La juez declara culpable el concurso de GFB e inhabilita a Pesquera
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander ha declarado culpable el concurso de GFB y ha inhabilitado para la administración de bienes ajenos durante dos años a tres de los miembros de su Consejo de Administración: el exconsejero de Industria y vicepresidente de la concursada, Miguel Ángel Pesquera, y los que fueran presidentes de la entidad, Sebastián Tena Pujol y Max Fischel Mora.
En una sentencia notificada recientemente, la juez de adscripción territorial que ejerce funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil afirma que “ha habido una clara culpa grave en los administradores al haber actuado de forma negligente”. En la resolución se acuerdan, además, una serie de indemnizaciones para los acreedores concursales.
Así, se condena a la empresa Euroamérica y a Sebastián Tena Pujol -representante del Grupo Pujol Martí- a indemnizar solidariamente con 15,9 millones de euros por la venta de maquinaria y material.
También se fija una indemnización de 131.222 euros por la contratación de personal que deberán abonar Euroamérica y Sodercan, y se condena a estas dos entidades y al Grupo Pujol Martí a indemnizar a los acreedores concursales en la totalidad del importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la masa.
En la resolución, la juez afirma que “el modelo financiero era inadecuado y enseguida se pudieron observar los déficits financieros alertados por los auditores externos”, por lo que los administradores de GFB “deberían haber detenido inmediatamente el proyecto”.
Recuerda, en este sentido, que nunca se llegó a abrir la fábrica “a causa del citado agotamiento financiero” y afirma que “el control y el seguimiento del proyecto fue defectuoso”. Añade, además, que “existía una sobredimensión de la planta” que se realizó “únicamente para justificar la compra de maquinaria a Euroamérica, y por eso se planteó una producción exagerada para lo que en realidad reclamaba el mercado”.
La jueza considera que la actuación de los administradores de GFB se puede calificar de “culpa grave, al tratarse de una actitud continuada de todo el Consejo que, a pesar de los informes negativos, continuaban agravando la insolvencia de la concursada”.
“Existe un claro nexo entre su actitud descuidada y la agravación de la insolvencia”, señala la sentencia, que sustenta esta afirmación en tres hechos. El primero, la adquisición de maquinaria a uno de los miembros del Consejo. El Grupo Pujol Martí -que inicialmente formaba parte de GFB- compró en el año 2000 una maquinaria que cuatro años después vendió a la concursada con una ganancia de ocho millones de euros.
Como explica la resolución, además del pago de la maquinaria, ésta tuvo que someterse a distintas adaptaciones para que pudiera ser utilizada en GFB, lo que supuso el pago de otros 6,5 millones de euros por parte de la concursada.
El segundo de los hechos que ponen de manifiesto una “actitud descuidada” es la compra de material: 600.000 metros cúbicos de paneles de fibroyeso que no se llegaron a vender, que no tenían ni las medidas ni el grosor estándar y que se pagaron a 3,56 euros el metro cúbico, mientras que el acuerdo de comercialización fijó un precio de 2,20 euros y la administración concursal, que logró vender “una mínima parte del stock”, lo hizo a 1,72 euros.
Finalmente, el tercer hecho que justifica la citada “culpa grave” es la contratación de 35 trabajadores más, a pesar de los informes que ponían de manifiesto un déficit de financiación de 15,4 millones de euros. Recuerda la sentencia que se tuvo que tramitar un ERE “al no pagárseles las nóminas” y la Seguridad Social no se abonó desde agosto de 2008.
Responsables de la situación
Una vez justificada la calificación culpable del concurso, la jueza desgrana la responsabilidad de quienes finalmente se ven afectados por esta resolución. Entiende que tanto Sodercan -socio minoritario- como Euroamérica -socio mayoritario- participaron en las juntas “donde se adoptaron las decisiones que han sido consideradas perjudiciales” y que, además, no instaron ninguna impugnación de los acuerdos sociales.
Sodercan, además, no aportó las cantidades a las que se había comprometido; y Euroamérica, además de tampoco aportar lo comprometido, “se benefició de las compras de materias primas”. Por su parte, el Grupo Pujol Martí “se desvinculó del proyecto una vez aseguró la cesión de la maquinaria e ingeniería”.
En cuanto a la implicación de los miembros del Consejo de Administración, la juez recuerda que el que fuera consejero de Industria y vicepresidente de GFB, Miguel Angel Pesquera, fue cesado en julio de 2007 mientras que la operación de compra de materias primas comenzó en 2006 y la compra de maquinaria ya se empezó a gestar en 2004.
“Lo mismo se puede alegar respecto de Max Fischel Mora, que dimite del consejo el 19 de julio de 2007”, añade la resolución. Y respecto de Sebastián Tena Pujol, señala la sentencia que fue presidente y consejero delegado de GFB “cuando ocurrieron los hechos que agravaron la insolvencia y que han dado lugar a la calificación culpable”.
Finalmente, la jueza decide exculpar a dos de los directivos de GFB contra los que también se dirigía la petición de calificación culpable de los administradores concursales.
Señala la resolución que “no se encuentran dentro de los sujetos responsables enumerados en la Ley Concursal, ya que ellos eran personas vinculadas contractualmente con la sociedad y de las que no se demuestra que tuvieran poder de decisión real en los acuerdos perjudiciales a la sociedad”.
