El Ayuntamiento de Santander ha vuelto a echar mano de una figura excepcional, el reconocimiento extrajudicial de facturas, para regularizar 4,4 millones de euros en pagos a diferentes contratistas y empresas, entre los que destaca los 2,6 millones pagados a la UTE Urbaser-Contratas Piñera por el mantenimiento de Parques y jardines de enero a abril de este año. Esta fórmula legaliza liquidaciones por trabajos que no tienen respaldo en un contrato, toda vez que este haya expirado, como es el caso del de Parques y Jardines, u otras circunstancias.
Actualmente, el Ayuntamiento de Santander está redactando el pliego de condiciones para volver a adjudicar la contrata de Parques y Jardines después de que terminara la vigencia de la anterior y se desestimara el proceso que se abrió para elegir nuevo contratista. El Ayuntamiento de Santander ha vuelto a empezar de cero y mientras tanto ha de seguir abonando las facturas que, esta vez sí, parece tener un mayor control del gasto como la demostraría la apertura de un expediente por incumplimiento de las condiciones.
La Junta de Gobierno Local ha validado esta semana el pago correspondiente a las facturas generadas por ejecutar el servicio entre los meses de enero a abril por Parques y Jardines, lo que asciende a un total de 2,6 millones de euros. No obstante, a la adjudicataria se le ha abierto un expediente por incumplimiento de las condiciones de la contrata en materia de personal, maquinaria y mejoras que se deberían a haber introducido y no se aplican, lo que acarrea una deducción de los pagos por parte de Medio Ambiente, una vez desestimadas las alegaciones formuladas por el contratista.
Este es el epígrafe más importante de las facturas regularizadas, bien porque se ha extinguido el contrato que las da soporte, bien porque se han superado importes y plazos por diversas circunstancias.
Junto a la de Urbaser-Piñera, se han regularizado también pagos por 235.000 euros por el mantenimiento de los servicios de información municipales (el contrato expiró en marzo de 2018 y se ha consumido la prórroga de seis meses que se dio entonces); 508.200 euros por los servicios de apoyo a la gestión tributaria; 730.000 euros por la ayuda a domicilio de abril a julio; y 218.000 euros por la teleasistencia domiciliaria. En total se han abonado 4,3 millones de euros.
Asimismo, hay otro grupo de facturas correspondientes a la situación excepcional generada por la pandemia o servicios para los que no había acuerdo una vez finalizado el contrato que los amparaba. Son en total 144.000 euros que financian desde servicios fotográficos para actos protocolarios hasta la actualización de inventario, pasando por digitalización y custodia de documentos, poda y siega, recogida de animales vagabundos, vigilancia del centro de acogida, desinfección de autobuses y suministro de pescado congelado para los animales del minizoo de la Magdalena entre marzo y junio.
Por último, hay un tercer grupo concerniente a facturas de servicios postales por importe de 16.000 euros. El interés de este último apartado es que viene a cubrir una carencia de origen de la contrata, que incluye una baja del licitador y una estimación a la baja de los envíos necesarios, que se hizo sobre datos de 2015. El gasto real, en consecuencia, es superior.
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