17.337

Como país, hoy se confirma que no hemos cumplido. Teníamos el compromiso de dar refugio a 17.337 personas antes del 26 de septiembre y no lo hemos hechocompromiso de dar refugio a 17.337. Hace ahora dos años, España acordó acoger a estas personas en el marco de la postura de la Unión Europea frente al flujo migratorio de países en conflicto. La UE fijó en 180.000 las personas refugiadas que serían acogidas por los diferentes países miembros. El escaso esfuerzo asignado a España no ha servido para cumplir la meta, y hasta el momento solo se reportan 1.983 refugiados reubicados y reasentados, es decir, un 11,43 % del total asignado.

Es difícil llevar a cabo un análisis frío de estas cifras pero ni siquiera quedándonos solo con los números y estableciendo porcentajes, sumas y restas, conseguimos justificar nuestro nulo grado de reacción ante una situación que afecta ya a 21 millones de personas en todo el mundo. Hay pocos argumentos que puedan defender que, un país como el nuestro y una región del mundo como Europa, incumplan tan flagrantemente un acuerdo con el que se pretendía paliar, aunque fuese en una pequeña proporción, el sufrimiento en el que están atrapados millones de seres humanos. No debemos olvidar que detrás de estas cifras lo que hay son personas, niños y niñas, cuya única alternativa de futuro es la solución que pueda proporcionarles el país que quiera acogerlos. Lo que sí nos dan las cifras, sin duda, es una muestra más de la insensibilidad que marca la toma de decisiones desde que comenzó la masiva llegada a Europa de personas huyendo de la guerra, del hambre y de la falta de esperanza.

Como ciudadano, una situación como esta me resulta absolutamente intolerable. En primer lugar, porque en el marco de la Unión Europea se pueden suscribir acuerdos para luego saltárselos alegremente. Es incompresible que se firme algo que se sabe de antemano que no se va a cumplir, que no se pongan los medios necesarios para ello y que no existan sanciones para los que incumplen. Por el contrario, no nos tiembla el pulso para seguir reforzando las medidas disuasorias en fronteras para evitar que ni siquiera se acerquen.

En segundo lugar porque, cuando se ha fijado una cifra concreta, aun considerándola francamente mejorable, se asume que está analizada en profundidad, que se basa en evidencias que la hacen viable. No es admisible, por tanto, que en estos momentos, ante ese escaso 11,43% de cumplimiento, desde el Gobierno se aluda a “problemas técnicos” para no haber alcanzado la cifra a la que se había comprometido. Tan solo con la cantidad de personas “identificadas y registradas” que en la actualidad se encuentran en Grecia o en Italia se podría avanzar rápidamente. Ni qué decir tiene si se trabajase con el alto volumen de refugiados asentados en países como Jordania, Líbano o Turquía. Escudarse en los procedimientos burocráticos para determinar con claridad el estatus de “refugiado” frente al de “inmigrante irregular” no es una posición consecuente con un país que intenta mostrar seriedad cuando asume un compromiso internacional.

Ser testigos del incumplimiento de nuestro compromiso debería llevarnos, como sociedad, a reflexionar. Y luego, a actuar. No es posible que tratándose de un tema de esta transcendencia, veamos cómo la clase política no hace frente a nuestra obligación como país y que no pase absolutamente nada. Tanto el Gobierno como el resto de fuerzas políticas deberían notar que la sociedad española no está de acuerdo. Hasta el momento, sobre todo algunos ayuntamientos y la mayor parte de organizaciones de la sociedad civil han mostrado su rechazo y han puesto encima de la mesa vías de solución en colaboración con otras administraciones públicas. No han sido tenidas en cuenta. Para colaborar solo es necesario que el Gobierno agilice la tramitación de los asuntos migratorios en origen para que el destino esté preparado para la acogida. Ni siquiera se está hablando para ello de la necesidad de un alto volumen de presupuesto, teniendo en cuenta el escaso número de personas que está previsto que lleguen a nuestro país. Existen los medios para hacerlo, existe una parte importante de la sociedad española dispuesta a mostrar una vez más su solidaridad. Lo que se necesita, una vez más, es que exista voluntad política.

Más allá de las cifras, las medidas y las soluciones concretas, que solo dan muestras de nuestra falta de cumplimiento de la meta el 26 de setiembre, todo ello para lo que debería servir es para que actuásemos como sociedad. Alzar la voz para decir que queremos vivir en un país que es sensible al sufrimiento de los demás y que es capaz de poner en marcha toda su capacidad para contribuir a que sea menos doloroso. Estamos seguros de que ese sentimiento existe y de que las soluciones están planteadas, aunque desde el Gobierno, desde las fuerzas políticas y desde algunos medios de comunicación se empeñen en negarlo. Solo nos queda, en concreto, seguir reclamando un plan viable para acoger a las personas refugiadas que nos hemos comprometido a acoger. Y solo nos queda, en general, seguir reclamando un sistema de convivencia más justo, centrado en el respeto a los Derechos Humanos y dispuesto a ser parte de la solución, y no solo de la contención, de los problemas globales.