El PP cántabro se enfrenta a la posible impugnación de su Congreso Regional por las irregularidades en el proceso

Tras unos días de tensa calma en el seno del Partido Popular de Cantabria, las hostilidades han vuelto a desatarse con la demanda civil presentada por un grupo de militantes, miembros de la candidatura perdedora en el último Congreso Regional celebrado en el mes de marzo, que reclaman al partido la nulidad del cónclave que acabó con la Presidencia de Ignacio Diego por tan solo cuatro votos y la suspensión de la actual dirección que encabeza María José Sáenz de Buruaga por las “irregularidades” cometidas durante este proceso interno.

Los nuevos responsables de la formación política a nivel autonómico consideran que no hay lugar para la revocación de los resultados, puesto que los promotores del recurso no han formulado en ningún momento del proceso congresual -ni antes, ni durante, ni después- impugnación alguna con arreglo a los Estatutos del partido y acusan a los críticos de sostener una “campaña difamatoria”, en lo que califican como “una estrategia que tiene como único objetivo destruir al Partido Popular”.

“Si tan evidentes son las irregularidades y tan seguros están de que se han cometido, lo habrían hecho ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías en los plazos establecidos reglamentariamente. Por lo tanto, no han agotado ninguna de las vías internas previstas en los Estatutos del Partido Popular antes de recurrir a los tribunales”, sostiene la dirección del PP cántabro a través de un comunicado.

Se han pronunciado así en respuesta a la demanda civil presentada este pasado jueves -adelantada por El Diario Montañés- dentro del plazo legal de 40 días desde el Congreso Regional y que han formalizado ante el Decanato de Santander a la espera de que sea derivada a un juzgado.

La demanda ha sido formalizada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, que consiguió anular en los tribunales el Congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

De esta forma, el núcleo duro de los seguidores del expresidente Ignacio Diego dan un paso más allá a la oposición que habían venido manteniendo desde que se celebrara el Congreso Regional, un proceso que desató una batalla campal y en el que llegaron a acusar a la hasta entonces número 2 y candidata de Génova de poner en marcha un “pucherazo” o “golpe de estado encubierto” para desalojar al poder al que había sido su jefe de filas durante 13 años.

Los críticos también habían trasladado su protesta a la sede nacional del partido, con una visita a Madrid para presentar un escrito firmado por cerca de un millar de afiliados, entre los que se encontraban senadores, diputados autonómicos y 70 alcaldes y cabezas de lista del PP en Cantabria. Desde Génova se ratificó a Buruaga y se ignoraron estas protestas, lo que ha provocado ahora la demanda en los tribunales.

Cuestionamiento público

La actual presidenta, que esperaba 'pacificar' el partido y recuperar la normalidad lo antes posible, se encuentra de nuevo ante una desautorización, trasladada a diario al funcionamiento interno del Grupo Parlamentario del Partido Popular, donde la mayoría de los 13 diputados siguen manteniéndose fieles a Ignacio Diego y han conseguido sostener a Eduardo Van den Eynde como portavoz en la Cámara, a pesar de las duras descalificaciones que lanzó contra Buruaga durante las primarias.

“Cualquier afiliado está en su derecho de recurrir a los tribunales, pero, en este caso, la dirección regional tiene el convencimiento de que solo obedece a una estrategia perfectamente trazada de quienes se niegan a aceptar el resultado del XII Congreso Regional tras haberlo perdido. Esa estrategia tiene como único objetivo destruir al Partido Popular”, subraya el comunicado enviado a los medios este viernes.

En el mismo, califican de “sorprendente” que antes de formalizar la impugnación, los críticos no hayan esperado a conocer el pronunciamiento de los órganos nacionales del Partido Popular sobre la petición de información que solicitaron en un viaje en autobús a Génova.

“La impugnación ha estado precedida de un permanente cuestionamiento público del resultado del Congreso democrático y de la nueva dirección, con constantes desafíos a la nueva dirección, y de una campaña difamatoria contra la presidenta regional, contra los trabajadores de la sede y contra los afiliado”, recalcan.

“Se esperaba una respuesta de Génova que no ha habido y tampoco de Santander a una situación de irregularidad. Con lo cual, se podía pasar a una posible acción judicial”, ha señalado el portavoz de la plataforma crítica, Joaquín Solanas, en declaraciones a Europa Press.

Pago irregular de las cuotas

Uno de las situaciones más discutidas y que desató mayor crispación en relación al proceso de primarias fue el pago masivo de cuotas de militantes para que estuvieran al corriente y pudieran participar en la votación que tuvo lugar en Laredo, donde se llegó a presentar una denuncia ante la Guardia Civil acusando al equipo de Buruaga de utilizar la cuenta bancaria de una persona con discapacidad para abonar 491 cuotas de afiliados, por un valor cercano a los 9.000 euros.

En declaraciones a este medio, el portavoz parlamentario del PP de Cantabria, Eduardo Van den Eynde, amigo personal de Diego y cercano a su equipo, -aunque ha anunciado su próxima retirada de la política-, calificó este hecho de “escandaloso”: “Este proceso está totalmente pervertido y plagado de irregularidades, que vulneran los estatutos en varios puntos”, aseguró.

“Lo que ha ocurrido es lo que se llama un pucherazo. Aparte de que una maniobra de estas características está totalmente prohibida en los estatutos, evidentemente, tiene una intencionalidad. No creo que una persona con recursos limitados se dedique a ir pagando cuotas de afiliados por filantropía”, insistió el diputado autonómico.

Desde el equipo de Buruaga han explicado este viernes que sobre este extremo ya se pronunció la Asesoría Jurídica del partido a nivel nacional en otras situaciones similares, como en las elecciones a compromisarios de Nuevas Generaciones para el Congreso Nacional, donde el 40 por ciento de los electores lo fueron tras abonar la cuota mediante una transferencia bancaria realizada desde la misma cuenta.

La Comisión Organizadora afirmó entonces en un informe fechado en Madrid el 22 de diciembre de 2016 que “eran votos válidos realizados por afiliados al corriente de pago”. En este mismo sentido, se volvió a pronunciar la Asesoría Jurídica en respuesta a una consulta de la Comisión Organizadora del 12 Congreso Regional de Cantabria.

“Los ingresos de cuotas realizados desde una cuenta de Laredo tienen la misma validez que otros ingresos masivos hechos en otros municipios de Cantabria a través de las cuentas de la candidatura perdedora. Los Estatutos del Partido Popular permiten los pagos por transferencia desde una misma cuenta”, han defendido.

Por este motivo, han incidido en que “el Partido Popular va a agotar todas las vías que tiene a su alcance para defender el honor y la dignidad de todos sus afiliados y, especialmente, del afiliado de Laredo inmerso en una campaña de difamación y al que se ha atribuido una discapacidad psíquica que no tiene”.

Respuesta inmediata de Génova

La reacción de Génova a este nuevo cruce de acusaciones ha sido inmediata y la dirección nacional del PP ha respondido a la demanda judicial registrada para pedir la anulación del Congreso del PP de Cantabria por supuestas irregularidades afirmando que “los problemas políticos internos de los partidos se resuelve internamente” y “no se solucionan en los tribunales”.

Además, ha avanzado que la próxima semana podría estudiarse el escrito presentado el 11 de abril denunciando estos hechos.