Sniace retrasa la reapertura de la planta de Viscocel hasta junio de 2017
La primera jornada de movilización de los trabajadores de Sniace después de unos meses de calma tensa ha culminado de la peor forma posible para la plantilla, que ha recibido como un jarro de agua fría las nuevas condiciones que plantea la empresa para la reapertura progresiva de la fábrica de Torrelavega. Y es que la dirección pretende introducir “modificaciones sustanciales” en el acuerdo laboral pactado a finales del año pasado y retrasa los plazos para recuperar la producción en Viscocel hasta el mes de junio de 2017.
Los trabajadores han recibido la noticia en plena concentración de protesta ante las instalaciones de la planta en la capital del Besaya, donde han hecho una primera lectura del documento que les ha remitido la dirección y que plantea reducir a la mitad el salario social para los empleados que no cobran desempleo -estaba previsto que fuera de unos 800 euros y ahora la cifra ronda los 400- y disminuye las pólizas de jubilación previstas inicialmente.
Según señalan desde los sindicatos, desde el punto de vista jurídico pueden desaparecer algunos problemas, porque la empresa ha eliminado de la nueva propuesta las cláusulas suspensivas que eran “más polémicas”, así que el documento es “más limpio” jurídicamente y debería tener menos problemas para ser convalidado por el Tribunal Supremo en la vista que se celebrará el próximo 13 de junio.
Desaparecen las condiciones que dieron tanto que hablar en el pasado, como que tendría que estar hecha la ampliación de capital, la recalificación de los terrenos o las autorizaciones ambientales para aceptar la reversión de los despidos y proceder a la repartura de la fábrica.
Sin embargo, tal y como ha podido confirmar eldiario.es, el problema surge porque ese documento recogía también las condiciones laborales que se pactaron en su día y, en este terreno, hay alguna modificación sustancial, muy importante para el futuro de los trabajadores. La propuesta económica es claramente peor que la pactada el año pasado entre la empresa y los sindicatos en aquel plan laboral que dio pie al acuerdo y a la hoja de ruta que se ha desarrollado en los últimos meses.
Valoración de urgencia
Antonio Pérez Portilla, presidente del comité de empresa y líder sindical de UGT, ha explicado a este periódico que, de momento, solo han hecho una lectura rápida y una valoración de urgencia, a la espera de un pronunciamiento más extenso por parte de sus abogados.
En esa primera valoración, lo que más ha llamado la atención de la plantilla es la modificación de la ayuda de 800 euros que estaba contemplada una vez que se acabara el desempleo y la sentencia del Supremo fuera firme, el conocido como salario social. La empresa plantea ahora una fórmula mucho más compleja -y que le permitiría reducir los costes- que se aleja de la propuesta inicial.
Aunque no se hace de forma explícita, la compañía podría estar valorando aportar una cantidad cercana a los 400 euros por trabajador y dependiendo de sus circunstancias. De hecho, explica en su propuesta que todos aquellos que estén recibiendo una ayuda estatal, como la ayuda familiar o el Plan Prepara, no cobrarían nada, mientras que el resto sí optaría a ese salario social previsto en el acuerdo previo.
“Esta redacción tiene una trampa importante, y es que habla de crear una partida, una bolsa que no cuantifica, para pagar estos gastos. Da a entender que una vez que se agote el dinero, se acabaría la ayuda y nos quedaríamos sin cobrar. Es decir, que ni siquiera garantiza esos 400 euros mientras dure todo el proceso de reapertura”, ha subrayado Portilla en declaraciones a eldiario.es.
Hay algún otro apartado, como el de las pólizas de la jubilación, que también se ve trastocado en la nueva propuesta. “No nos gustan los planteamientos laborales que hace la empresa y vamos a tratar de modificar este borrador en las negociaciones que se abrirán sin tardar mucho”, ha ratificado el presidente del comité de empresa, que tiene previsto reunir a sus compañeros con carácter de urgencia antes de la manifestación que se celebrará mañana a partir de las 19.00 horas desde la planta de Sniace hasta el centro de Torrelavega.
Más de un año y medio de retraso
Las nuevas condiciones afectan gravemente a unos 440 trabajadores, aunque las repercusiones son muy diferentes para cada uno de ellos. Entre los más perjudicados están los cerca de 150 empleados de la planta de Viscocel, que podrían retrasar su reincorporación más de un año y medio si se cumplen los nuevos plazos previstos en esta propuesta.
“Si siguiéramos con el mismo espíritu, diríamos que Celulosa podría abrir en diciembre y, nueve meses después, Viscocel. Nuestra sorpresa es que no figura esa fecha, sino junio del 2017. Eso provoca un retraso aún mayor, cuando se presentó este documento como una fórmula para acortar los tiempos”, ha criticado Portilla.
Por tanto, el objetivo se aleja. La intención del comité de empresa era que la vista en el Tribunal Supremo del próximo día 13 fuera definitiva y todo quedara listo para dar el empujón final a la reapertura. Ahora se antoja difícil que el conflicto laboral en el que llevan inmersos cerca de tres años ponga su punto y final la semana que viene, más aún después de este cambio de actitud por parte de la compañía a unos días de esa importante cita en los tribunales.
