El Tribunal Administrativo obliga al Ayuntamiento de Santander a dar marcha atrás en la adjudicación del PGOU

El Tribunal Administrativo Central obliga al Ayuntamiento de Santander a retrotraer la licitación del contrato para realizar el Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU), después del recurso que presentó la empresa Omicron-Amepro tras ser excluida de la convocatoria. El Tribunal entiende que la exclusión no está motivada y exige dar marcha atrás en el procedimiento. El Ayuntaniento tendrá que volver a convocar la mesa de contratación.

La noticia la ha comunicado el propio Ayuntamiento de Santander en una nota de prensa en la que insiste en que la resolución “no invalidad el proceso de licitación” sino que determina que se debe retrotraer el proceso de contratación al momento anterior a la exclusión de Omicron-Amepro, e incluir en ese trámite la motivación correspondiente, explica el concejal de Contratación Javier García.

García reconoce que el Tribunal ha estimado el recurso planteado por la UTE Omicron-Amepro contra su exclusión del procedimiento por falta de motivación. En este sentido, ha informado que la motivación a la que hace referencia el Tribunal ya ha sido formulada por el departamento municipal de Contratación y presentada en contestación al recurso, aunque el TACRC considera que debió constar en el momento en que se acordó la exclusión de Omicron-Amepro.

En este sentido, apunta que la resolución del TACRC constata que el razonamiento que ofreció el Ayuntamiento en su informe sobre el recurso “resulta detallado y preciso, examinando de manera individualizada las distintas explicaciones ofrecidas por la empresa, y razonando su decisión de no considerar suficientemente justificada la viabilidad de la oferta”.

El Ayuntamiento retomará ahora la tramitación administrativa, de forma que se convocará a la Mesa de Contratación para dar cuenta de la resolución del Tribunal.

El edil ha recordado que durante el proceso de licitación, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad y, posteriormente, en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro.

Tras culminar la evaluación técnica y administrativa, la Junta de Gobierno Local celebrada el 1 de junio acordó la adjudicación del contrato a la UTE integrada por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.; Jornet Llop Pastor, S.L.P.; Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A., y Junquera Arquitectos, S.L.P.

Tras la presentación del recurso especial de Omicron-Amepro, el TACRC suspendió de forma cautelar el proceso. “Ahora el procedimiento se ha desbloqueado con esta resolución y la tramitación del PGOUS sigue en marcha”, ha considera el concejal.

Objetivos y plazos

El proceso para el nuevo PGOU se estructura en varias fases que incluyen diagnóstico, alternativas, evaluación ambiental y propuestas finales. Además, se abrirán canales de participación para que vecinos, colectivos y profesionales puedan expresar sus ideas y propuestas, según el Ayuntamiento.

La primera será el diagnóstico urbanístico (cuatro meses desde el inicio del contrato), que incluirá un análisis integral del territorio y el establecimiento de las bases para la planificación.

Posteriormente, en la segunda fase, se elaborará el borrador del plan y documento Inicial estratégico (seis meses desde la entrega del diagnóstico), que supondrá la formulación preliminar del plan y la evaluación ambiental estratégica inicial.

En la tercera fase, se presentará la documentación para la aprobación inicial (10 meses desde la recepción del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico) y será el momento de incorporar ajustes y la estructura normativa para la aprobación inicial.

La fase 4 supondrá la aprobación inicial y el periodo de información pública -transparencia y participación ciudadana en la revisión del plan- con un plazo de cinco meses desde la aprobación inicial por el Ayuntamiento.

La evaluación ambiental estratégica y la aprobación provisional se enmarcan en la fase 5 para la integración de las modificaciones y la evaluación ambiental definitiva (dos meses desde la finalización de la información pública).

La última fase será la aprobación definitiva, con el plazo de un mes desde la recepción de informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo CROTU, para la validación final y la entrada en vigor del PGOUS.