en situaciones idénticas.

“El Comité ha dictaminado en reiteradas ocasiones que el procedimiento español vulnera los derechos de la infancia al negar la presunción de minoría de edad y realizar pruebas intrusivas (incluyendo desnudos integrales para estudio de caracteres sexuales), así como dictar decretos de determinación de edad sin asistencia de abogado independiente”, aseguran.

El limbo legal

Los dos jóvenes, que disponen del servicio de justicia gratuita, cuentan con el apoyo de asociaciones y oenegés de defensa de los derechos humanos. Una de las más activas es Asturias Acoge que ha ofrecido acompañamiento, asesoramiento en temas administrativos y les ayuda a dar visibilidad a su situación.

En ambos casos, se da la paradoja de que, mientras Fiscalía de Menores y la Consejería de Derechos Sociales les considera mayores para expulsarlos del centro, su pasaporte oficial les impedirá acceder al proceso de regularización que el Gobierno central está a apunto de aprobar, justamente por ser menores de edad, una circunstancia que, según sus representantes legales, “les deja en un limbo legal y de absoluta desprotección”.