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Una de cada dos solicitudes de Ingreso Mínimo Vital en Cantabria ha sido rechazada y quedan más de 3.100 sin resolver

Una madre pasea junto a sus dos hijas.

Javier Fernández Rubio

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Los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Cantabria están recibiendo un alud de denegaciones después de meses de espera y un goteo de resoluciones por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según han confirmado los sindicatos. Hasta hace unos días, en concreto hasta el 16 de octubre, el INSS inadmitía una de cada dos solicitudes, ya de por sí una proporción elevada, resolviendo los expedientes a un ritmo paulatino que ha hecho que una iniciativa de urgencia del Gobierno de España dictada durante el primer estado de alarma se demore a lo largo del año. Entre los expedientes pendientes de resolución, poco menos de la mitad de las 8.053 presentados en la Comunidad se encontraban pendientes de una respuesta casi medio año después de su anuncio.

Según las cifras oficiales hechas públicas el 16 de octubre por el INSS, de los 8.053 solicitudes presentadas, 1.688 habían sido admitidas y 1.499 rechazadas, prácticamente cifras parejas. Quedaban pendientes de resolver 3.187 solicitudes.

No obstante, el INSS podría haber acelerado en las últimas semanas la resolución de expedientes dictando un alud de inadmisiones que han generado un gran malestar y preocupación, dado que se trata de una iniciativa destinada a apoyar al sector de la población más vulnerable. La irritación y frustración procede de la tardanza en dictar una resolución, tras un arduo complejo de solicitud, y la posterior falta de detalles en los casos de inadmisión, aparte del rechazo a la petición en sí.

Esta falta de justificación de los rechazos marca una singularidad con respecto a resoluciones desestimatorias en otras solicitudes de prestación, donde la resolución suele venir acompañada de las causas de inadmisión, así como la posibilidad de recurso. Este no es el caso del IMV en que los solicitantes rechazados solo reciben ese dato, sin más detalles.

Asunción Villalba, secretaria de Protección Social del sindicato UGT, expresó la preocupación de su organización por el alto número de denegaciones. Pero no es el único motivo de preocupación: para UGT es tanto o más preocupante que la denegación de solicitudes no esté acompañada de una explicación. “Nos preocupa el importante número de denegaciones pero lo que sería interesante es saber cuáles son las causas de denegación de las solicitudes del IMV porque esa información, que sí se nos facilita en otro tipo de prestaciones, por ahora no se nos ha trasladado y sería necesario para evaluar la prestación”, ha valorado Asunción Villalba.

El sindicato no dispone de un servicio específico para ayudar a solicitantes del IMV, aunque sí ha tenido casos de afiliados a los que se ha asesorado para que lo hicieran.

También el sindicato CC OO ha confirmado la existencia de un alud de denegaciones y sus servicios están estudiando la respuesta que pueden ofrecer a los reclamantes.

En España

La catarata de negativas no es exclusiva de Cantabria. También se ha producido en otras comunidades. De hecho, en el conjunto nacional las cifras son más abultadas que en la Comunidad. En el país se llevan denegadas 192.000 solicitudes, muy por debajo de las 136.000 aprobadas. En total, se han aceptado a trámite 975.000 expedientes, por lo que más de la mitad de los mismos aún están pendientes de resolver.

En octubre, el INSS abonó en toda España 158 millones de euros por esta prestación, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes.

El Gobierno de Cantabria no es competente en la asignación de ayudas por IMV. Mantiene su prestación de Renta Social Básica y da de baja en la misma a aquellos que son alta en el Ingreso Mínimo Vital.

Actualmente la renta social básica oscila entre los 430 euros mensuales que cobra un adulto que vive solo hasta los 672 euros que puede ingresar una unidad familiar compuesta por cuatro adultos y un niño. El IMV incrementa estas ayudas: el mínimo se sitúa en 462 euros y el tope máximo en 1.015 euros.

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