La adjudicataria Ascan y la alcaldesa de Santander se contradicen al valorar la relación que han tenido por la ejecución de la recogida de basuras

¿Fue pacífica o no la relación entre Ascan y el Ayuntamiento de Santander por la recogida de residuos y limpieza viaria de Santander durante casi una década? El Ayuntamiento de Santander, por boca de su alcaldesa Gema Igual (PP) afirma que no, y lo justifica en los expedientes y sanciones que se han puesto a la concesionaria desde 2013, pero el propietario de Ascan, Santiago Díaz Zabala, principal empresa de la UTE que se hizo con la contrata, fundamente sus alegaciones contra la resolución del contrato en que sí fue “pacífica”, es decir, que no se plantearon problemas.

La afirmación de la alcaldesa ha sido hecha pública estos días en que se ha conocido el fallo del Consejo de Estado favorable a la resolución de la contrata. En su valoración, Igual dice que la relación no fue “pacífica” pero el Ayuntamiento, citado en el informe del órgano consultivo, recoge que Díaz Zabala ha alegado lo contrario, que la relación fue “pacífica”.

Según dictamina el Consejo de Estado, el contrato ha de resolverse ahora, cuando apenas quedan dos años para que expire, por causa imputable al contratista, se ha de retener la garantía y determinar los daños y perjuicios al Ayuntamiento, que ya la Intervención Municipal cifró hace años en siete millones de euros. Cuatro son los elementos que le llevan a esta conclusión y que considera demostrados: el penoso estado de las papeleras y de los contenedores, la inexistencia de plataforma tecnológica de control y la falta de medios técnicos y humanos.

Dicho dictamen es preceptivo en el procedimiento administrativo de resolución del contrato y ahora la concesionaria, que ya se pronunció en el trámite de audiencia, puede recurrir el proceso en los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Relación “pacífica”

En su escrito al Consistorio del 21 de octubre de 2020, Santiago Díaz Zabala “comparece en nombre de la empresa, niega que exista incumplimiento esencial alguno y (...) alega que en siete años solo se impusieron cuatro penalidades y solo recientemente en el año 2020 se han manifestado discrepancias en relación con las certificaciones”. “Señala -añade-- que tras varios años de pacífica ejecución, la nueva Junta de Gobierno diseñó un nuevo plan de indicadores de calidad que justifica, al decir de la Administración, los incumplimientos”.

En términos de expedientes y sanciones, ambos tienen razón. El Ayuntamiento aplicó sanciones durante los primeros años de la ejecución del servicio y, tras un intervalo de cuatros años, a partir de 2019 de nuevo. Ese intervalo es el que lleva a manifestar su sorpresa al propietario de la empresa de que se pretenda ahora resolver el contrato cuando durante cerca de un lustro no hubo queja.

Esta discrepancia de pareceres le sirve al socio de la alcaldesa, el portavoz de Ciudadanos en el equipo de gobierno, Javier Ceruti, para insistir una y otra vez en que solo fue por la acción de su partido que el PP ha decido actuar y se pregunta reiteradamente por qué desde las sanciones de 2014 el Ayuntamiento dejó hacer a Ascan, sabiendo que se incumplían las condiciones del servicio, un periodo de cuatro años que la concesionaria esgrime ahora como “años de pacífica ejecución” del contrato.

Sin lavacontenedores durante cinco años

El Ayuntamiento de Santander sigue verificando incumplimientos dada la reiterada negativa de la empresa a remediarlos. Este es el caso del estado de los contenedores de la vía pública, que no se lavan desde hace cinco años.

Según datos de marzo de este año, no se han resuelto las incidencias sobre papeleras, ni se dispone de lavacontenedores desde 2015, es decir, desde hace cinco años no se lavan los contenedores de residuos. El incumplimiento en este sentido es doble: ni los contenedores se mantienen limpios ni se sustituye la maquinaria de mantenimiento.

Asimismo, la recogida neumática soterrada no funciona correctamente “y la basura se acumula en el exterior de los buzones de recogida”.

Tampoco hay activa una aplicación informática de control. Según el portavoz de Ciudadanos, “la alcaldesa presume de plataforma con las visitas cuando no ha funcionado nunca”.

Pese a las dificultades para hacer un control de la actividad, ante la falta de una aplicación informática adecuada, el Consejo de Estado constata que no se cumple la obligación de sustituir las bajas laborales de los trabajadores. También que las reclamaciones de los vecinos están a la orden del día y van in crescendo. Solo a través de la App se presentaron 485 en 2019 y 727 en 2020, sin contar las que se han presentado vía registro o mediante llamadas telefónicas.