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Íñigo de la Serna, un ministro de Fomento con su plan urbanístico en los tribunales

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), será el próximo ministro de Fomento.

Laro García / Marta Garijo

El alcalde Santander, Íñigo de la Serna (PP), ha sido nombrado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nuevo ministro de Fomento, un departamento en el que sucederá a Ana Pastor, que cesó de su cargo cuando fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados hace unos meses.

El regidor municipal será una de las caras nuevas del Gabinete y dará el salto a Madrid después de una larga trayectoria en la política local, donde acumula una dilatada experiencia pese a su edad. De la Serna, nacido el 10 de enero de 1971, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente, aunque ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el sector público.

La cartera que le tocará gestionar a partir de este viernes, una vez que ha tomado posesión de su cargo en el Palacio de La Zarzuela, es una de sus áreas de especialización, aunque su gestión urbanística al frente del Consistorio santanderino ha sido muy controvertida en los últimos años y ha acabado en los tribunales.

De hecho, De la Serna recibió uno de los varapalos más importantes desde que es alcalde la semana pasada, cuando él mismo reconoció que se ponía “ante el peor escenario” dado que el Tribunal Supremo está pendiente de dictar una sentencia que anulará el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, lo que se ha convertido en una enmienda a la totalidad a su política urbanística.

Pérdida de la mayoría absoluta

De la Serna fue elegido alcalde de Santander por el Partido Popular con mayoría absoluta en 2007. Cuatro años después consiguió la reelección, aumentando el porcentaje de votos obtenidos, pasando de 15 a 18 concejales, de los 27 totales de la Corporación.

Sin embargo, en los últimos comicios el PP perdió la mayoría absoluta en Santander por primera vez en casi tres décadas, quedándose con 13 concejales (40,5% de votos), pero consiguió superar la investidura con la abstención de los dos ediles de Ciudadanos.

Breve trayectoria profesional

Trabajó en la empresa privada, como responsable del departamento de Hidráulica de la empresa de ingeniería Apia XXI, entre los años 1995 y 1999. Posteriormente, fue nombrado director de gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, de 1999 a 2003.

Su primer cargo público lo desempeñó como concejal de Medio Ambiente, Agua y Playas del Ayuntamiento de Santander, durante la legislatura 2003-2007. Fue diputado autonómico durante su primera legislatura como alcalde, entre los años 2007 y 2011, cargo al que ha regresado en la presente legislatura.

Durante tres años, de 2012 a 2015, fue presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que actualmente es vicepresidente.

También preside la Red Española de Ciudades Inteligentes (REC) y ocupa la Presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y es miembro del Consejo para la Agenda Global del Foro Económico Mundial. Forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria.

Próximos retos

Fomento es uno de los ministerios más políticos, aunque aparentemente tenga un matiz técnico. A pesar de que estos años las inauguraciones han bajado de ritmo, la inversión y gestión de la obra pública es uno de los pilares de un departamento donde además entran en lucha los intereses de los diferentes territorios.

El nuevo titular de Fomento tendrá que resolver varios temas heredados respecto a las infraestructuras. Entre ellos, destaca el rescate de las autopistas radiales quebradas. El ministro entrante llega con el compromiso adquirido de que el Estado se hará con el control de la R-3 y la R-5 en un plazo de nueve meses después de que el juzgado mercantil número 6 de Madrid aceptara esta prorróga a cambio del compromiso del rescate. Es probable que este rescate no se quede únicamente en estas vías, ya que el resto de las radiales continúa en los juzgados.

Otro de los frentes judiciales que debe afrontar De la Serna es el relativo al Reglamento de Transportes de Ordenación Terrestre. La CNMC llevó a la Audiencia Nacional parte de esta norma, que regula las licencias VTC utilizadas por conductores de compañías como Uber o Cabify. En función de cuál sea el dictamen del tribunal, el nuevo titular deberá actuar decidiendo si acata o no la decisión o si la recurre. Este tema es espinoso porque los taxistas ha sido especialmente combativos para frenar la entrada de otros competidores como Uber o Cabify,

También tiene que resolver en un breve plazo el macrocontrato de compra y mantenimiento de trenes AVE. En verano, las compañías se presentaron a este concurso y ahora esperan la adjudicación de este jugoso contrato de 2.650 millones de euros.

Otra de las patas de esta cartera es la de la vivienda, aunque la política en este sentido en la última legislatura ha sido bastante exigua, exceptuando una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha dejado en manos de las comunidades autonómas la normativa relativa al alquiler vacacional. Con el auge de Airbnb y otras plataformas de alojamiento, este cambio normativo ha abierto una disparidad jurídica, con reglas distintas en función del territorio.

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