Prado San Roque se moviliza ante una nueva expropiación del Ayuntamiento

Los vecinos de Prado San Roque miran de reojo el caso de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que se resiste a abandonar su casa pese a existir una orden de desalojo como consecuencia de la construcción de un nuevo vial entre la Avenida de Los Castros y la autovía S-20. Creen que pueden vivir su mismo caso en primera persona.

El Ayuntamiento de Santander proyecta la reordenación urbana de esta zona, comprendida entre el funicular del Río de la Pila y el campo de fútbol Uco Alciturri. En este espacio, el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2012, proyecta construir durante el primer cuatrienio un nuevo edificio de 56 viviendas -42 de protección oficial-, así como nuevas áreas verdes y dos zonas para futuros equipamientos. Desde el equipo de Gobierno municipal destacan que con este proyecto se mejorará “notablemente” el entorno.  

Para llevar a cabo esta reforma urbana es necesario demoler varios inmuebles en los que viven cerca de una cuarentena de vecinos. José Luis García es uno de ellos. Recibe a eldiario.es Cantabria minutos antes de celebrar una nueva asamblea vecinal en las Escuelas Verdes. Bajo el brazo lleva una carpeta verde en la que recopila toda la documentación. Recuerda que la casa en la que vive la construyó su suegro, que ahora tiene 92 años. No quiere marcharse de allí. Tampoco el resto de vecinos, que han creado una Plataforma para defender sus intereses.  

Ya han llevado a cabo varias movilizaciones. La última, una marcha por el barrio, organizada junto al colectivo 'Conglomeradas', para denunciar el estado de “abandono” al que han sido sometidos “durante años”. Y tienen previstas más acciones reivindicativas, desde colgar pancartas en sus ventanas para despertar la curiosidad y empatía del resto de santanderinos hasta manifestarse en actos públicos. 

El Ayuntamiento ha reservado para el realojo de estos vecinos 12 de las 60 viviendas de protección oficial que actualmente está construyendo la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Santander a pocos metros de allí, junto al Regimiento. Pero los vecinos insisten en que no quieren abandonar unas casas a las que se sienten sentimentalmente ligados.

Tampoco les cuadran las cuentas. Primero, porque son 15 las familias que tendrían que hacer las maletas frente a las 12 viviendas previstas para el realojo. Y segundo, porque, según sus cálculos, tendrían que hacer frente a un desembolso de unos 70.000 euros, una cantidad que la mayoría de ellos no puede permitirse. “Es una opción ficticia porque no podemos permitirnos ese lujo”, resalta García. 

Según explica este vecino, la mayoría de los afectados son personas mayores, humildes, con pensiones pequeñas, por lo que difícilmente podrían acceder a un crédito para abonar la diferencia entre el valor actual de sus casas y la nueva vivienda que les propone el Ayuntamiento. Al hilo de esto, señala que la VPO en la que tendrían que realojarse es de régimen autonómico, “la más cara”.

A ello añade el incremento de la cuota de la comunidad que tendrían que abonar mensualmente y, en su caso en particular, señala además la pérdida de una huerta que “ahora me da de comer”.

Prado San Roque es una de las áreas del centro de la ciudad que conserva una esencia más rural, donde los pequeños y antiguos inmuebles conviven con los huertos, aunque es una zona “muy golosa” por las “increíbles” vistas que tiene sobre la Bahía de Santander, destacan los propios vecinos.

La unión hace la fuerza 

Poco antes del verano de 2014, José Luis recuerda que desde el Ayuntamiento contactaron con su mujer y otros cinco o seis vecinos más. “Querían negociar uno a uno la expropiación”, relata. A partir de ese momento, y viendo cómo evolucionaba el caso de Amparo Pérez, decidieron agruparse en la Plataforma, con la idea de que la unión hace la fuerza.

Han pasado nueve meses y desde entonces nadie de la Administración ha vuelto a ponerse en contacto con ellos. Al contrario, han sido ellos mismos los que han tocado la puerta del Ayuntamiento. 

“Nos dicen que no nos preocupemos, que no hay nada proyectado. Entonces, ¿por qué nos reservan viviendas de VPO para el realojo?”, se pregunta de forma retórica García. Los vecinos desconfían, y por eso mantendrán la guardia. 

No obstante, reconocen la labor de la concejala de Barrios, Carmen Ruiz, que ha atendido sus reclamaciones “en 24 horas” en cuanto a la limpieza y el mantenimiento de la zona.

Parado hasta las elecciones   

La Sociedad de Vivienda y Suelo ya trabaja en la elaboración del estudio de detalle para llevar a cabo este proyecto de regeneración urbana, un paso tras el que el Ayuntamiento se pondrá en contacto con los propietarios de las parcelas afectadas para valorarlas y adquirirlas. 

La intención del equipo de Gobierno es acompasar el realojo de las personas que tendrán que ser expropiadas con la entrega de llaves en la promoción de 60 VPO que está a punto de finalizar, tal y como explicó el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna, durante una visita a las obras.

No obstante, los vecinos están convencidos de que “no se moverá nada por lo menos hasta que pasen las elecciones”. “No les interesa otro caso como el de Amparo”, esgrime García.